Los consumidores preparan una querella contra las petroleras como la que par¨® el fiscal general

Las asociaciones que denunciaron en 2000 la presunta concertaci¨®n de precios entre petroleras no se detendr¨¢n ante el veto del fiscal general del Estado a la querella preparada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n contra Repsol YPF y Cepsa. Sus portavoces anunciaron ayer que ya est¨¢n preparando otra querella en la que se acusar¨¢ a las petroleras de un delito de alteraci¨®n de los precios resultantes de la libre concurrencia. El fiscal general del Estado dijo ayer que espera dos resoluciones del Tribunal de la Competencia sobre la concertaci¨®n de precios para decidir sobre la querella de Anticorrupci¨®n.

Tras la paralizaci¨®n por el fiscal General del Estado, Jes¨²s Cardenal de la querella redactada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n contra las petroleras Repsol YPF y Cepsa por la presunta concertaci¨®n de sus precios, los integrantes de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes (PNCC) -asociaci¨®n en la que est¨¢n representados los colectivos que denunciaron los hechos- anunciaron ayer que preparan ya una querella alternativa que ser¨¢ presentada ante la Audiencia Nacional.

Los representantes de las organizaciones agrarias, de transportistas y de consumidores que forman la PNCC tienen prevista para el pr¨®ximo jueves una reuni¨®n en la que 'con toda probabilidad', seg¨²n su portavoz Juan Jos¨¦ Gil, se decidir¨¢ la presentaci¨®n de la querella.

Los querellantes acusar¨¢n a las compa?¨ªas petroleras de la comisi¨®n de un delito de alteraci¨®n de los precios resultantes de la libre concurrencia, recogido en art¨ªculo 284 del C¨®digo Penal, lo que podr¨ªa suponer para sus administradores una pena de seis meses a dos a?os de c¨¢rcel.

La PNCC solicitar¨¢ de la AN la remisi¨®n de todas las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Desde que el 22 de junio de 2000 la organizaci¨®n denunciara ante esa fiscal¨ªa el presunto pacto en los precios de las petroleras, ha transcurrido m¨¢s de a?o y medio de investigaciones llevadas a cabo por fiscales y polic¨ªas que recabaron miles de documentos para estudiar el caso. La querella que el fiscal jefe Anticorrupci¨®n Carlos Jim¨¦nez Villarejo ten¨ªa ya redactada y que fue desautorizada ayer por Cardenal constaba de cerca de 80 folios.

El veto de la querella fue conocido el pasado martes por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Al d¨ªa siguiente su fiscal Jefe, Carlos Jim¨¦nez Villarejo envi¨® a Cardenal un escrito en el que le hac¨ªa constar su desacuerdo con la orden y le anunciaba su intenci¨®n de acogerse al art¨ªculo 27 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, que podr¨ªa obligar al fiscal general del Estado a escuchar a la Junta de Fiscales de Sala antes de tomar una decisi¨®n definitiva.

Junto a la denuncia presentada en 2000, la PNCC aport¨® un informe en el que se analizaba la evoluci¨®n de los precios de varias petroleras a lo largo de m¨¢s de dos a?os y la variaci¨®n entre ellos. Los resultados fueron sorprendentes. Desde 1997 hasta 2000 las tarifas de todas las empresas crecieron parejos, mientras que las diferencias disminu¨ªan con el paso del tiempo, lo que a juicio de los denunciantes demostraba un pacto entre ellas.

Por su parte Cardenal, anunci¨® ayer que esperar¨¢ a recibir toda la documentaci¨®n del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre las investigaciones llevadas a cabo en 2001 contra Repsol YPF y Cepsa antes de decidir si da o no finalmente el visto bueno a la querella de Jim¨¦nez Villarejo. Ese ¨®rgano mult¨® ese a?o a ambas petroleras por imponer los precios a las estaciones de servicio abanderadas por las mismas.

Multa de 200 millones

En la resoluci¨®n 493/2000 de 31 de mayo de 2001, de dicho tribunal, se impuso conjuntamente a Cepsa y su filial Cepsa Estaciones de Servicio, SA, una multa de 200 millones de pesetas por imponer los precios de los carburantes a las gasolineras y dem¨¢s distribuidores que no eran gestionados por la petrolera pero que vend¨ªan sus productos. Con dicha pr¨¢ctica se imped¨ªa que cada estaci¨®n de servicio ofreciera sus propias tarifas.

En su resoluci¨®n, el Tribunal de la Competencia consideraba que el contrato firmado entre los gestores de las estaciones de servicio y la compa?¨ªa petrolera no pod¨ªa imponer la fijaci¨®n de las tarifas por ser estos ¨²ltimos 'agentes econ¨®micos independientes' de Cepsa. El Tribunal criticaba esos contratos no s¨®lo por fijar precios sino porque al mismo tiempo obligaban a los gestores de las estaciones de servicio a responsabilizarse de los carburantes en sus instalaciones.