Fraga replica a Aznar

Ha sido necesario que alguien como Manuel Fraga se atreva a defender la conveniencia de modificar la composici¨®n y funciones del Senado, aunque ello exija una reforma parcial de la Constituci¨®n, para que esa hip¨®tesis sea tomada en serio por los que siempre est¨¢n de acuerdo con Aznar. El presidente, un hombre que nunca duda, ya hab¨ªa mostrado su oposici¨®n a esas reformas y ahora la ha reiterado frente al fundador de su partido. Lo considera 'inoportuno', por una parte, y 'un riesgo innecesario', por otra.

Antes de gobernar lo consideraba conveniente, y argumentaba (en 1994) que 'es mejor asumir el riesgo de no acertar que permanecer anclado en la perplejidad, reconociendo la existencia de un problema y resisti¨¦ndose a afrontarlo'. Escrib¨ªa entonces que 'la culminaci¨®n del proceso auton¨®mico obliga necesariamente a mejorar la integraci¨®n pol¨ªtica del Estado mediante la reforma del Senado'. Desde el poder se ven las cosas de forma diferente. Para quien gobierna, un Senado territorial tal vez supondr¨ªa un exigente contrapoder, mientras que el modelo actual resulta c¨®modo porque tiende a reproducir la mayor¨ªa del Congreso. Ese car¨¢cter redundante (misma mayor¨ªa) hace dudosa la utilidad pol¨ªtica de la segunda C¨¢mara.

Al mismo tiempo, el dise?o del Estado auton¨®mico no estableci¨® mecanismos de articulaci¨®n entre las comunidades y de ¨¦stas con el poder central, entre otras cosas porque en 1978 era una inc¨®gnita el propio mapa de las autonom¨ªas. Es l¨®gico, por tanto, que hayan surgido propuestas para sustituir el poco ¨²til Senado actual por otro que cubra ese vac¨ªo del dise?o auton¨®mico. El asunto se plante¨® abiertamente tras el acuerdo de 1992 que extend¨ªa las mismas competencias b¨¢sicas a todas las autonom¨ªas. Pero el Gobierno socialista fue reticente a dar pasos en esa direcci¨®n, porque una reforma de cierta entidad requer¨ªa cambios en la Constituci¨®n y 'abrir el mel¨®n constitucional' (expresi¨®n entonces en boga) pod¨ªa provocar una carrera de todos los partidos por cambiar algo, rompiendo el consenso amplio de 1978, y porque los nacionalistas, en nombre de cuya integraci¨®n se hab¨ªa construido el invento, eran reticentes a una reforma que identificaban con la disoluci¨®n de su singularidad en un Senado demasiado uniformista.

El primer argumento se ha ido diluyendo: una cosa es evitar las tensiones de un reformismo desenfrenado y otra, que no sea posible un consenso para retocar algunos art¨ªculos. Respecto a los nacionalistas, no estar¨ªa de m¨¢s plantear la cuesti¨®n en estos t¨¦rminos: hay que procurar que el sistema auton¨®mico funcione de la manera m¨¢s coherente posible, evitando disfuncionalidades, porque cuanto mejor funcione, mayor ser¨¢ su capacidad integradora de los nacionalismos, con independencia de las quejas coyunturales de sus dirigentes.

Recientemente, se han puesto de manifiesto dos de esas deficiencias del modelo: la falta de mecanismos para garantizar la presencia de las minor¨ªas territoriales en las instituciones del Estado (Tribunal Constitucional y de Cuentas; Consejo General del Poder Judicial) y en las instituciones europeas cuando tratan asuntos que son competencia de las comunidades. Las dificultades para encontrar acuerdos entre los partidos sobre ambas cuestiones (la segunda, en particular) subrayan la conveniencia de contar con un foro de representaci¨®n de las comunidades en el que, con arreglo a unos mecanismos reglados, se garantice su participaci¨®n en esas instituciones para hacer valer sus intereses en la conformaci¨®n de la voluntad nacional. Un Senado que act¨²e como c¨¢mara de representaci¨®n de las comunidades permitir¨ªa armonizar intereses como los revelados por el Plan Hidrol¨®gico y encauzar conflictos entre comunidades como el de las Hoces del Cabriel; tambi¨¦n, favorecer convenios intercomunitarios, algo ins¨®litamente raro en la experiencia reciente.

Se trata, por otra parte, de algunos de los objetivos que aborda el informe sobre cooperaci¨®n auton¨®mica que hoy presenta ante el Senado el ministro de Administraciones P¨²blicas. Son tambi¨¦n objetivos planteados por el PSOE en su reciente documento sobre impulso auton¨®mico. Es evidente que cualquier reforma que se pretenda requiere el consenso, como m¨ªnimo, entre ambos partidos. Ser¨ªa absurdo considerar una cuesti¨®n de principio, que impide el acuerdo, la posici¨®n ante la reforma constitucional. Y m¨¢s ahora que hasta Fraga est¨¢ de acuerdo con el Aznar de la oposici¨®n (y con Rodr¨ªguez Zapatero) en considerar 'injustificado' el temor a una iniciativa de ese tipo. A los 24 a?os de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, un cambio controlado de tres de sus art¨ªculos es menos desestabilizador que el empe?o en considerar anticonstitucionalistas a quienes lo proponen.