Familias de la tercera v¨ªa

Ana Ruth Arias y Alejandro Zarzo forman una pareja de hecho qu¨ªmicamente pura. Viven juntos desde 1987, sin papeles por medio, por la que creen la mejor de las razones: porque s¨ª. Y ni siquiera tener dos hijas, hoy de nueve y seis a?os, les hace cambiar de opini¨®n. Seguir¨¢n sin regularizar su relaci¨®n ante ning¨²n registro (mucho menos ante un cura), no ya por rechazo ideol¨®gico, sino porque no ven la necesidad. Si alguna vez hallan un beneficio para su familia, tal vez se planteen casarse por lo civil. La v¨ªa intermedia, inscribirse en un registro de parejas de hecho (y convertirse as¨ª en pareja de derecho), les parece absurda. S¨®lo la entienden para el caso de los homosexuales, a los que la ley impide casarse.

A falta de una ley nacional de parejas de hecho, diversas comunidades aut¨®nomas han comenzado a legislar por su cuenta, sin que exista siquiera unanimidad en la terminolog¨ªa

La regulaci¨®n de las parejas de hecho supone cierta discriminaci¨®n para los matrimonios en el caso de ruptura. Para los primeros basta con que se den de baja

S¨®lo la ley navarra permite la adopci¨®n a parejas homosexuales, lo que ha llevado al Gobierno a plantear recurso ante el Tribunal Constitucional

Beatriz y Boty definen su vida como 'perfectamente rutinaria, incluso vulgar, reglada por los ritos cotidianos, como la de cualquier familia convencional'

Carmelo y Anna se inscribieron en el registro de parejas de hecho de Madrid 'por la conveniencia de apoyar legalmente la decisi¨®n de vivir juntos'

Precisamente han sido las organizaciones de gays y lesbianas las que, de forma paralela a la multiplicaci¨®n de salidas del armario, han planteado la necesidad de regular las parejas de hecho, ya sean hetero u homosexuales, como primer paso hacia el pleno reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, con los mismos derechos y deberes que el tradicional.

A¨²n m¨¢s, han conseguido elevar la cuesti¨®n al primer plano del debate pol¨ªtico. Gobierno y oposici¨®n se han tirado m¨¢s de una vez los trastos a la cabeza en el Parlamento. Con gran probabilidad volver¨¢n a hacerlo en el actual periodo de sesiones, con proyectos que ¨²nicamente abonar¨¢n el terreno para la siguiente batalla. La guerra s¨®lo terminar¨¢ cuando Juani y Pepa, o Enrique y Alberto, puedan ir al registro civil, como desde el a?o pasado hacen ya miles de holandesas y holandeses, y salir a la calle, entre una lluvia de arroz, como reci¨¦n casados.

Entre tanto, y a falta de una ley nacional, diversas comunidades aut¨®nomas han comenzado a legislar por su cuenta, sin que exista siquiera unanimidad en la terminolog¨ªa. La pionera fue Catalu?a, en julio de 1998. Regulaba las 'uniones estables de parejas', sin necesidad de que ¨¦stas se inscribieran en un registro. Le sigui¨® Arag¨®n, en marzo de 1999, con una ley sobre 'parejas estables no casadas' que exig¨ªa a quien quisiera acogerse a ella que acudiese al registro de la Diputaci¨®n General. En julio de 2000 lleg¨® Navarra, con su ley foral 'para la igualdad jur¨ªdica de las parejas estables', que no exige acudir a un registro.

En abril de 2001 le toc¨® el turno a la Comunidad Valenciana (la primera del PP), con la ley foral 'por la que se regulan las uniones de hecho'. S¨®lo se aplica a quien se inscriba en un registro especial, creado a?os antes, cuando los socialistas estaban en el poder. El mismo caso que en Madrid, cuya Asamblea aprob¨® el pasado diciembre su propia 'ley de uniones de hecho'. Ese mismo mes, el Parlament balear votaba la 'ley de parejas estables'. Tambi¨¦n obliga a registrarse.

