El Gobierno de Argentina anuncia el fin de las pensiones de privilegio
El ministro de Justicia empez¨® a cobrar la prestaci¨®n a los 33 a?os
El Gobierno argentino anunci¨® ayer la pr¨®xima derogaci¨®n de las leyes que regulan las controvertidas jubilaciones de privilegio que benefician a 9.263 ex funcionarios con un coste anual para el Estado de 486,2 millones de pesos (223 millones de euros). Alfredo Atanasof, ministro de Trabajo, confirm¨® el inminente env¨ªo al Congreso del proyecto de ley que modificar¨¢ los reg¨ªmenes especiales.
La reforma, que no tendr¨¢ car¨¢cter retroactivo, introducir¨¢ un nuevo c¨¢lculo de los haberes jubilatorios seg¨²n los a?os trabajados y las aportaciones realizadas, y fijar¨¢ un tope de 3.100 pesos para las jubilaciones especiales del futuro.
Hay casos que hasta ahora han beneficiado a altos funcionarios del actual Gobierno, como el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, porque fue subsecretario del Interior en la ¨¦poca del general Lanusse, a principios de los a?os setenta. El ministro tiene simplemente suspendidos los haberes de una jubilaci¨®n que empez¨® a percibir a los 33 a?os.
Ser¨¢ la octava vez que se intentan eliminar las jubilaciones de privilegio, uno de los aspectos m¨¢s irritantes del desgobierno en las cuentas p¨²blicas. La justicia ha aducido sistem¨¢ticamente la doctrina de los derechos adquiridos como algo intocable.
El propio presidente, Eduardo Duhalde, ha reconocido que no es sencilla la derogaci¨®n con efecto retroactivo y ha recordado que en su etapa de gobernador de la provincia de Buenos Aires la Corte Suprema rechaz¨® un proyecto de ley para suprimir los reg¨ªmenes especiales.
En pleno debate sobre las jubilaciones de privilegio, ha estallado el caso del juez Enrique Bacigalupo, afincado en Espa?a desde 1976 y actual miembro del Tribunal Supremo, que ha estado percibiendo haberes especiales desde 1987 por haber ocupado durante dos meses la Procuraci¨®n General del Tesoro durante el Gobierno del peronista H¨¦ctor Campora. Tras el golpe militar de 1976, Bacigalupo se exili¨® en Espa?a, donde inici¨® una brillante carrera judicial hasta llegar al m¨¢s alto tribunal. A los 49 a?os de edad empez¨® a recibir una jubilaci¨®n de privilegio de 3.500 pesos tal y como le permit¨ªa la ley.
La noticia ha provocado reacciones encontradas en Argentina. El abogado constitucionalista Daniel Sabsay calific¨® el caso de 'vergonzoso y paradigm¨¢tico de lo que ocurre en Argentina', mientras que el ex diputado Ram¨®n Torres Molina se?al¨® que en Argentina hay problemas muchos m¨¢s graves, como 'la deuda externa, la evasi¨®n impositiva o la falta de control aduanero'.
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