?Cajas pol¨ªticas o pol¨ªtica de cajas?

La reciente aprobaci¨®n del proyecto de Ley Financiera ha supuesto un renovado inter¨¦s por algunos aspectos de la regulaci¨®n de las cajas de ahorros espa?olas cuya modificaci¨®n se viene considerando deseable bajo ciertas perspectivas. Uno de estos aspectos es el excesivo peso que tienen las administraciones p¨²blicas territoriales en los ¨®rganos rectores de algunas cajas.

El problema se ha centrado en aquellos casos en que dicho peso supera el nivel del 50%, lo cual implica que la normativa de la Uni¨®n Europea las califique como empresas p¨²blicas a efectos de garantizar la transparencia de sus relaciones financieras con las administraciones p¨²blicas. Esto, como ya ha ocurrido en nuestro pa¨ªs, puede dar lugar a situaciones enojosas con operaciones financieras que, por alguna raz¨®n, no se efect¨²en en condiciones normales de mercado.

La comparaci¨®n entre bancos y cajas ense?a que el r¨¦gimen de propiedad no prejuzga los resultados comerciales y financieros

Con ser importante este problema, y muy deseable su soluci¨®n preventiva, nos parece mucho m¨¢s relevante la cuesti¨®n de si las cajas est¨¢n bien gestionadas y si esta circunstancia puede verse entorpecida por injerencias pol¨ªticas en su toma de decisiones, una posibilidad que, como tal, no depende del nivel de la participaci¨®n de las administraciones p¨²blicas, pero que tiene mayores probabilidades de ponerse de manifiesto si dicho nivel es elevado y/o no est¨¢ suficientemente equilibrado entre las distintas formaciones pol¨ªticas representativas.

En general, las cajas de ahorros espa?olas pueden considerarse bien gestionadas a tenor de los resultados comerciales y financieros que vienen consiguiendo desde hace varios a?os, pero esto no impide preguntarnos si la calidad de esta gesti¨®n puede depender del nivel de representaci¨®n pol¨ªtica en sus ¨®rganos rectores. Con objeto de obtener una respuesta preliminar a esta cuesti¨®n, hemos dividido las cajas de ahorros espa?olas en funci¨®n de si sobrepasan o no el mencionado nivel de representaci¨®n pol¨ªtica y hemos agregado sus resultados para el ejercicio 2001.

En t¨¦rminos relativos, se observan m¨ªnimas diferencias entre ambos agregados en aquellos m¨¢rgenes que dependen del mercado y una ligera ventaja a favor de las cajas con mayor¨ªa de representaci¨®n p¨²blica en los que dependen m¨¢s de decisiones discrecionales de las entidades. No obstante, el hecho de tratarse de un ¨²nico per¨ªodo y que ambos agregados est¨¢n compuestos de entidades muy heterog¨¦neas por tama?o, origen, etc. aconseja tomar con mucha cautela un resultado de este tipo.

Las comparaciones entre bancos y cajas de ahorros nos han ido ense?ando que el r¨¦gimen de propiedad no tiene porqu¨¦ prejuzgar los resultados de una entidad bancaria, y algo parecido tendr¨ªa que suceder dentro de las mismas cajas. En realidad, lo razonable ser¨ªa esperar que los resultados de una entidad bancaria dependieran, sobre todo, de la calidad de su gesti¨®n.

En este contexto, la posibilidad de que una caja de ahorros se vea envuelta en problemas derivados de una condici¨®n p¨²blica que no tiene legalmente en nuestro pa¨ªs, y que este hecho pueda volverse en contra de la caja, hace muy aconsejable que nuestra legislaci¨®n en este tema se adapte cuanto antes a la europea, como ya han hecho, o se plantean hacer, algunas comunidades aut¨®nomas.

Francisco J. Valero es director de Estudios de AFI y catedr¨¢tico de la UAM.