Lista de espera

En lista de espera se encuentran ya Asturias, Andaluc¨ªa y el Pa¨ªs Vasco. Pronto ser¨¢n clara mayor¨ªa las comunidades con legislaciones propias sobre parejas de hecho, con independencia en ocasiones de la voluntad de sus integrantes de serlo o no serlo. Para completar el panorama, centenares, si no miles, de ayuntamientos han creado sus propios registros locales, sin relaci¨®n con las leyes auton¨®micas.

Las regiones legislan mucho o poco, seg¨²n los casos, y establecen requisitos diferentes. Por ejemplo, sobre el r¨¦gimen sucesorio y fiscal. Normalmente se concede a las parejas de hecho los mismos beneficios que a los matrimonios en lo que se refiere a la funci¨®n p¨²blica regional. Comunidades hist¨®ricas con fueros especiales (como Navarra o Catalu?a) tienen m¨¢s margen de maniobra para legislar sobre la familia.

En Catalu?a hay cap¨ªtulos separados para las 'parejas estables no casadas' homosexuales y heterosexuales. Ambas se legalizan cuando existe 'convivencia marital' por un periodo de al menos dos a?os, por encima incluso de la voluntad de sus integrantes, y tienen importantes consecuencias legales. Por ejemplo, en los casos de sucesi¨®n sin testamento, el c¨®nyuge superviviente es heredero forzoso, pero s¨®lo en parejas homosexuales. Una peculiaridad que pasma a Luis Zarraluqui, presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Abogados de Familia.

A veces se regula la adopci¨®n, a veces no, y cuando es que s¨ª, se reserva ese derecho a las parejas heterosexuales. Excepto en la ley navarra, que tambi¨¦n lo permite a las homosexuales, lo que ha llevado al Gobierno a plantear recurso ante el Tribunal Constitucional.En la pr¨¢ctica, las barreras legales se saltan muy f¨¢cilmente. 'Se nos impide adoptar como parejas, pero no como solteros', afirma Beatriz Gimeno, secretaria general de la Federaci¨®n Estatal de Lesbianas y Gays. 'Adem¨¢s, la legislaci¨®n espa?ola sobre reproducci¨®n asistida es la m¨¢s liberal del mundo, lo que ha provocado un aut¨¦ntico baby boom l¨¦sbico. Cualquier mujer puede ir a una cl¨ªnica especializada y pedir que la inseminen. Nadie le va a preguntar si es lesbiana. Basta con pagar, en torno a los 178 euros por intento'.

Los juristas ven con estupefacci¨®n la ristra de leyes auton¨®micas. Zarraluqui indica que puede darse el caso de un litigio entre los integrantes de una pareja de hecho en el que se puedan aplicar hasta cuatro leyes auton¨®micas. 'Basta', dice, 'con que uno sea vecino civil de Catalu?a, pero con residencia en Navarra, y que su pareja tenga vecindad civil aragonesa y est¨¦ empadronado en Valencia'. Los problemas, a?ade, se dan, por supuesto, en caso de disoluci¨®n, 'ya sea por ruptura o por muerte', porque 'mientras todo va bien, a nadie le importa qu¨¦ ley se le pueda aplicar'.

En su opini¨®n, 'debe haber un criterio claro, que no dependa de lo que decida el juez de turno'. Lo peor de este marasmo legislativo, a?ade, es la 'inseguridad jur¨ªdica' que provoca. Y tambi¨¦n que, con el prop¨®sito de favorecer formas de vida diferentes a la del matrimonio, se vaya contra la voluntad y libertad de los ciudadanos. Para evitar conflictos, opina, lo m¨¢s razonable ser¨ªa 'convalidar y dar eficacia a los pactos. Que una pareja decida, y as¨ª lo registre, que los gastos comunes se pagan de una determinada manera, la posibilidad de una pensi¨®n en caso de separaci¨®n, que se estipule sobre el derecho a permanecer o no en el domicilio com¨²n. Pero sin imposiciones. Si hay personas que se quieren unir sin ninguna atadura, ?por qu¨¦ imped¨ªrselo?'.

