M¨¢s de 400 empleados de Enron acusan a los directivos de 'trileros' en una querella
Bush declara que la quiebra de la firma energ¨¦tica es un 'caso empresarial y no pol¨ªtico'
El caso Enron puede desembocar en una extraordinaria mara?a judicial. M¨¢s de 400 empleados y antiguos trabajadores de la compa?¨ªa energ¨¦tica, que el pasado 2 de diciembre cay¨® en la bancarrota m¨¢s voluminosa de todos los tiempos, presentaron ayer una demanda contra los principales directivos en la que se acusaba a ¨¦stos de 'trileros', y en la que se inclu¨ªa tambi¨¦n a Arthur Andersen como firma auditora. Un grupo de accionistas ya demand¨® anteriormente a 29 ejecutivos de Enron y otras causas se encuentran en preparaci¨®n.
En el horizonte inmediato se dibuja otro tipo de conflicto jur¨ªdico a causa de Enron, con grandes repercusiones pol¨ªticas: parece inevitable que una oficina del Congreso lleve a los tribunales a la Administraci¨®n dirigida por George W. Bush, para obligarla a revelar sus tratos con la compa?¨ªa de Houston (Tejas).
La demanda presentada ayer ante un juez de Houston exig¨ªa indemnizaciones por las p¨¦rdidas que sufrieron los empleados y ex empleados al invertir sus futuras pensiones de jubilaci¨®n, dentro del sistema semiprivado denominado 401 (k), en acciones de Enron. El argumento central de la demanda consiste en que los directivos animaron a los trabajadores a invertir sus ahorros en la empresa a sabiendas de que las cuentas estaban falseadas y de que Enron se encaminaba al desastre.
Uno de los abogados de los trabajadores, Randy McClanahan, acus¨® a los directivos de haber actuado como 'trileros sofisticados', induciendo a la plantilla a comprar acciones para que subieran de valor y ellos pudieran venderlas a buen precio antes del desastre. En la demanda se citaba como responsables a los ex presidentes ejecutivos Kenneth Lay y Jeffrey Skilling, al ex director financiero Andrew Fastow, a la sociedad auditora Arthur Andersen y a la firma Northern Trust, gestora de los planes de pensiones. Un grupo de accionistas, en el que se encontraban tambi¨¦n empleados, ya present¨® anteriormente una querella por fraude contra 29 directivos y ex directivos de Enron.
Pensiones reducidas
La mayor¨ªa de los empleados de Enron vieron sus pensiones de jubilaci¨®n reducidas a casi nada al caer el precio de las acciones desde casi 90 d¨®lares a unos pocos centavos. Esas pensiones podr¨ªan quedar en cero absoluto si, como temen numerosos analistas, Enron no lograra superar la situaci¨®n de bancarrota y sus acciones se convirtieran en papel inservible. Los gestores judiciales de la compa?¨ªa intentaban ayer convencer a Stephen Cooper, un especialista en salvar empresas en situaci¨®n cr¨ªtica, para que aceptara la presidencia ejecutiva en sustituci¨®n del dimitido Kenneth Lay.
M¨¢s all¨¢ del colapso y del posible fraude cometido por directivos y auditores, la sombra de Enron sigue proyect¨¢ndose sobre la Casa Blanca. George W. Bush, amigo personal del antiguo presidente de Enron y beneficiario de generosas ayudas financieras de la empresa en sus campa?as electorales, insisti¨® en que se trataba de 'un caso empresarial, no pol¨ªtico'.
El tinte pol¨ªtico ya era, sin embargo, innegable dada la amenaza formulada por la Oficina de Contabilidad General, el principal instrumento investigador del Congreso, de querellarse contra la Administraci¨®n si ¨¦sta no entregaba los documentos y minutas de sus relaciones con Enron.
La empresa de Houston, la mayor del mundo en el sector de la energ¨ªa hasta hace s¨®lo unos meses, particip¨® activamente en la elaboraci¨®n del plan energ¨¦tico nacional coordinado por el vicepresidente Dick Cheney y presentado al Congreso en la primavera pasada. La Oficina de Contabilidad quiere saber si hubo trato de favor para Enron, ya que el contenido final del plan energ¨¦tico se ajustaba casi al detalle a las propuestas de la empresa.
Cheney, respaldado ayer mismo por el presidente Bush, argumenta que si hiciera p¨²blicas las conversaciones que mantuvo con los directivos de Enron, nadie podr¨ªa hablar con libertad dentro de la Casa Blanca y se niega a ceder ante el Congreso.
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