Lo p¨²blico, lo privado y el 'caso Cartagena'

Luis Fernando Cartagena fue condenado a cuatro a?os de prisi¨®n el pasado jueves por dos delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y falsedad en documento mercantil denunciados en 1998 a partir de unos hechos que se remontan a 1993, cuando ejerc¨ªa como alcalde de Orihuela. Pero los tribunales hab¨ªan constituido una amenaza para su carrera pol¨ªtica desde tiempo atr¨¢s. El consejero de Obras P¨²blicas del primer Consell de Eduardo Zaplana hasta el 15 de marzo de 1998 arrastraba una imputaci¨®n por supuesto delito fiscal desde hac¨ªa seis a?os.

En marzo de 1995, semanas antes de la campa?a electoral de las elecciones municipales y auton¨®micas, Cartagena afirmaba en relaci¨®n con su supuesto delito fiscal: 'Soy el pol¨ªtico m¨¢s investigado de este pa¨ªs'. Y se mostraba desafiante: 'Quienes manejen este tema en t¨¦rminos insidiosos responder¨¢n por ello'.

Los vecinos de Orihuela le convirtieron en el alcalde m¨¢s votado de Espa?a a finales de mayo de 1995, pero las diligencias judiciales segu¨ªan vivas. Cuando la juez Teresa Palacios asumi¨® el sumario que hab¨ªa instruido Miguel Moreiras hasta que abandon¨® la carrera judicial se produjeron varios movimientos. La posibilidad de trasladar la pieza del sumario relativa a Cartagena al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ¨²nica instancia autorizada para tomarle declaraci¨®n como imputado debido a su condici¨®n de miembro del Consell, cobr¨® cuerpo.

'Nunca, nadie'

La oposici¨®n pidi¨® explicaciones sobre el caso a Zaplana, pero Cartagena se ofreci¨® para comparecer ante las Cortes y evitar el trago al presidente de la Generalitat. 'Estamos ante una cuesti¨®n donde lo p¨²blico y lo privado se entrecruzan', admiti¨® Cartagena el 9 de abril de 1997 dada su condici¨®n de consejero. Pero su l¨ªnea argumental fue la contraria: 'Estamos en un asunto que tiene un estricto car¨¢cter privado. Lo tiene porque durante seis a?os de diligencias nunca nadie y en ning¨²n caso ha relacionado esta cuesti¨®n con mi vida p¨²blica ni con mis cargos sucesivos de alcalde, diputado provincial, diputado nacional, auton¨®mico o consejero. Todo este asunto es ajeno al gobierno de la Generalitat, al PP, al alcalde de Orihuela o al diputado nacional'.

El TSJCV se declar¨® competente para investigar a Cartagena en diciembre de 1997. Pero, una vez desvinculado el caso de su ejercicio p¨²blico, sus colegas y el presidente de la Generalitat, en primer lugar, sosten¨ªan el discurso. 'Creo firmemente en la inocencia de Cartagena', declar¨® Zaplana d¨ªas despu¨¦s.

Apenas un mes despu¨¦s, en enero de 1998, Zaplana reiteraba: 'Yo le creo a pies juntillas'. El presidente s¨®lo sugiri¨® entonces que si Cartagena llegaba a ser acusado, tendr¨ªa que dimitir. Y lanzaba un mensaje tranquilizador: 'Es una situaci¨®n inc¨®moda, pero no debemos precipitarnos, el juicio va a ser r¨¢pido'.

Cartagena dimiti¨® el 14 de marzo de 1998 para evitar que la investigaci¨®n de un asunto privado salpicara al Consell o al PP de la Comunidad Valenciana. La pieza relativa a su persona volvi¨® a la Audiencia Nacional para perderse en el voluminoso sumario de las cesiones de cr¨¦dito que ha sido recientemente trasladado a la sala cuarta, donde ha vuelto a adormecerse aunque sigue pendiente de resoluci¨®n.

Todos los argumentos esgrimidos entonces por el PP para eludir responsabilidades pol¨ªticas en el que se denomin¨® caso Cartagena se han vuelto en contra a ra¨ªz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante. La malversaci¨®n de caudales p¨²blicos requiere que su autor sea funcionario. El condenado, alcalde de Orihuela cuando se produjeron los hechos, era, evidentemente, cargo p¨²blico y su defensa nunca debati¨® esa cuesti¨®n.

Su defensa s¨ª intent¨® abrir brecha en la calificaci¨®n de los fondos que una religiosa entreg¨® al concejal de Servicios Sociales en concepto de super¨¢vit en el balance de gesti¨®n del hospital municipal San Juan de Dios, con la intenci¨®n de reducir el asunto a la esfera particular.

Donaci¨®n

Los magistrados consideraron que la mera entrega de los ocho millones de pesetas al concejal de servicios sociales es suficiente para 'obtener la cualidad de p¨²blicos de los caudales (...) Consecuentemente, perfeccionada la donaci¨®n (...) desde ese momento se constituye en fondo de esa naturaleza, sin que sea necesario, tal y como propugna la defensa, la apertura del correspondiente expediente para su ingreso formal en las arcas del municipio'.

Pero m¨¢s all¨¢ de la malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, la sentencia apunta otro detalle. Los magistrados se extienden en la relaci¨®n de amistad entre Cartagena y el empresario ?ngel Fenoll, y afirman que tales circunstancias 'explican que el contratista se prestase a colaborar en la ocultaci¨®n de la malversaci¨®n llevada a cabo por el senor Cartagena cuando, probablemente por disensiones pol¨ªticas, surgi¨® a la luz p¨²blica en el a?o 1998', semanas antes de que Cartagena renunciara al cargo. Por lo tanto, era consejero en ejercicio cuando false¨® las facturas, seg¨²n la sentencia de la Audiencia de Alicante.

El asunto por el que ha sido condenado salpica, por lo tanto, al alcalde del PP, y, de acuerdo con la sentencia, al miembro del primer Consell de Zaplana.