Como Zarraluqui, Mar¨ªa Teresa Bendito, profesora titular de Derecho Civil en la UNED y directora de un curso de ense?anza abierta sobre Parejas de Hecho en el Derecho Espa?ol, resalta que puede darse la paradoja de que haya 17 leyes auton¨®micas sin una ley general, y sin una norma de conflictos o una ley armonizadora para determinar qu¨¦ legislaci¨®n auton¨®mica se aplica cuando la vecindad civil de los miembros de la pareja sea diferente. 'Esa necesidad', precisa, 'se la plante¨¦ a los partidos en un programa de televisi¨®n de la UNED, pero ninguno se moj¨®, como si a¨²n no estuviera la situaci¨®n pol¨ªticamente madura'.

Bendito hace notar que, tras las ¨²ltimas leyes auton¨®micas, quiz¨¢ ya no se puede decir que una pareja de hecho es sustancialmente diferente de un matrimonio. Adem¨¢s de la afectio maritalis, de la convivencia de forma p¨²blica, notoria, estable y permanente, se exige la inscripci¨®n en un registro. Tanto si son homosexuales como heterosexuales, ya no se trata de parejas de hecho, sino de derecho. 'Se va primando el principio de seguridad jur¨ªdica', asegura, 'pero se roza lo que supone la inscripci¨®n de un matrimonio en el registro civil. Existe el peligro de que terminemos llamando de forma diferente a cosas que son iguales'.

Fidelidad

Pedro Zerolo, abogado y presidente de la Federaci¨®n Estatal de Lesbianas y Gays, apunta diferencias. 'Por ejemplo', se?ala, 'si te casas asumes el deber de la fidelidad, y la falta de ¨¦sta puede alegarse como causa de divorcio, lo que no ocurre en las parejas de hecho'. Mar¨ªa Teresa Bendito pone el acento en que la regulaci¨®n de las parejas de hecho supone, parad¨®jicamente, cierta discriminaci¨®n para los matrimonios: 'Como a la hora de la ruptura. Para disolver un matrimonio tienes que ir a un abogado, alegar una causa, seguir un procedimiento, gastar dinero, esperar un a?o para iniciar la primera demanda de separaci¨®n y luego seguir hasta el divorcio. En las parejas de hecho, la relaci¨®n se deshace muy f¨¢cilmente. Los inscritos, basta con que se den de baja'.

Seg¨²n Zerolo, al final de este largo camino, abierto por la reivindicaci¨®n de igualdad convertida en estandarte de batalla por ¨¦l y muchos como ¨¦l, habr¨¢ tres tipos de uniones: la matrimonial (tanto de heterosexuales como de homosexuales), la libre y la de hecho, regulada por leyes estatales y auton¨®micas. No es que estas ¨²ltimas le entusiasmen, pero reconoce que 'pol¨ªticamente han servido y siguen sirviendo, y han contribuido a cambiar la mentalidad de la sociedad'. La discriminaci¨®n de los homosexuales persiste, a?ade, pero 'en pocos a?os hemos pasado de que se considerase tener un vecino gay como una desgracia a que sea pol¨ªticamente incorrecto meterse con nosotros'.La ley madrile?a exige la inscripci¨®n en el registro auton¨®mico de uniones de hecho para que pueda ser aplicada. Algo que trae sin cuidado a Ana y Alejandro, que no le dan muchas vueltas al tema, aunque comenten medio en broma: 'A ver si nos hacen una buena oferta'. Para que les merezca la pena casarse, se entiende. Ana, experta en inform¨¢tica, de 43 a?os, que trabaja en una empresa privada, y Alejandro, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, de 42, no se sienten presionados para que su relaci¨®n alcance reconocimiento legal. Alejandro, adem¨¢s, muestra una alergia notable a permitir que un juez o un cura le diga si est¨¢ casado o no. Con un cuarto de siglo de democracia y 20 a?os de ley de divorcio por detr¨¢s, su opci¨®n familiar apenas si constituye ya desaf¨ªo social alguno. Tampoco fue traum¨¢tico hace 14 a?os, cuando decidieron irse a vivir juntos, aunque Ana reconoce que en su Le¨®n natal, y en su ambiente familiar conservador, no habr¨ªa sido tan sencillo.

