Cano Bueso: "En el Estatuto hay silencios clamorosos"

El pasado mes de enero el granadino Juan Cano Bueso sustituy¨® a Elisa P¨¦rez Vera como presidente del Consejo Consultivo, el ¨®rgano asesor en materia jur¨ªdica de la Junta de Andaluc¨ªa. Cano, especialista en Derecho Parlamentario, fue letrado mayor y secretario del Parlamento andaluz en las tres primeras legislaturas auton¨®micas.

Pregunta. El Consejo Consultivo, pese a ser un ¨®rgano asesor de la Administraci¨®n, ?ha demostrado la trascendencia social de sus decisiones?

Respuesta. La funci¨®n nuestra es asesorar al Consejo de Gobierno, a las consejer¨ªas, a las corporaciones locales y a las empresas p¨²blicas. Pero en muchos casos est¨¢n directamente en juego los intereses de los ciudadanos. En ese sentido, el consejo tiene encomendada tambi¨¦n una tarea protectora de los administrados. Basta pensar en las responsabilidades patrimoniales de la Administraci¨®n. Los ciudadanos encuentran en el consejo muchas veces la ratificaci¨®n de sus demandas y la valoraci¨®n del da?o causado.

'No podemos evitar que nuestros dict¨¢menes sean usados por las fuerzas pol¨ªticas'

'Al margen de los partidos no se concibe la vida institucional'

'Los poderes centrales interpretan la Constituci¨®n a favor de sus ¨®rganos'

P. ?Ha variado la actitud de las administraciones respecto al consejo en los ocho a?os transcurridos desde su creaci¨®n?

R. Mientras que el Consejo de Estado, entre 1987 y 1993 dictamin¨® 159 asuntos, en el Consejo Consultivo, entre 1994 a 2001, ha dictaminado 1.218. Esto significa que el ¨®rgano no es balad¨ª. Tanto los proyectos de decretos leyes, de disposiciones generales o actos singulares presentados a dictamen han encontrado en el consejo la construcci¨®n de una s¨®lida doctrina pol¨ªtica que ha servido a la Administraci¨®n como gu¨ªa para resolver. El consejo, y la doctrina que ha elaborado, han alumbrado la actuaci¨®n administrativa.

P. ?C¨®mo ha sido el acercamiento de los municipios al Consejo Consultivo?

R. Lento. En un primer momento parec¨ªa que ¨¦sta era una instancia de asesoramiento exclusivo del Consejo de Gobierno. Progresivamente, gracias a una tarea de divulgaci¨®n, estamos conociendo m¨¢s asuntos de las corporaciones locales, en particular en lo que se refiere a reclamaciones contra los ayuntamientos y las garant¨ªas de las zonas verdes en las zonas especiales.

P. ?C¨®mo ha sido la reacci¨®n de los ayuntamientos a los informes del consejo? ?Los han acatado?

R. No han sido reticentes ni han puesto obst¨¢culos a las reclamaciones. Cuando el ciudadano tiene raz¨®n, de entrada, lo reconocen, lo que facilita la labor del consejo.

P. El trabajo del consejo ?contin¨²a creciendo al ritmo de a?os anteriores?

R. Este a?o, por ejemplo, vamos a tener en torno a 300 expedientes, un centenar m¨¢s que en 2001. En 1994 empezamos con 49 dict¨¢menes y ha habido un crecimiento notable de un a?o a otro. Nos manejamos con una plantilla extraordinariamente corta. Contamos con personal muy cualificado y laborioso, pero es evidente que debemos aumentar la plantilla y, en alg¨²n momento, cambiar de sede, que se ha quedado insuficiente.

P. En casos como el del dictamen de la Ley de Cajas el consejo se convirti¨® en una especie de ¨¢rbitro de un conflicto pol¨ªtico. ?Puede ser ese tambi¨¦n su papel?

R. El consejo tiene autonom¨ªa org¨¢nica y no puede recibir ning¨²n tipo de instrucciones de los ¨®rganos a los que asesora. Sus miembros son ideol¨®gicamente plurales. Esto hace que, aunque trabajemos con decisiones pol¨ªticas revestidas de normatividad, nos circunscribamos al ¨¢mbito t¨¦cnico, a la adecuaci¨®n con el ordenamiento pol¨ªtico. Huimos de las cuestiones de oportunidad pol¨ªtica. Dicho esto, no podremos evitar que nuestros dict¨¢menes sean usados por las fuerzas pol¨ªticas porque es algo que se sustrae a nuestra din¨¢mica. Actuamos con rigor jur¨ªdico pero con la constancia de que no existe una separaci¨®n entre derecho y pol¨ªtica, que el derecho es una decisi¨®n pol¨ªtica con la apariencia de norma. Pero a partir de ah¨ª la decisi¨®n es de quien la ha elaborado.

