Dos asociaciones critican la suspensi¨®n de los jueces que reciban una querella

La suspensi¨®n de funciones a los jueces por la simple admisi¨®n a tr¨¢mite de una querella sigue provocando reacciones. En una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, las asociaciones Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria critican la decisi¨®n del sector mayoritario del Consejo -incluido su presidente- de suspender a los tres magistrados de la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional que excarcelaron al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamar¨ªa, El Negro. Lo consideran una 'grave amenaza' para su inamovilidad.

La carta al presidente del Poder Judicial va firmada por Carlos Granados P¨¦rez, de la Francisco de Vitoria (FV), y Miguel Carmona Ruano, de Jueces para la Democracia (JpD), y en ella se quejan de que la decisi¨®n de suspender de funciones a los tres jueces de la Operaci¨®n Temple 'introduce una grave amenaza para la inamovilidad de los jueces, que es una garant¨ªa esencial de la independencia'.

Seg¨²n las asociaciones signatarias, 'de mantenerse el criterio que ahora se introduce rompiendo todos los precedentes', a partir de ahora bastar¨ªa con que una parte, p¨²blica o privada, disconforme con una resoluci¨®n presente una querella contra un juez y que el ¨®rgano penal competente para investigar los hechos la admita a tr¨¢mite para suspender de funciones a un juez.

Las dos asociaciones afirman que ese riesgo de ser suspendidos de funciones tendr¨ªa 'dos efectos igualmente indeseables' entre los jueces. 'O bien el tribunal penal, para evitar tal riesgo, decide la inadmisi¨®n de la querella, cercenando la posible investigaci¨®n, o bien, por el contrario, la suspensi¨®n de funciones y el apartamiento del juez del caso est¨¢ en manos de cualquier parte, sean cuales fueren sus intenciones al pretenderla'.

Los magistrados de JpD y FV no creen que sea 'jur¨ªdicamente posible' establecer criterios distintos seg¨²n cu¨¢l sea la parte que haya tomado la iniciativa de la persecuci¨®n penal.

En su carta, las dos asociaciones aseguran que no objetan en absoluto que la independencia haya de ser compatible con la responsabilidad ni se oponen a la investigaci¨®n de cualquier posible irregularidad y a las exigencias de las responsabilidades que pudieran desprenderse de tal investigaci¨®n.

Despu¨¦s recuerdan al presidente del Poder Judicial que cuando la Sala de lo Penal del Supremo admiti¨® a tr¨¢mite la querella contra los jueces de la Secci¨®n Cuarta 'tuvo especial cuidado en especificar que, suprimido el antejuicio, la apertura de un proceso penal era la ¨²nica forma de investigar los hechos y determinar si exist¨ªan o no motivos para proceder contra los magistrados'. 'En ning¨²n momento declar¨® el Tribunal Supremo que existiesen a¨²n tales motivos', agregan.

Las dos asociaciones piden al presidente que transmita su preocupaci¨®n a los vocales del Consejo, '¨®rgano que tiene encomendada la preservaci¨®n y garant¨ªa institucional de la independencia de jueces y magistrados'.

Seg¨²n fuentes de las asociaciones signatarias, la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) rechaz¨® firmar el comunicado conjunto. La suspensi¨®n de funciones de los jueces que excarcelaron a El Negro fue decidida con los votos del presidente, Francisco Hernando, los vocales de la APM, el de CiU y el independiente Agust¨ªn Azparren. Los vocales progresistas y el conservador Adolfo Prego pidieron que los magistrados no fueran suspendidos hasta que se decretase su procesamiento, como en el precedente del caso Lia?o.