Las ni?as han asumido con automatismo que sus padres no est¨¢n casados. Nada llamativo cuando en su misma clase hay hijos de divorciados. La mayor pregunt¨® un d¨ªa, su madre se lo explic¨®, ella dijo '?ah!' y cambi¨® de tema.

Nadie pone en duda que son una familia, una condici¨®n que, por si hiciese falta, marc¨® la compra pro indiviso de un piso, lo que supone que ninguno de ellos puede vender su parte sin consentimiento del otro. A quien s¨ª que se les discute, ?y c¨®mo!, es a Miguel ?ngel Fern¨¢ndez y Tony Poveda, ambos de 33 a?os, residentes en Valencia, gerente el primero de la Coordinadora de Lucha contra el Sida de la Comunidad Valenciana, trabajador el segundo en la factor¨ªa de la Ford en Almusafes. Gays, por supuesto. Y a mucha honra. Tanto, que quieren formalizar su relaci¨®n. Y no ya inscribi¨¦ndose en el registro auton¨®mico de parejas de hecho, sino mediante un matrimonio civil. Lo del can¨®nico ni se lo plantean. Ah¨ª topar¨ªan con la Iglesia, como ahora topan con el Gobierno del Partido Popular. No desesperan de que esta ¨²ltima barrera termine por caer, aunque dudan de que vaya a ocurrir mientras la derecha conserve su mayor¨ªa absoluta en el Parlamento.

Frente a la discriminaci¨®n

'Hace falta mucha autoestima, mucha bravura y temperamento, mucho orgullo gay para hacer frente a la discriminaci¨®n', asegura Miguel ?ngel, que se?ala que ¨¦l y su pareja, que llevan 13 a?os viviendo juntos, se impusieron el deber de no mostrarse nunca d¨¦biles o como si tuvieran algo que ocultar. Antes al contrario, no tienen reparo en caminar de la mano por la calle o en besarse en p¨²blico. Nunca han sido v¨ªctimas de agresiones, pero s¨ª han visto c¨®mo las sufr¨ªan otros homosexuales. Ellos lo tienen muy claro: la suya es una historia de amor que debe acabar en boda. Empez¨® cuando ambos ten¨ªan 15 a?os y estudiaban primero de BUP. Aquello s¨ª que fue duro. Tanto, que lo tuvieron que dejar. No reanudaron su relaci¨®n hasta que tuvieron 20 a?os.

Su plan consiste en acudir dentro de unos d¨ªas al registro civil e iniciar los tr¨¢mites para casarse. Si se les deniega su petici¨®n, recurrir¨¢n a los tribunales, hasta llegar al Constitucional. La ley de leyes dispone en su art¨ªculo 32 que 'el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jur¨ªdica'. No se?ala expresamente que los contrayentes deban ser un hombre y una mujer, pero Miguel ?ngel y Tony son conscientes de que la batalla legal est¨¢ perdida y que su acci¨®n tiene sobre todo un valor de desaf¨ªo. O todo o nada. ?sa es su apuesta. Por eso no se han inscrito en el registro regional. 'Si no nos casamos', apunta Miguel ?ngel, 'seguiremos siendo una uni¨®n libre'.

En cambio, Beatriz Gimeno, de 39 a?os, y Boty Garc¨ªa Rodrigo, de 56, que llevan viviendo juntas desde hace m¨¢s de siete a?os, se inscribieron en el registro auton¨®mico de Madrid hace cuatro 'por si las moscas', es decir, por si hay avances legislativos que favorezcan a las parejas de hecho, antes incluso de que se haga realidad la reivindicaci¨®n m¨¢s b¨¢sica de gays y lesbianas: el matrimonio civil entre homosexuales. Ambas se dicen 'rabiosas' con la actual situaci¨®n, consideran un insulto las leyes valenciana y madrile?a y exigen la igualdad. 'Aunque luego decidamos no casarnos', remachan.

