Al menos que respete la civilizaci¨®n

La guerra es la continuaci¨®n de la televisi¨®n por otros medios, afirmar¨ªa Von Clausewitz de haber vivido un siglo y medio despu¨¦s. Venezuela nos acaba de ofrecer un ejemplo de c¨®mo utilizando la televisi¨®n como herramienta de propaganda se puede convertir una manifestaci¨®n en un golpe de Estado. La receta ha sido tan simple como mostrar ¨²nicamente im¨¢genes de las protestas anti-Chavez (centro de la ciudad, barrios adinerados), obviando las de signo contrario ( barrios perif¨¦ricos obreros y pobres), y asegurar que eran francotiradores chavistas los que mataron a una docena de personas en el centro de Caracas.

La television mostraba toda la poblaci¨®n en contra del presidente y, en su loca resistencia, los chavistas asesinando al pueblo que pac¨ªficamente se manifestaba. Conclusi¨®n, el gobierno de Ch¨¢vez ha perdido toda legitimidad y est¨¢ justificado desalojarlo del poder. La pel¨ªcula se podr¨ªa titular La televisi¨®n contra la democracia. Eduardo Galeano lo apuntala: 'Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios. Ahora, los medios masivos de comunicaci¨®n, justifican los fines de un sistema de poder que impone sus intereses a escala planetaria'.

Salvando las distancias, de Venezuela a estos parajes apenas hay un paso. Aqu¨ª tambien encontramos secuencias de la misma pel¨ªcula. Cuando la televisi¨®n manipula la informaci¨®n y no es plural, cuando niega el debate social y pol¨ªtico y fomenta el adocenamiento y la irreflexi¨®n, cuando hecha por tierra horas y horas de trabajo de los educadores en las escuelas, cuando alimenta principios que nada tienen que ver con la igualdad, la libertad o la solidaridad, en ese momento, la televisi¨®n es un enemigo de la democracia. Y esto pasa en Espa?a. Y esto pasa, y mucho, en el Pa¨ªs Valenciano.

Hace unos d¨ªas, el grupo parlamentario socialista present¨® ante las Cortes Valencianas un proyecto de Consejo Superior del Audiovisual (CSA) auton¨®mico. Todos los pa¨ªses de la Uni¨®n disponen de estos organismos. Autoridades independientes dedicadas al control y seguimiento de los medios audiovisuales. En Francia desde hace trece a?os, el famoso CSA. En Catalu?a, hace cuatro. El resto de Espa?a, no sabe, no contesta. Algo tarde pero bienvenido sea el mencionado proyecto. Abre una puerta a la esperanza de ver c¨®mo los medios audiovisuales se entienden como un producto cultural e informativo en s¨ª mismos, m¨¢s all¨¢ de ser un simple producto de consumo o una herramienta de promoci¨®n pol¨ªtica o econ¨®mica.

Las competencias sancionadoras que el proyecto otorga al futuro Consejo, que pueden llegar al cierre de una cadena que reiteradamente incumpla la ley, han levantado voces de alarma; algunas desde la prudencia, otras desde el desconocimiento y otras, desde el alboroto partidista y necio. Nada de lo que consta en el proyecto socialista es nuevo. La posibilidad de llegar al cierre de una cadena se contempla entre las competencias de buena parte del m¨¢s de un centenar de estos consejos que funcionan en todo el mundo. Nada que ver con la censura previa. Se sanciona sobre actuaciones concretas y reiteradas. Cosa que, por otro lado, ya se hace ahora ?O es que alguien piensa que no se puede retirar la concesi¨®n a una cadena que se dedique sistem¨¢ticamente a defender valores y principios contrarios a los de la Constituci¨®n de 1978, la xenofobia, por ejemplo, o los cr¨ªmenes de ETA?

Hoy la competencia en cuesti¨®n est¨¢ en manos de la direcci¨®n general correspondiente del gobierno de turno; pues bien, de existir el Consejo, se convertir¨ªa en la instancia competente. Nada m¨¢s. En caso de disconformidad con sus actuaciones siempre quedar¨ªa la posibilidad de apelar a los tribunales, como ahora.

Adolece el proyecto del PSPV de lagunas que es preciso considerar. En primer lugar, la concesi¨®n de licencias de radio y televisi¨®n dependientes de la Generalitat Valenciana se mantiene en manos del Gobierno y se habla s¨®lo de informes del Consejo previos a la concesi¨®n. En esto se ha copiado el discreto modelo catal¨¢n. En Francia la concesi¨®n misma la da el CSA.

En esta misma l¨ªnea timorata, la proposici¨®n de ley de los socialistas hurta al Consejo una competencia b¨¢sica, m¨¢s a¨²n si tenemos en cuenta la experiencia en el Pa¨ªs Valenciano desde 1989, que es la de nombrar al m¨¢ximo responsable de los medios p¨²blicos de radio y televisi¨®n. En Francia, el director general de la radio y televisi¨®n p¨²blica del pa¨ªs es nombrado por el CSA.

El proyecto socialista no hace ninguna referencia a este tema porque, en la l¨ªnea de lo que defiende el PSOE en Madrid, apuesta por que sean las Cortes Valencianas las que elijan al director general por una mayor¨ªa cualificada. Ser¨ªa un avance de no existir el Consejo pero con ¨¦ste en marcha se convierte en un craso error. Por un lado se vuelve a entrar en los (des)equilibrios partidistas que tan peligrosos se han demostrado y, por otro, se crea un germen de conflicto. Si el Consejo sale de las Cortes por mayor¨ªa cualificada y el director general de la radiotelevisi¨®n p¨²blica tambi¨¦n, las dos instancias se sit¨²an en id¨¦ntico nivel y la labor de control de la autoridad audiovisual queda abiertamente en entredicho.

M¨¢s all¨¢ de esto se podr¨ªa haber apostado por dar capacidad al Consejo para nombrar a una parte significativa de los miembros de los consejos de administraci¨®n de las cadenas p¨²blicas y tener un representante en las privadas. Tampoco es nada nuevo. Se trata de una competencia que s¨ª tienen distintos de estos organismos en Europa.

Por otro lado, y sin entrar al detalle, se echa en falta tambi¨¦n en el proyecto presentado por el grupo socialista alguna referencia a la participaci¨®n social en el Consejo. En la mayor¨ªa de pa¨ªses de nuestro entorno esto se resuelve con la creaci¨®n de consejos asesores de una cierta amplitud que integran a colectivos relacionados con los medios y su labor.

La televisi¨®n no puede malbaratar la democracia. Debe estar a su servicio. Una televisi¨®n de calidad contribuye, potencia una democracia de calidad. Nosotros, en esto de la televisi¨®n, nos parecemos m¨¢s, por ejemplo, a Colombia que a Francia. Pero en ambos casos estamos por debajo de su nivel. En Colombia tambi¨¦n hace a?os, desde 1991, que funciona un Consejo del Audiovisual con amplios poderes. Ha apostado el PSPV por que no sea el CSA quien elija el director general. Como mal menor, nosotros recomendamos que se siga el consejo de Karl Popper para los responsables de la televisi¨®n y que se obligue a ese directivo a jurar que, como m¨ªnimo respetar¨¢ la civilizaci¨®n.

Josep L¨®pez y Juli¨¤ ?lvaro son periodistas.