Arresto domiciliario

Ha pasado ya tiempo suficiente desde la modificaci¨®n de la Ley de Propiedad Horizontal y aunque no hemos dejado de insistir, de regatear incluso en las correcciones que precisa, siguen siendo muchos los sometidos a un trato que ya ni siquiera el c¨®digo penal recoge: cientos de personas discapacidad viven en arresto domiciliario.

Cuando se sale a la calle con normalidad y el movimiento en espacios abiertos es un hecho corriente, rutinario, resulta f¨¢cil olvidar a quienes viven en permanente monacato sin vocaci¨®n, divorciados del mundo por mor de una escalera. ?Qu¨¦ acogida tendr¨ªa el anuncio de una ley que obligara a los ciudadanos a pedir permiso a sus vecinos antes de entrar o salir de su propia vivienda y que s¨®lo fuera posible hacerlo con la aprobaci¨®n de la mayor¨ªa?

El sentido com¨²n y los logros en justicia social han ido ayudando a que una medida de semejante naturaleza nos resulte irreal, rayana en el esperpento. Pero en ocasiones el n¨²mero deja de ser s¨®lo un cuantificador y se convierte en un valor moral cualitativo y discriminador en esencia: resultar¨ªa impensable someter a 40 millones de personas a unas condiciones de vida que incluyeran la posibilidad del encierro sin delito previo, pero se sigue tolerando la aplicaci¨®n de una norma que impide salir a la calle con normalidad a personas con problemas de movilidad, preferentemente en silla de ruedas. Esta apreciaci¨®n, por la que lo justo o no de una medida lo determine no ya la naturaleza del hecho en s¨ª sino el n¨²mero de personas afectadas, se desprende del desd¨¦n con que todos los representantes pol¨ªticos han acogido la sugerencia solicitada desde CAMF para que suprimieran la necesidad del consentimiento de la mayor¨ªa de los vecinos a la hora de colocar una rampa o ayuda t¨¦cnica para entrar en la vivienda contemplada en la Ley de Propiedad Horizontal.

La propia Secretaria General de Asuntos Sociales, Concepci¨®n Dancausa, rectific¨® a tiempo para no llevar a cabo su promesa 'los vecinos con discapacidad f¨ªsica que tienen la necesidad de eliminar barreras arquitect¨®nicas deben tener alguna prioridad y el Ministerio apoyar¨¢ positivamente esta iniciativa' formulada en Sevilla en rueda de prensa el d¨ªa 13 de septiembre de 2000. Solamente el Defensor del Pueblo Andaluz tiene inter¨¦s en reformar esta norma considerando que las obras son necesarias y deben ser sufragadas por la comunidad. Por el contrario, su hom¨®logo nacional no considera que la LPH sea inconstitucional ni vulnere derechos fundamentales relacionados con la vivienda tales como el derecho a la dignidad humana, a la libertad de circulaci¨®n, de residencia. Sinceramente, no sabemos qu¨¦ nombre dar en nuestras pesadillas a esta forma de reclusi¨®n por la que hay ciudadanos convertidos en rehenes de sus vecinos que deben buscar la felicidad en las reducidas costumbres que sus metros cuadrados le permitan. El derecho a una vivienda digna y adecuada del art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n deber¨ªa advertir, en letra peque?a, que en ocasiones 'es para toda la vida y sin salir de ella'.

La posibilidad de paliar de alg¨²n modo la postraci¨®n de un semejante deber¨ªa hacerles dudar a esos vecinos insolidarios antes de ejercer su leg¨ªtimo derecho al veto, con la trampa en la mano; antes de comprobar hasta qu¨¦ punto se puede practicar la inmoralidad sin quedar fuera de la ley y ser tramposo sin llegar a delinquir. Lo malo es que en este juego quien pierde no sale para contarlo. En tal caso, se es v¨ªctima de la agilidad, la fuerza y la diligencia que acaban siendo la cris¨¢lida de la que sale un vecino obcecado en guardar a toda costa la est¨¦tica del portal, o preservar la antig¨¹edad de una puerta, o defender que siga entrando m¨¢s luz por la cocina. Cuando la ley respalda semejantes argumentos uno no sabe c¨®mo hacer frente a esta especie de inquilinos que no se dan por aludidos nunca, seguros de conocer el futuro de memoria y de que caerse por accidente o doblegarse con la edad no va con ellos. Ojal¨¢ no fuera con nadie, pero en ocasiones el porvenir es tan inamovible como el pasado, sobre todo si ni siquiera nos dejan salir de casa para cambiarlo.

Gonzalo Rivas Rubiales es secretario general de la Confederaci¨®n Andaluza de Minusv¨¢lidos F¨ªsicos, CAMF.