Una ley que nos aleja de Europa

El progreso de nuestro pa¨ªs ha estado relacionado desde hace bastantes decenios con su europeizaci¨®n. El atraso, la falta de libertades en los dos ¨²ltimos siglos han tenido mucho que ver con la exaltaci¨®n de nuestra singularidad, con el orgullo proclamado por algunos de ser diferentes. Ortega lo sintetizaba de manera preclara en su afirmaci¨®n de que 'Espa?a es el problema, Europa la soluci¨®n'; as¨ª lo entendi¨® tambi¨¦n Castillejo, con su extraordinario proyecto para ampliar la formaci¨®n de nuestros universitarios en centros y laboratorios extranjeros. En el esfuerzo de normalizaci¨®n europea desarrollado durante el actual periodo democr¨¢tico, la Universidad espa?ola ha dado pasos gigantescos de aproximaci¨®n al comportamiento y las inquietudes de las instituciones europeas de educaci¨®n superior, y en ello ha tenido mucho que ver la Ley de 1983.

La LRU ha supuesto una notable base para la modernizaci¨®n de la Universidad espa?ola, ha roto con el aislamiento tradicional y el elitismo que la caracterizaron en ¨¦pocas anteriores. Sin embargo, la sociedad, afortunadamente, ha cambiado mucho en estos a?os y para satisfacer sus necesidades emergentes es f¨¢cil convenir que no es suficiente dejar que pase el tiempo sin profundizar en la reforma. El marco legislativo que rige nuestras universidades precisa una adaptaci¨®n urgente, pues la LRU en asuntos clave se muestra insuficiente o parece agotada.

Despu¨¦s de cinco a?os de silencio, sin tomar ninguna medida sustancial de pol¨ªtica universitaria, el Gobierno conservador acelera el paso y en un impulso -que tiene bastante de improvisado, donde no han cabido el debate previo ni el pacto- elabora el nuevo proyecto de Ley de Universidades. Una ley que, tras una ret¨®rica declaraci¨®n de intenciones con la que es dif¨ªcil estar en desacuerdo, no aborda ninguno de los temas nuevos que justifican el cambio legislativo. Una ley que da vueltas a las cuestiones resueltas por la LRU y pretende esencialmente su revisi¨®n ideol¨®gica, con 'esp¨ªritu' de 1983, no acorde con las expectativas sociales actuales. Una ley con inquietudes antiguas e ideas rancias que, si no rectifica, nacer¨¢ obsoleta.

La nueva ley proclama su voluntad de contribuir a la integraci¨®n del sistema universitario espa?ol en el espacio europeo de educaci¨®n superior. Es una declaraci¨®n alejada de la realidad perfilada en el texto articulado, que no contribuye en nada sustancial a la armonizaci¨®n de nuestra Universidad con la europea. Por el contrario, los cambios organizativos que propugna son divergentes con los introducidos en muchos sistemas universitarios del continente a lo largo de la ¨²ltima d¨¦cada.

El procedimiento de elecci¨®n del rector es un ejemplo de c¨®mo esta ley nos distanciar¨ªa de las universidades europeas avanzadas, cuyas reformas recientes no se han centrado en la elecci¨®n de los dirigentes, sino en que las estructuras organizativas sean m¨¢s flexibles, en la introducci¨®n equilibrada de incentivos y programas de evaluaci¨®n, en que se faciliten las investigaciones multidisciplinarias (dificultadas por el obsoleto cat¨¢logo de ¨¢reas de conocimiento vigente, que la ley mantiene), etc¨¦tera. Otro ejemplo de alejamiento de Europa (hay muchos m¨¢s) lo marca la ausencia de un cap¨ªtulo en la ley que se ocupe de las relaciones de la Universidad con su entorno, donde se establezcan cauces para la participaci¨®n en los proyectos ciudadanos y las transformaciones tecnol¨®gicas.

La ley ignora el valor de la pedagog¨ªa y la formaci¨®n del profesorado. Mientras que en la mayor parte de los pa¨ªses europeos se est¨¢n tomando medidas para revalorizar las actividades pedag¨®gicas de los profesores, redefinirlas e incentivarlas, la nueva ley se ocupa s¨®lo, con mucho detalle reglamentario, de la forma en que han de seleccionarse los docentes y no de capacitarlos para la transmisi¨®n de conocimientos, ni de estimular sus tareas de coordinaci¨®n de las ense?anzas, ni de incorporar las nuevas tecnolog¨ªas educativas en el aprendizaje, ni tampoco del apoyo continuado a los estudiantes. Esta ley no anima al cambio de actitud de los profesores ni al papel protagonista de los alumnos en su formaci¨®n. Ante el atrevimiento de otros europeos en esta cuesti¨®n, aqu¨ª s¨®lo se propone un horizonte de rutina.

M¨¢s valdr¨ªa que aprendiesen de experiencias ajenas e incorporasen alguno de los buenos resultados de nuestros vecinos europeos, en lugar de inventarlo todo de nuevo -de 'ser diferentes', con las connotaciones hist¨®ricas tan oscuras que ello representa- como pretende la nueva ley. Podr¨ªan aprender de otros analizando los procesos de descentralizaci¨®n seguidos en Alemania o los Pa¨ªses Bajos, las necesidades de coordinaci¨®n que plantean y de qu¨¦ manera una pol¨ªtica universitaria eficaz y cre¨ªble requiere financiaci¨®n espec¨ªfica. Si nuestras universidades est¨¢n alejadas de los valores medios europeos en su financiaci¨®n, m¨¢s alejadas se encuentran los sistemas de ayuda a los estudiantes y los mecanismos de asignaci¨®n de recursos, cuestiones que la ley no aborda con rigor. Tambi¨¦n podr¨ªan aprender de otros (de Francia, de Dinamarca, de Suecia, etc¨¦tera) y dise?ar unos programas de estudio menos cargados y menos complejos.

No nos debemos resignar aceptando aquello que dec¨ªa Pascal: 'Verdad m¨¢s ac¨¢ de los Pirineos, error m¨¢s all¨¢'. No es un camino afortunado el que abre la nueva ley. Una ley que nos aleja de Europa.

Francisco Michavila es catedr¨¢tico y dirige la C¨¢tedra Unesco de Gesti¨®n y Pol¨ªtica Universitaria de la Universidad Polit¨¦cnica de Madrid.