P. Como especialista en Derecho Parlamentario ?qu¨¦ opina de una eventual reforma del Estatuto de Autonom¨ªa?

R. El Estatuto tiene 20 a?os y en ese tiempo no s¨®lo se ha modificado la estructura jur¨ªdico-pol¨ªtica espa?ola sino la europea. Hay en el Estatuto silencios clamorosos sobre instituciones, como este mismo consejo. Hay una ausencia de elementos de cooperaci¨®n interinstitucional. En el sistema de fuentes del derecho hay una cierta ausencia de figuras que podr¨ªan contribuir a una mayor agilidad de las respuestas por parte del Gobierno. En definitiva, hay una ausencia palmaria de la apertura del ordenamiento andaluz al europeo, pese a que en Bruselas se toman decisiones que afectan a nuestra agricultura y a nuestra pesca.

P. Es decir, que piensa que s¨ª habr¨ªa que cambiar el Estatuto.

R. No me corresponde a m¨ª hacer esa valoraci¨®n, pero s¨ª es una constataci¨®n evidente que 20 a?os es mucho tiempo y que el Estatuto admite una reforma que no se puede llevar adelante sin un grand¨ªsimo consenso.

P. Lo que parece que hay es mucho temor a que un peque?o cambio lleve a otros de mayor envergadura.

R. Habr¨ªa que ponerse de acuerdo en qu¨¦ se quiere modificar y para qu¨¦ fines. La Constituci¨®n se ha sacralizado a causa de nuestra inestabilidad constitucional del siglo XIX y de la dictadura. Hay un temor reverencial a la reforma constitucional. Tambi¨¦n se duda de la lealtad de alguna fuerza pol¨ªtica y que, abierta la reforma, se puedan poner en la mesa cuestiones que afectan a la integridad del Estado. Esto no tendr¨ªa que ocurrir en Andaluc¨ªa porque las fuerzas parlamentarias que tradicionalmente han existido han probado sobradamente que son fuerzas constitucionales. Por tanto, la mejora del Estatuto es algo que cualquier partido puede defender. No hay razones para temer un cambio del Estatuto si previamente se pacta.

P. ?Cu¨¢les son los asuntos m¨¢s demandados al consejo?

R. Los que ya he citado como los anteproyectos de ley del Consejo de Gobierno, pero tambi¨¦n los recursos de inconstitucionalidad y de conflictos de competencias que han aumentado desde que existe contraposici¨®n ideol¨®gica entre el Gobierno de la naci¨®n y el de la Junta y una serie de actos singulares como las reclamaciones patrimoniales de la Administraci¨®n y las reclamaciones en las zonas verdes.

P. ?Tanto han ampliado las diferencias ideol¨®gicas los conflictos de competencias?

R. Es una din¨¢mica l¨®gica, porque desde los poderes centrales se tiende a hacer una interpretaci¨®n de la Constituci¨®n a favor de los ¨®rganos centrales. Sin embargo, las comunidades tienen que defender sus competencias. Cuando esta dial¨¦ctica se produce en el marco de un mismo partido los conflictos se solucionan en la v¨ªa interna, pero cuando son diferentes los conflictos se sustancian en el Tribunal Constitucional.

P. ?Se abusa del recurso al Constitucional?

R. No, yo creo que el Constitucional est¨¢ para dirimir este tipo de conflictos. Si el Constitucional consiguiera el esfuerzo de dictar sentencias con mucho menos retraso que en estos momentos ayudar¨ªa mucho al buen funcionamiento estatal. La jurisprudencia del Constitucional ha puesto orden en el funcionamiento del Estado auton¨®mico.

P. Hay muchos huecos en el Estado de las Autonom¨ªas.

R. Evidentemente. El Estado de las Autonom¨ªas est¨¢ desconstitucionalizado y se ha construido a golpe de aprobaci¨®n de estatutos, sentencias del Constitucional y legislaci¨®n delimitadora de competencias. Se ha construido d¨ªa a d¨ªa. Hay que mejorar los mecanismos de cooperaci¨®n dentro del terreno jur¨ªdico, y en el pol¨ªtico una concienciaci¨®n generalizada de que un Estado muy descentralizado necesita de una lealtad federal de sus instancias, algo que tienen muy claro los alemanes.

P. ?A qu¨¦ se refiere por voluntad federal?

R. La lealtad federal no significa que cada instancia defienda su fuero pol¨ªtico, sino que esa defensa se produzca desde la conciencia de que tanto la Administraci¨®n central como las autonom¨ªas y las corporaciones locales son Estado. Son necesarias la negociaci¨®n y la colaboraci¨®n y, por encima de todo, la conciencia federal.