El r¨¦gimen

?C¨®mo es posible que, si para los ciudadanos la principal preocupaci¨®n es el paro, el debate pol¨ªtico exclusivo y omnipresente que consigue imponer el Gobierno sea la diatriba con el nacionalismo vasco y el terrorismo?

?Por qu¨¦ ¨¦ste -aun siendo esencial- es el ¨²nico asunto de relevancia pol¨ªtica y medi¨¢tica relacionado con la seguridad cuando hay otros de evidente trascendencia social? Por ejemplo, los asesinatos y malos tratos a mujeres y ni?os, que afectan a lo largo de a?os a la vida cotidiana de centenares de miles de personas (otra forma de terrorismo); el fuerte aumento de la inseguridad ciudadana en los centros urbanos ante la apuesta del Gobierno por la seguridad privada; la imparable siniestralidad laboral o la mortalidad en las carreteras.

Foro: La opini¨®n de los lectores

?C¨®mo es sostenible que los asalariados paguen a la Hacienda p¨²blica el doble que los rentistas de capital sin causar un esc¨¢ndalo p¨²blico? ?C¨®mo puede tranquilamente admitirse que hayan aumentado, a la vez, los impuestos indirectos, la desigualdad, la lejan¨ªa de Europa en protecci¨®n social o en investigaci¨®n, que ocupemos el ¨²ltimo lugar de gasto en educaci¨®n secundaria de la UE y el Gobierno se muestre imp¨¢vido en su d¨¦ficit cero? ?Por qu¨¦ no se discute sobre ello?

?Acaso es entendible que la moral ciudadana pueda asimilar sin repugnancia que miles de personas de otras nacionalidades, trabajadores, sean explotados y vivan en condiciones infrahumanas s¨®lo por no tener unos papeles que el Gobierno ha decidido no darles?

?Por qu¨¦ en Espa?a se puede impunemente convertir al fiscal general del Estado en alguien al que s¨®lo le preocupa frenar cualquier querella contra miembros del Gobierno?

?No es asombroso que todas estas cosas, no solamente no parezcan inmutar al Gobierno, sino que no constituyan parte central de las informaciones destacadas sobre las que debe configurarse una opini¨®n p¨²blica libre? Entre nosotros s¨®lo se impulsa oficialmente el debate sobre Espa?a, Euskadi o el terrorismo de ETA -al que ahora se ha a?adido el de Al Qaeda a instancias de Bush-. ?sa es nuestra estrecha e invariable agenda pol¨ªtica. En ella no hay cabida para la inseguridad, el paro, la precariedad laboral, la exclusi¨®n social o el mal funcionamiento de los servicios p¨²blicos.

En un pa¨ªs europeo con una forma de gobierno parlamentaria normal lo anterior no podr¨ªa suceder. En Espa?a, s¨ª. Porque hay una mayor¨ªa absoluta de la derecha -por vez primera en la historia democr¨¢tica- que el Gobierno ha le¨ªdo de modo totalizador y que est¨¢ empe?ado en convertir en un r¨¦gimen, es decir, en un dominio sobre cualquier poder significativo, sea pol¨ªtico, econ¨®mico, social o ideol¨®gico; en una restricci¨®n grave del pluralismo y de la alternativa pol¨ªtica.

Un r¨¦gimen es, en efecto, un modo de gobernar que rompe con la tradici¨®n parlamentaria europea, la cual se pens¨® para que la oposici¨®n fuese siempre una alternativa factible, y para que los centros de poder pol¨ªtico y social estuvieran repartidos, equilibrados y se controlasen entre s¨ª. El liberalismo democr¨¢tico tiene aversi¨®n a la monopolizaci¨®n de poder. El actual Gobierno -que presume de liberal- est¨¢ en las ant¨ªpodas de ello. Quiere la unidad y concentraci¨®n de poder. Es una cultura que poco tiene que ver con el centrismo o la democracia cristiana.

El dise?o expansivo y excluyente del PP no s¨®lo afecta a la oposici¨®n, sino a la propia calidad democr¨¢tica, es decir, a los derechos de los ciudadanos. Si hacemos un recorrido por los n¨²cleos de poder de este pa¨ªs siempre nos encontraremos con lo mismo. El poder ejecutivo es, leg¨ªtimamente, del PP, as¨ª como posee la mayor¨ªa del legislativo; sin embargo, ya en ¨¦ste aparece un abuso injustificado: el simulacro de debate presupuestario, el ninguneo constante a la oposici¨®n, el funcionamiento burocr¨¢tico, pesado y desactualizado del Parlamento, convierten a ¨¦ste en una instituci¨®n poco relevante para la opini¨®n p¨²blica; y eso es grave siendo el ¨²nico espacio en el que las alternativas pol¨ªticas pueden expresarse y la oposici¨®n controlar al Ejecutivo.

Sin embargo, el PP no se conforma con estos dos poderes surgidos de las urnas. El gobierno del Poder Judicial -y nos tememos que dentro de poco del Tribunal Constitucional- ha ca¨ªdo en las manos de la derecha, que ha decidido negarse a un m¨ªnimo consenso (acaparamiento de los nombramientos del Tribunal Supremo, suspensi¨®n de jueces no gratos al Gobierno aprovechando un error de aqu¨¦llos), poniendo as¨ª en cuesti¨®n la propia independencia e inamovilidad judicial, que es la base sobre la que se puede construir el Estado de derecho.