Viven su relaci¨®n abiertamente y con orgullo. Como Beatriz, Boty est¨¢ en la vanguardia de la lucha por la igualdad. Preside el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid. Esa militancia les produce una sensaci¨®n de agotamiento que les ha llevado a decidir que no volver¨¢n a hablar en p¨²blico sobre su vida privada, que definen como 'perfectamente rutinaria, incluso vulgar, reglada por los ritmos cotidianos, como la de cualquier familia convencional', y marcada en buena medida por el hecho de que vive con ellas el hijo de 13 a?os de Beatriz, que mantiene una buena relaci¨®n con su padre y se comporta como si tuviese dos madres, lo que se acerca bastante a la realidad.

Miguel ?ngel Fern¨¢ndez y Tony Poveda no quieren inscribirse, aunque podr¨ªan. Pero tambi¨¦n se produce el caso contrario: el de quienes quieren, pero no pueden. Porque no hay ley reguladora en su comunidad aut¨®noma o porque no hay registro municipal en su localidad de residencia. En alg¨²n caso, el anhelo de tener alg¨²n tipo de legitimaci¨®n se resuelve suscribiendo una declaraci¨®n de convivencia ante un notario.

Marta D¨ªaz, psic¨®loga y profesora de Modificaci¨®n de la Conducta en la Universidad Nacional de Educaci¨®n a Distancia (UNED), asegura que, desde un punto de vista cl¨ªnico, todav¨ªa se producen en Espa?a numerosos conflictos en las parejas de hecho que tienen su origen en que uno de los dos convivientes quiere legalizar la relaci¨®n (casi siempre la mujer) y el otro no. Las principales consecuencias negativas son el sentimiento de inseguridad, la baja autoestima, el miedo al rechazo, el temor a la p¨¦rdida del otro y los celos. 'Lo deseable', se?ala, 'es que todo el mundo sea tolerante'. Pero la tolerancia no es moneda que circule tanto como el euro. 'Que exista una regularizaci¨®n que no se llame matrimonio', a?ade, 'puede suponer un avance social y de ajuste psicol¨®gico'.

V¨ªa intermedia

Otra psic¨®loga, Mar¨ªa Victoria Mart¨ªn, que trabaja en un colegio p¨²blico de Hoyo de Manzanares (Madrid) y tiene una consulta privada, ha tratado a mujeres con cuadros de depresi¨®n o ansiedad porque no tienen legalizada su convivencia, matrimonial en la pr¨¢ctica, aunque sin pasar por el registro civil o la vicar¨ªa. 'Para los heterosexuales', afirma, 'la inscripci¨®n como pareja de hecho puede ser una v¨ªa intermedia, previa al matrimonio'.

Carmelo Mach¨ªn, de 48 a?os, y Anna Bosch, de 38, ambos periodistas de Televisi¨®n Espa?ola, viven juntos desde noviembre de 1994 y se inscribieron en el registro de parejas de hecho de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2000. ?Por qu¨¦ no se casan? 'Por pereza y alergia com¨²n a la movida que supone invitar a la familia y todo eso, porque no hemos sentido presi¨®n desde nuestro entorno social, porque no vimos al principio ni vemos ahora la necesidad de hacerlo. Ni siquiera se trata de que tengamos un rechazo ideol¨®gico al matrimonio. Hace unos a?os pensamos muy seriamente en casarnos, cuando uno (Carmelo) se iba a ir de corresponsal y la otra iba a acompa?arle con una excedencia, pero al final hubo trabajo para los dos y no fue necesario'.

?Y por qu¨¦ se han registrado? 'Porque a medida que pasaba el tiempo y ve¨ªamos que la relaci¨®n iba para largo, nos planteamos la conveniencia de apoyar legalmente la decisi¨®n de vivir juntos, ser en definitiva una pareja de derecho sin la parafernalia que supone una boda y sin que, en caso de ruptura, haya que sumar al tremendo trauma psicol¨®gico que ello supondr¨ªa, el provocado por un largo proceso legal. Puede llegar un d¨ªa en que sea necesario demostrar que existe una relaci¨®n. Adem¨¢s, compromiso lo hay desde el momento en que te compras una lavadora a medias o se comparte un piso. En realidad, desde que te enamoras'.