Un fiscal correoso

EN SU COMPARECENCIA del pasado martes ante la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso, el fiscal general glos¨® la memoria del ministerio p¨²blico presentada hace meses en la apertura del A?o Judicial y respondi¨® a las preguntas de los diputados. Interrogado acerca de las medidas adoptadas por la fiscal¨ªa para combatir la inseguridad ciudadana, Cardenal descarg¨® enteramente sobre los jueces de instrucci¨®n el peso de las eventuales responsabilidades al respecto; las circulares env¨ªadas por el fiscal general a sus subordinados para que pidan la expulsi¨®n de los inmigrantes sentenciados o acusados de delitos castigados con menos de seis a?os ('un factor inductor de la delincuencia') deja limpia y reluciente como una patena su conciencia. Cardenal exhort¨® igualmente al Parlamento para que haga sus deberes y apruebe el proyecto de ley de juicios r¨¢pidos.

El fiscal general del Estado descarga sobre los jueces la inquietud causada por la inseguridad ciudadana e invita a los diputados a ocupar el lugar del ministerio p¨²blico en la persecuci¨®n del delito

La estrategia de exportar hacia el territorio restante del organigrama estatal el incumplimiento de las tareas asignadas -seg¨²n los diputados- al ministerio p¨²blico exonera siempre a Cardenal de cualquier posible reproche: ni los enriquecimientos il¨ªcitos derivados de la privatizaci¨®n de las empresas p¨²blicas, ni el despido por la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica de los profesores de religi¨®n de los colegios p¨²blicos pagados con fondos presupuestarios, ni las colusiones entre las empresas petroleras quitan el sue?o al fiscal general, que invita a los diputados a sustituir al ministerio p¨²blico en la denuncia de esos y otros delitos ante los tribunales.

El aire melifluo y el tono almibarado de Cardenal para contestar a las cr¨ªticas no son tanto las virtudes franciscanas de un funcionario amable como las taimadas tretas de un duro fajador; la asociaci¨®n Los Cien Hijos de Joe Louis, promovida por el pintor Eduardo Arroyo en defensa del boxeo, podr¨ªa establecer un paralelismo entre la impermeabilidad de Cardenal ante las cr¨ªticas de los diputados en el Parlamento y la capacidad de encaje de un p¨²gil correoso frente a los golpes de su adversario en el ring. La vergonzosa justificaci¨®n -impropia del fiscal general de un Estado de derecho-de los golpes militares de 1973 en Chile y de 1976 en Argentina dada por Cardenal para boicotear la extradici¨®n de Pinochet provoc¨® un amplio movimiento en favor de su cese o dimisi¨®n; el espect¨¢culo del fiscal general aferrado a su cargo con la ayuda del presidente Aznar recordaba las im¨¢genes de cine negro del boxeador medio groggy arrinconado contra las cuerdas y abrazado a su rival en medio de la bronca de un p¨²blico indignado por la complicidad ¨¢rbitral.

El debate sobre la independencia del fiscal general respecto al Gobierno que lo nombra y lo cesa libremente es una p¨¦rdida de tiempo. Aunque el Estatuto Fiscal haya tenido la cortes¨ªa de sustituir el fuerte t¨¦rmino ordenar por el suave verbo interesar para describir la forma de transmitir al fiscal general la voluntad del Gobierno, ning¨²n eufemismo puede alterar la relaci¨®n jer¨¢rquica entre la persona que nombra y la persona nombrada. No es preciso que los mandatos del Ejecutivo sean formulados de manera expl¨ªcita y bajo amenza de sanci¨®n: como mostr¨® ?tienne de La Bo¨¦tie en su Discurso de la servidumbre voluntaria, los mecanismos de la obediencia pol¨ªtica funcionan de manera bastante m¨¢s sutil. Para que Cardenal corra presuroso en ayuda de los ministros de Asuntos Exteriores y de Medio Ambiente (miembros del ¨®rgano colegiado que le nombr¨® fiscal general y que puede tambi¨¦n destituirle) no necesita recibir un telefonazo del presidente del Gobierno o de su ministro de Justicia. Cabe imaginar, desde luego, excepciones a la regla. Pero si alg¨²n fiscal general decidiera tomarse en serio sus funciones constitucionales (o se equivocase al interpretar los mensajes del Gobierno y descontar sus deseos) estar¨ªa condenado, bien a ser destituido de su cargo de manera fulminante, bien a soportar en el futuro el destino ya corrido por Carlos Granados, el ¨²ltimo fiscal general de la etapa socialista, a quien hace pocos meses negaron de manera vergonzosa sus votos para ocupar una vocal¨ªa en el Consejo General del Poder Judicial los parlamentarios no s¨®lo del PP, sino tambi¨¦n del PSOE.