Gobierno y oposici¨®n trabajan en secreto para evitar una grave crisis de la justicia

El pasado jueves, la comisi¨®n de seguimiento del Pacto por la Justicia se reuni¨® en el Congreso de los Diputados bajo la amenaza de una ruptura de las conversaciones para alcanzar el citado acuerdo, con el que se pretende consensuar un paquete de reformas legislativas. Despu¨¦s de cuatro horas de discusi¨®n, los pol¨ªticos ofrecieron p¨²blicamente una apariencia de que el Pacto sal¨ªa reforzado y segu¨ªa vigente.

Eso s¨ª, ni el PSOE ni los dem¨¢s partidos de la oposici¨®n se privaron de advertir en p¨²blico al Consejo General del Poder Judicial que no pod¨ªa funcionar en el futuro ajeno a la legitimidad parlamentaria con que naci¨®, fruto del citado pacto. Este Consejo fue refrendado hace cuatro meses con el 98% de los votos del Parlamento.

No hay acuerdo sobre los culpables del conflicto, pero s¨ª sobre gravedad de la actual situaci¨®n

Los socialistas reclaman p¨²blicamente un gesto del Consejo del Poder Judicial para zanjar la pol¨¦mica

Pero esa unanimidad de origen se ha roto. El sector minoritario y progresista del Consejo del Poder Judicial y la oposici¨®n pol¨ªtica culpan a la mayor¨ªa conservadora del Poder Judicial de echar por tierra el esp¨ªritu de consenso del pacto debido a la 'imposici¨®n sectaria' de los nombramientos para cubrir distintas vacantes en los m¨¢ximos ¨®rganos judiciales. La espoleta final lleg¨® cuando el sector mayoritario cop¨® con magistrados conservadores cuatro puestos en el Tribunal Supremo.

El ministro de Justicia, ?ngel Acebes, convers¨® en privado sobre este asunto con el secretario del ?rea de Libertades P¨²blicas de la Ejecutiva Federal del partido socialista, Juan Fernando L¨®pez Aguilar. El secretario de Estado de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, y el subsecretario de ese departamento, Ignacio Astarloa, han mantenido charlas reservadas sobre este problema con el propio L¨®pez Aguilar y Javier Barrero, el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados.

Se han entendido las razones de ambas partes pero no se lleg¨® a un punto com¨²n. Sobre todo, seg¨²n el Gobierno, por las formas para salir de este atolladero que propon¨ªan los socialistas. Tampoco hay acuerdo sobre los culpables del conflicto, aunque s¨ª sobre la gravedad de la actual situaci¨®n.

Tanto para el Gobierno como para el Partido Socialista, un pacto tan importante como el de la Justicia no puede depender de un nombramiento m¨¢s o menos afortunado o pol¨ªticamente revanchista. El PSOE ha reclamado al Gobierno formar una delegaci¨®n conjunta que transmitiese esa queja al Poder Judicial. El Ministerio de Justicia se ha negado y considera un error b¨¢sico de concepci¨®n del Estado una entrevista de esa naturaleza entre representantes de poderes independientes.

El Gobierno no comparte ni respalda el deseo del secretario general del PSOE, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, de entrevistarse con el presidente del Consejo, Francisco Hernando. El ministro se ha negado a esa demanda del PSOE, y rechaza mandar al Poder Judicial ninguna recomendaci¨®n que pueda entenderse como injerencia o tutela por parte del Ejecutivo.

El Gobierno preferir¨ªa una salida m¨¢s discreta, que consistir¨ªa en que los dos sectores judiciales que chocan en el Consejo se reunieran y solventasen sus diferencias para regenerar un clima de lealtad que les permitiera funcionar el resto de su mandato sin tantos enfrentamientos p¨²blicos. Sobre los nombramientos conservadores de ahora, se apunta que siempre habr¨¢ vacantes en el futuro para compensar al sector progresista.

El Gabinete de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar est¨¢ 'preocupado' y alerta ante la crisis del Consejo, pero no culpa ¨²nicamente a la mayor¨ªa conservadora. Dirigentes gubernamentales apuntan que el sector progresista hace tiempo que amenazaba con broncas e incluso con usar su relaci¨®n con el PSOE para poner al borde de la ruptura el pacto antes del ¨²ltimo congreso del Partido Popular, celebrado a finales del pasado mes de enero. Y se se?ala que antes de copar los conservadores las cuatro vacantes del Tribunal Supremo, los vocales progresistas exigieron para la magistrada Margarita Robles, ex diputada del partido socialista y ex secretaria de Estado de Interior, una sala que trata asuntos relacionados con aforados y con terroristas.

Ayer, Juan Fernando L¨®pez Aguilar volvi¨® a terciar en la pol¨¦mica desde Las Palmas de Gran Canaria, al reclamar al CGPJ mayor respeto a la pluralidad pol¨ªtica de sus miembros y a las minor¨ªas que lo integran. 'Lo que no puede ser', sentenci¨® el diputado canario, 'es que en el Poder Judicial se instaure desde el primer momento de su funcionamiento una mec¨¢nica del rodillo, de mayor¨ªa que no negocia, no dialoga y no permite ninguna participaci¨®n' al resto de tendencias pol¨ªticas. A su juicio, es 'absurdo' que mientras el Gobierno y la oposici¨®n negocian en el Congreso de los Diputados para alcanzar un consenso en el Pacto por la Justicia 'en el CGPJ se est¨¦ dando la imagen de sectarismo, divisi¨®n y confrontaci¨®n que no se da en el Parlamento'.