Los socios parlamentarios del PP piden cambios en la ley de Internet
La oposici¨®n alerta del riesgo que entra?a la ambig¨¹edad de la norma
Todos los grupos del Congreso, a excepci¨®n del Popular, creen que hay que modificar la LSSI, la ley de Internet del Gobierno, que ayer inici¨® su tr¨¢mite parlamentario. Se presentaron nueve enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas gracias a los votos de PP, CiU y CC, aunque los dos ¨²ltimos grupos anunciaron que reclamar¨¢n 'cambios'. La oposici¨®n critica la ambig¨¹edad de una ley que permite a una 'autoridad competente' cerrar webs.
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n y el Comercio Electr¨®nico (LSSI), aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero, debutaba ayer en el Parlamento con nueve enmiendas en su contra. La ley fue defendida, a primera hora de la ma?ana, por la ministra de Ciencia y Tecnolog¨ªa, Anna Birul¨¦s, quien asegur¨® que el texto 'ayudar¨¢ al desarrollo de las empresas espa?olas [en la Red] y ofrecer¨¢ seguridad y confianza a los ciudadanos'. 'Es un honor presentar esta ley ante el Parlamento', dijo. Pero el Parlamento, a excepci¨®n del Partido Popular, rechaz¨® la LSSI en distinto grado.
El PNV y seis partidos del grupo mixto (Iniciativa per Catalunya, Chunta Aragonesista, Esquerra Republicana de Catalunya, BNG, Eusko Alkartasuna y Partido Andalucista) presentaron enmiendas a la totalidad del texto y la devolvieron al Gobierno. IU y PSOE se unieron a la petici¨®n de devoluci¨®n y presentaron, adem¨¢s, textos alternativos. Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) y Coalici¨®n Canaria (CC), por su parte, rechazaron las enmiendas y apoyaron el texto del Gobierno porque, seg¨²n explicaron, la sociedad de la informaci¨®n en Espa?a necesita una ley de manera urgente para desarrollarse. Pero ambos anunciaron que, durante el tr¨¢mite de discusi¨®n parlamentaria de la LSSI que ahora comienza, propondr¨¢n al Gobierno la modificaci¨®n de algunos de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos de esta ley.
Y es que la LSSI llega al Parlamento rodeada de problemas y envuelta en discusiones, dos a?os despu¨¦s de la publicaci¨®n de la directiva europea 2000/31/CE, que deber¨ªa haberse traspuesto antes de enero. Los partidos pol¨ªticos de la oposici¨®n recogieron ayer los temores de muchos internautas que, desde la aprobaci¨®n de la ley, han criticado el 'intervencionismo' del Gobierno, especialmente por la redacci¨®n de un art¨ªculo, el 8. ?ste introduce el concepto de 'autoridad competente', que es la que tiene potestad para cerrar una p¨¢gina web, un t¨¦rmino demasiado ambiguo para la oposici¨®n, porque abre la puerta a la censura administrativa. 'No estamos ante una ley para potenciar el comercio electr¨®nico, sino ante una ley para regular los contenidos en la Red', asegur¨® Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, portavoz de Ciencia y Tecnolog¨ªa del Grupo Parlamentario Socialista. 'Esta ley es tibia en la promoci¨®n, e intervencionista en el control de los contenidos; en ella late un miedo mudo del Gobierno a la autonom¨ªa de la Red', asegur¨® el diputado del PNV Joxe Joan Gonz¨¢lez de Tx¨¢barri. El parlamentario de CiU Jordi Jan¨¦ alab¨® la iniciativa del Gobierno de abrir el debate de la LSSI colgando varios de sus borradores en Internet, pero despu¨¦s asegur¨® que el texto 'no es adecuado en algunos aspectos'. 'El art¨ªculo 8', explic¨®, 'puede contradecir el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n', el que defiende la libertad de expresi¨®n. Seg¨²n este art¨ªculo, s¨®lo un juez puede cerrar una publicaci¨®n. La oposici¨®n cree, en cambio, que la LSSI 'pone un duda la libertad de expresi¨®n', en palabras de Joan Puigcerc¨®s (ERC), ya que el t¨¦rmino de autoridad competente puede da?ar el principio constitucional de que 'la capacidad de intervenir sobre la informaci¨®n y la opini¨®n que circula en la Red debe ser ¨²nica y exclusivamente judicial', dijo Rubalcaba. El diputado de BNG Carlos Aymerich habl¨®, incluso, de 'inconstitucionalidad'.
Los partidos de la oposici¨®n criticaron, adem¨¢s, las multas que impone la ley, que pueden alcanzar los 600.000 euros, independientemente de la facturaci¨®n de la empresa sancionada.
La diputada del PP Ana Mato fue la ¨²nica que apoy¨® el 'escrupuloso respeto de los derechos fundamentales' que realiza esta ley.
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