La Audiencia Nacional investigar¨¢ si las petroleras pactaron los precios
El Fiscal General del Estado, Jes¨²s Cardenal, paraliz¨® el proceso que inici¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n
La Audiencia Nacional ha admitido a tr¨¢mite la querella presentada por la Plataforma de Consumidores de Carburantes —integrada por transportistas, agricultores y consumidores— contra Repsol, Cepsa, BP y el resto de empresas integradas en la Asociaci¨®n Espa?ola de Operadores de Productos Petrol¨ªferos (AOP) por alterar el precio de venta de los carburantes y evitar la libre concurrencia "mediante enga?o y utilizaci¨®n de informaci¨®n privilegiada".
La querella ha sido admitida por el juez central de instrucci¨®n n¨²mero uno, Guillermo Ruiz Polanco, y ha contado con el visto bueno del fiscal de la Audiencia, Jes¨²s Alonso. En el auto, el magistrado reclama a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n la documentaci¨®n sobre el caso que reuni¨® durante m¨¢s de a?o y medio y que le llev¨® a formular un proyecto de querella contra las petroleras, cuya presentaci¨®n fue vetada por el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal.
El secretario general de la organizaci¨®n agraria UPA, Fernando Moraleda, ha se?alado que con este procedimiento se abrir¨¢ una investigaci¨®n sobre el sector de los carburantes y se conocer¨¢ el alcance de la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, a la que "se negaba el Gobierno", que, seg¨²n dijo, "tiene miedo a la verdad cuando afecta a los poderosos".
La denuncia contra las petroleras se present¨® como consecuencia del acuerdo alcanzado por la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes tras la decisi¨®n del Fiscal General del Estado, Jes¨²s Cardenal, de paralizar el proceso abierto durante los ¨²ltimos dos a?os por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para analizar el comportamiento de las petroleras en la fijaci¨®n de precios.
Seg¨²n fuentes de la organizaci¨®n agraria, la denuncia pretend¨ªa que no se perdiera el trabajo realizado por Anticorrupci¨®n. Seg¨²n UPA, los argumentos jur¨ªdicos de la denuncia hacen referencia a todas las normas relativas al funcionamiento del libre mercado y el respeto a las reglas de concurrencia, una vez constatado que las empresas denunciadas, a trav¨¦s del "enga?o permanente" y el uso de informaci¨®n privilegiada que "s¨®lo ellas pod¨ªan disponer", han producido "graves perjuicios ileg¨ªtimos" a los consumidores.
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