Ilegalizaci¨®n

La firmeza antiterrorista es una cosa, y otra bien distinta la histeria antiterrorista. En el orden internacional, el coste de la posible confusi¨®n de ambas cosas lo est¨¢ demostrando la pol¨ªtica de George W. Bush en Oriente Pr¨®ximo, al cerrar los ojos ante lo que sucede con tal de respaldar la prioridad de la lucha contra el terrorismo que esgrime Sharon, y no es seguro que entre nosotros escape Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar al mismo error en su pol¨ªtica vasca. La forma en que est¨¢ abordando el tema de la ilegalizaci¨®n de Batasuna es la mejor prueba de ello.

De entrada dir¨ªamos que es ¨¦sta una cuesti¨®n pol¨ªtica que en momento alguno debiera ser abordada sin tener en cuenta la dimensi¨®n jur¨ªdica, tanto a la hora de optar por la ilegalizaci¨®n como al ponerla en tela de juicio. Nadie duda despu¨¦s de la ruptura de la ¨²ltima tregua que EH o HB o Batasuna carece de autonom¨ªa pol¨ªtica en las grandes opciones respecto de ETA y que act¨²a como proyecci¨®n de la banda terrorista en el interior del sistema pol¨ªtico y de la sociedad en Euskadi. Sin embargo, lo que hace dif¨ªcilmente justificable su permanencia en la legalidad es que en sus manifestaciones p¨²blicas ni siquiera formalmente respeta esa divisi¨®n del trabajo. Cuando Otegi cierra una manifestaci¨®n o un mitin con un 'gora Euskadi Ta Askatasuna', no con un 'Gora Euskadi askatuta', est¨¢ proclamando a gritos su adhesi¨®n a ETA, sin espacio para la duda. Lo mismo que cuando HB organiz¨® el homenaje multitudinario a los terroristas fallecidos del comando Bizkaia o cuando el orador batasuno en el Parlamento vasco ensalza la acci¨®n de la banda. Son ellos mismos los que en pura provocaci¨®n se ponen una y otra vez en fuera de juego, lo mismo que al parecer hizo Egin convirti¨¦ndose en mucho m¨¢s que un diario. Cualesquiera que fuesen sus efectos pol¨ªticos, nada hay que objetar al prop¨®sito de poner remedio con cambios legales a los vac¨ªos que permiten conservar una existencia legal a quienes con sus actos amparan al terror y se enfrentan al orden democr¨¢tico.

Ahora bien, una cosa es definir un marco jur¨ªdico riguroso y otra bien distinta que esa exclusi¨®n resulte de una decisi¨®n pol¨ªtica inmediata, de un 'vamos a por ellos'. Es un viejo y saludable criterio, ya presente en el Contrato social de Rousseau, que una medida concreta no debe ser objeto de la ley. Menos a¨²n si la misma no resulta de un consenso entre todos los grupos democr¨¢ticos, o por lo menos de aquellos que han firmado el Pacto Antiterrorista, que est¨¢ saltando literalmente por los aires en un momento crucial por la actitud de Aznar y del PP. ?Qu¨¦ sentido tiene proponer una firma conjunta Gobierno-PSOE en condiciones de igualdad si se ha rechazado previamente toda posibilidad de elaborar la ley mediante una discusi¨®n bilateral y a los socialistas s¨®lo les toca decir am¨¦n al proyecto de ley gubernamental? Tal vez Aznar cuenta aqu¨ª con sustituir las negociaciones pol¨ªticas por el respaldo de la opini¨®n p¨²blica espa?ola. Pero el precio a pagar por esa prepotencia en el Pa¨ªs Vasco puede ser excesivo, legitimando la actual tendencia del PSE al aislamiento.

PNV y EA hubieran protestado incluso contra una ilegalizaci¨®n judicial, si bien su campo de argumentaci¨®n quedar¨ªa limitado por la fueza de la evidencia. Ante una ilegalizaci¨®n pol¨ªtica, el nacionalismo democr¨¢tico se encuentra en cambio ante la posibilidad de denunciar una pol¨ªtica de intransigencia a ultranza por parte del Gobierno espa?ol que confirmar¨ªa la previsi¨®n de que el PP se opondr¨¢ a la manifestaci¨®n de la voluntad democr¨¢tica de los vascos sobre su futuro. La defensa de la legalidad de Batasuna se convierte de este modo en una defensa de la democracia y de los derechos de los vascos, un terreno en el cual los propios nacionalistas pro-ETA pueden sentirse muy a gusto y propiciar de hecho una convergencia en unas pr¨®ximas elecciones municipales que les pueden ir muy bien, con el consiguiente impulso para Udalbiltza. A¨²n ayer, Le Pen se vio enormemente beneficiado en Francia ante el intento de impedirle la presencia como candidato por no reunir las quinientas firmas necesarias: como en el futuro la organizaci¨®n sin nombre que sustituyera a Batasuna, el verdugo de la libertad pudo as¨ª presentarse ante los electores como su heraldo. Sin contar con el riesgo de una inconstitucionalidad de la ley, ese efecto bumer¨¢n de la precipitaci¨®n del Gobierno debiera aconsejar una mayor reflexi¨®n.