La derecha pol¨ªtica tiende a establecer lazos especiales con el poder econ¨®mico. En este caso, el PP ha sofisticado la estrategia, al colocar a personas de su directa confianza al frente de todas las empresas privatizadas, que son a la vez las m¨¢s importantes de nuestro tejido productivo y las que desarrollan los grandes servicios p¨²blicos (gas, electricidad, petr¨®leo, telecomunicaciones). De modo que ha creado un sector privado gubernamental que le sirve cuando es necesario (as¨ª, cuando hay que comprar empresas privadas de televisi¨®n y radio para que canalicen tambi¨¦n ah¨ª los mensajes del Ejecutivo y silencien a la oposici¨®n progresista). Tienen dichas empresas la enorme ventaja de no ser controladas por el Parlamento, ya que son formalmente privadas, aunque materialmente gubernamentales.

Adem¨¢s del pol¨ªtico y el econ¨®mico, la Sant¨ªsima Trinidad de los poderes se completa con el ideol¨®gico, que es vital en la sociedad de la informaci¨®n y del conocimiento. En esto s¨ª que la derecha ha demostrado haberse modernizado. La pol¨ªtica medi¨¢tica, educativa y cultural del PP tiene un mismo designio: el gobierno de las ideas y de los 'valores', clave para ganar las elecciones. Pensamos que la pol¨ªtica educativa, aprobada y por aprobar, tiene un mismo objetivo: lograr la hegemon¨ªa ideol¨®gica y ahormar a su visi¨®n de Espa?a al conjunto de los ciudadanos. Los regalos del PP a la Iglesia cat¨®lica, impidiendo que sus asociaciones tengan los mismos deberes de transparencia que las civiles, o permitiendo discriminaciones laborales en su interior, se mueven en la misma direcci¨®n.

Pero la expresi¨®n quiz¨¢ m¨¢s acabada de un r¨¦gimen est¨¢ en su dominio de los medios de comunicaci¨®n. En esto la derecha ha sido y es implacable. RTVE y los dem¨¢s medios de obediencia gubernamental (televisi¨®n privada generalista, salvo excepciones, radio, prensa) son un verdadero ej¨¦rcito, dedicado a destilar el discurso cl¨®nico que interesa al Gobierno, a silenciar lo que no interesa, y a castigar a la oposici¨®n con el ostracismo, sin ninguna clase de escr¨²pulos.

La inmisericorde actitud de RTVE ha terminado por violar en toda su extensi¨®n el esencial derecho a ser informado (art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n) y el pluralismo pol¨ªtico y social (art¨ªculo 9). Veamos tres ejemplos: en noviembre de 2001, la cuota de pantalla de Aznar y de Zapatero fue de 20 a 1. En el mismo mes, la ministra de Educaci¨®n sali¨® en TVE para hablar de la ley universitaria una hora; el partido socialista, 30 segundos, y los dem¨¢s partidos, nada. En el 2001, RNE entrevist¨® cuatro veces m¨¢s a dirigentes del PP que del PSOE. Sobra cualquier comentario. Lo que queda claro es que a los ciudadanos espa?oles, que, en un 70%, s¨®lo se informan por televisi¨®n, no les llega m¨¢s que lo que dice un Gobierno al que vot¨® cuatro de cada 10 electores. Los millones de electores de otros partidos no cuentan.

El c¨ªrculo de hierro sobre la comunicaci¨®n se va a cerrar con la pr¨®xima ley sobre Internet, con la que el Gobierno se propone censurar, secuestrar y controlar los contenidos de la Red -algo que, seg¨²n la Constituci¨®n, s¨®lo lo puede hacer un juez-.

Un r¨¦gimen se caracteriza, en fin, porque los mecanismos de control del poder est¨¢n obstruidos o seriamente da?ados. En esto tenemos a un Gobierno realmente maestro. Act¨²a, como longa manus, a trav¨¦s del director general de RTVE, del fiscal general del Estado, de la mayor¨ªa del Consejo General del Poder Judicial, o de los presidentes de las empresas privatizadas (en el futuro lo quiere hacer tambi¨¦n a trav¨¦s de los rectores de Universidad), y sin embargo ese Gobierno se niega a responder en el Parlamento de las decisiones de tales ¨®rganos, a pesar de que su nombramiento y autoridad dependen de su voluntad. Prefiere que hagan de pantalla de la pol¨ªtica dise?ada desde el agazapado Ejecutivo. Se trata de una premeditada corrupci¨®n de la democracia parlamentaria, cuya esencia es la responsabilidad y el control.

Cuando el poder ejecutivo, legislativo, judicial, econ¨®mico, medi¨¢tico, educativo, religioso, est¨¢ en las mismas manos, o casi, eso es un r¨¦gimen, o est¨¢ en v¨ªas de serlo. Es verdad que, a pesar de todo, en el sistema democr¨¢tico -cuya Constituci¨®n la derecha no vot¨®, neg¨¢ndose a¨²n ahora a condenar la dictadura franquista- hay espacios de acci¨®n pol¨ªtica y poderes que son independientes: algunas comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos, los dem¨¢s partidos pol¨ªticos, los sindicatos, sectores del empresariado y grupos medi¨¢ticos o instituciones de la Uni¨®n Europea. Pero Aznar ha desencadenado una estrategia de retorno al centralismo: la OPA hostil a su aliada a la fuerza CiU, la campa?a contra el PNV, el proyecto de ley de cooperaci¨®n auton¨®mica, la cerraz¨®n a reformar el Senado o a que las comunidades tengan presencia en Europa, algo tienen que ver con un estilo cada vez m¨¢s uniformizador.

En mitad de esta legislatura de la mayor¨ªa absoluta, el r¨¦gimen de la derecha pretende consolidarse en Espa?a. Se trata de una amenaza real al pluralismo pol¨ªtico y social. Y hay que alzar la voz contra ello. No basta lamentarse. Es una cuesti¨®n de salud y de moral c¨ªvica el evitarlo por las v¨ªas que la democracia y la Constituci¨®n ponen a nuestra disposici¨®n.