Rehenes de sus vecinos

Los minusv¨¢lidos f¨ªsicos dependen de sus vecinos para entrar o salir de su casa. La Ley de Propiedad Horizontal exige el benepl¨¢cito del 51% de los vecinos de una comunidad para eliminar cualquier barrera arquitect¨®nica. Si no se logra, el discapacitado no puede construir rampas y queda confinado en su propia casa.

Dolores Moreno se top¨® con este problema cuando su hijo de 18 a?os qued¨® parapl¨¦jico en un accidente de bicicleta. Nueve escalones le imped¨ªan entrar o salir de la vivienda, en Ronda. Conmovidos por la situaci¨®n, los vecinos aprobaron la obra y el ayuntamiento asumi¨® los costes. Los trabajos comenzaron, pero fueron paralizados por la oposici¨®n de otros propietarios. Ahora el chaval depende de sus padres o de sus amigos para salir de casa. 'Si no encontramos pronto alguna soluci¨®n tendremos que mudarnos', se queja la madre, abatida.

Hay otra ley, la 15/95, que contempla la posibilidad de que los afectados acudan a los tribunales si los vecinos persisten en su negativa. Aunque los jueces casi siempre fallan a favor de los minusv¨¢lidos, el secretario general de la CAMF, Gonzalo Rivas, sostiene que el ejercicio de derechos fundamentales no tiene que judicializarse. 'Adem¨¢s, con lo lenta que es la justicia hay situaciones sangrantes que se prolongan durante a?os', advierte.

Una sentencia de la Audiencia de Bilbao sostiene que el qu¨®rum vulnera cinco derechos constitucionales: a una vivienda digna, al patrimonio, a la dignidad, a la igualdad, as¨ª como la obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos de impulsar la integraci¨®n de las personas con discapacidad.

Cambio normativo

Por eso, la CAMF lleva desde que se aprob¨® la Ley de Propiedad Horizontal en 1999, pidiendo que se elimine el requisito del 51%. En su opini¨®n debe bastar con una autorizaci¨®n municipal que certifique que la obra no afecta a la estructura del edificio. En septiembre de 2000, la secretaria de Asuntos Sociales del Gobierno central, Concepci¨®n Dancausa, se comprometi¨® a estudiar la modificaci¨®n de la ley. 'Pero ni el Gobierno ni los grupos pol¨ªticos del Parlamento a los que nos hemos dirigido han hecho nada', se queja Rivas.

Ya en 1999, el Defensor del Pueblo andaluz dio parcialmente la raz¨®n a los minusv¨¢lidos al estimar que la supresi¨®n de las barreras arquitect¨®nicas deb¨ªa ser costeada por la comunidad porque beneficiaba a todos los vecinos. Pero el Defensor andaluz no entr¨® en la inconstitucionalidad alegada por la CAMPF y remiti¨® la cuesti¨®n al Defensor del Pueblo espa?ol, al discutirse una norma de ¨¢mbito estatal.

Este organismo tampoco plante¨® el recurso de inconstitucionalidad. Eso s¨ª, recomend¨® que se dieran m¨¢s y mayores ayudas para eliminaci¨®n de barreras arquitect¨®nicas en los bloques de vecinos. Rivas se indigna: 'Lo principal es que hay gente secuestrada en su casa y eso es una vulneraci¨®n de sus derechos fundamentales, no el dinero'.

Es el caso de Isolina Barrio, una mujer de 76 a?os residente en Marbella, que padece una par¨¢lisis degenerativa. Hay s¨®lo seis escalones, pero para ella cada vez es m¨¢s dif¨ªcil superarlos. Un pu?ado de vecinos se resiste a construir una rampa para no quitar la puerta de entrada que es toda una antig¨¹edad.

'Una persona vale m¨¢s que una puerta', reflexiona Isolina, quien recuerda que las barreras arquitect¨®nicas son un obst¨¢culo no s¨®lo para los ancianos como ella, sino tambi¨¦n para un joven que sufra un accidente o para las mujeres con carritos de beb¨¦. E insiste: 'Estoy confinada dentro de mi casa. Soy reh¨¦n de mis vecinos por una cuesti¨®n est¨¦tica'.

Carmen Trillo es mucho m¨¢s joven. Tiene 46 a?os, pero desde que naci¨® est¨¢ atada a una silla de ruedas porque padece espina b¨ªfida. Sus padres ya son mayores y tambi¨¦n depende de sus hermanos o sus cu?ados para salir de casa. Su caso est¨¢ en v¨ªas de soluci¨®n con la mediaci¨®n de una t¨¦cnico del ayuntamiento de M¨¢laga que explica que la negativa de los vecinos bloquea tambi¨¦n el acceso a las ayudas para las obras, ya que para conceder subvenciones se exige el acuerdo previo de la comunidad.

A Mari Carmen Palomo la rampa le cost¨® 1.800 euros (300.000 pesetas). Los pag¨® con rifas y colectas. As¨ª elimin¨® los cinco escalones que le imped¨ªan sacar a la calle a su hija de 15 a?os paral¨ªtica cerebral. Durante 14 a?os tuvo que subir y bajar a pulso a su hija 'por el rechazo de tres o cuatro'.

La CAMPF a?ade que las nuevas normas que impulsan la sustituci¨®n de ascensores de una puerta por otros de dos plantear¨¢ nuevas dificultades ya que, al ser m¨¢s estrechos, impiden la entrada de una silla de ruedas. Eso fue justamente lo que imposibilit¨® que otra malague?a, Ana Guti¨¦rrez, pudiera salir de su casa en sus ¨²ltimos meses de vida. La silla de ruedas era cuatro cent¨ªmetros m¨¢s ancha que la doble puerta del ascensor.