El Gobierno denuncia a las diputaciones por obstaculizar su plan para el control del tr¨¢fico

El Departamento de Interior ha presentado cuatro denuncias contra las diputaciones forales porque ¨¦stas le impiden colocar paneles informativos y sensores en las carreteras. El conflicto arranca del pasado verano, cuando el Gobierno aprob¨® la creaci¨®n de un sistema ¨²nico de gesti¨®n del tr¨¢fico para toda Euskadi. Las diputaciones creen que esta medida invade sus competencias en materia de carreteras. Primero, presentaron un recurso ante la Comisi¨®n Arbitral, que fue rechazado. Ahora, por la v¨ªa de los hechos, impiden al Gobierno que desarrolle su plan.

Los tribunales de justicia ser¨¢n los que finalmente decidan sobre la pol¨¦mica planteada entre el Gobierno, por un lado, y las tres diputaciones, por el otro. La disputa est¨¢ en las, al parecer, difusas competencias en materia de circulaci¨®n viaria. A Interior, seg¨²n el Estatuto de Autonom¨ªa y la LTH, le corresponde gestionar y supervisar todo lo relacionado con el tr¨¢fico. Las diputaciones tienen asignadas las actuaciones sobre las carreteras. En medio est¨¢ la cuesti¨®n del control del tr¨¢fico.

El Gobierno pretende que haya un sistema ¨²nico para toda la red viaria vasca, de modo que pueda recibir en un solo centro todos los datos, en tiempo real, sobre el estado de la carretera, accidentes y dem¨¢s circunstancias del tr¨¢fico, mediante c¨¢maras situadas en los 50 principales tramos de la red viaria. Desde la sede central, en Bilbao, se coordinar¨ªan las actuaciones. Este plan requiere la instalaci¨®n de sensores para controlar el volumen del tr¨¢fico en las carreteras y de paneles informativos para informar en cada momento a los conductores.

Las diputaciones, pese a estar gobernadas por distintos partidos -el PNV, en Vizcaya y Guip¨²zcoa, y el PP en ?lava-, han reaccionado de forma un¨¢nime contra el Gobierno. Las tres consideran que supone una invasi¨®n de sus competencias. Al no llegar a un primer acuerdo con Interior, llevaron el conflicto a la Comisi¨®n Arbitral, el organismo dirigido por Manuel Mar¨ªa Zorrilla, presidente del Tribunal Superior. El fallo favoreci¨® al Gobierno, pero no entr¨® a juzgar el fondo de la disputa competencial, ya que los recursos se rechazaron por cuestiones puramente formales (el plazo de entrega en los casos de Vizcaya y Guip¨²zcoa, y el ¨®rgano que lo aprob¨® en el de ?lava).

Qued¨® entonces una puerta abierta. La Comisi¨®n Arbitral record¨® a las diputaciones que pod¨ªan 'ejercer los derechos que les puedan corresponder', no para recurrir contra el decreto del pasado verano, sino los actos posteriores para su aplicaci¨®n. ?lava, Vizcaya y Guip¨²zcoa han respondido impidiendo al Gobierno realizar las obras para instalar los paneles y c¨¢maras en las carreteras.

Cuatro recursos

En todos los casos se ha seguido el mismo mecanismo. El Departamento de Interior solicita la licencia de obras en un tramo de carretera concreto y las diputaciones no contestan. Ante el silencio administrativo, se da por denegado. El Gobierno insiste, y env¨ªa un requerimiento, pero las diputaciones, esta vez s¨ª, responden que no conceden la licencia de obra. La siguiente respuesta de Interior ha llegado en los tribunales. De momento ya ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo cuatro recursos, seg¨²n inform¨® ayer la viceconsejera de Interior, Pilar Mart¨ªnez. Tres denuncias afectan a la Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa y se refieren a una decena de tramos viarios donde el departamento pretend¨ªa colocar c¨¢maras y paneles informativos. Contra Vizcaya ha interpuesto uno, que se corresponde con 'cuatro o cinco emplazamientos', especific¨® la viceconsejera. En ?lava, el Gobierno est¨¢ en fase de presentar los requerimientos pero, si se sigue el mismo curso, pronto llegar¨¢n las denuncias ante la justicia.

El Gobierno ten¨ªa previsto invertir 1,6 millones de euros (280 millones de pesetas) en la instalaci¨®n de ese material, que han frenado las diputaciones. 'Mientras sigan manteniendo esa postura', se lament¨® ayer la viceconsejera, 'nosotros no podemos seguir desarrollando las instalaciones que precisamos. De momento, estamos paralizados'.

Y no es ¨¦ste el ¨²nico aspecto en el que las instituciones forales mantienen diferencias con el Gobierno vasco. Tras varios intentos bald¨ªos, contin¨²an sus discrepancias sobre el convenio para intercambiarse informaci¨®n sobre accidentes y el estado de las carreteras. Las diputaciones piden a Interior que les suministre informaci¨®n con una periodicidad mensual. El Gobierno responde que es 'materialmente imposible', porque las diputaciones piden tantos detalles (hasta 50 variables diferentes de cada accidente) que s¨®lo pueden darla semestralmente.

Pese al enquistamiento de las posiciones de unos y otros, todos coinciden en que quieren 'seguir intentando dialogar para llegar a acuerdos'.