La violencia, ¨²nico l¨ªmite

Hace casi un cuarto de siglo que nuestra democracia se rige por una Constituci¨®n de derechos y por la libertad de partidos. Esta libertad ha sido siempre la obsesi¨®n de los dem¨®cratas -y particularmente de la izquierda- despu¨¦s del sufrimiento de una largu¨ªsima dictadura cuya ideolog¨ªa b¨¢sica era la maldad intr¨ªnseca de los partidos pol¨ªticos. Por eso, no s¨®lo la Constituci¨®n, sino tambi¨¦n la Ley Electoral, los reglamentos parlamentarios o la financiaci¨®n de los partidos tienen una filosof¨ªa central: fortalecer el pluralismo pol¨ªtico.

Durante 25 a?os, la legislaci¨®n de partidos no ha establecido m¨¢s l¨ªmite real y concreto a ¨¦stos que el C¨®digo Penal, de modo que si un partido comete delitos puede y debe ser ilegalizado. Nunca se ha aplicado esta sanci¨®n, entre otras cosas porque el Derecho penal est¨¢ pensado para personas f¨ªsicas, no para organizaciones. Para haber ilegalizado a un partido pol¨ªtico habr¨ªa que haber demostrado su complicidad (la de todo el partido) en delitos concretos, graves, reiterada y continuadamente. Algo extremadamente dif¨ªcil de probar.

En este tiempo, la actividad terrorista de ETA -acosada por la acci¨®n judicial y policial y por la cooperaci¨®n internacional- ha descendido en magnitud cuantitativa de atentados, pero ha evolucionado hacia una estrategia en la que el terrorismo de baja intensidad, la violencia callejera y la complicidad pol¨ªtica de Batasuna han adquirido un fuerte relieve. Batasuna permite a ETA una capacidad de penetraci¨®n en ¨¢mbitos sociales, medi¨¢ticos y econ¨®micos que ETA por s¨ª misma no podr¨ªa lograr. No estamos hablando de delitos cometidos por Batasuna, sino de acci¨®n pol¨ªtica, en sentido amplio, de apoyo directo a ETA, y de acoso a otros partidos, impidiendo el pluralismo de la sociedad vasca.

De otro lado, una hipot¨¦tica funcionalidad tribunicia de Batasuna no se ha dado, ni hay condiciones para que se d¨¦. Es decir, Batasuna no est¨¢ produciendo ni liderando una doctrina o cultura pol¨ªtica de fin del 'conflicto' parecida a la del Sinn Fein, porque est¨¢ dominada pol¨ªticamente por ETA. Por esa raz¨®n, una posible soluci¨®n irlandesa de paz ni est¨¢ ni se la espera. El fracasado desarrollo de Lizarra lo puso di¨¢fanamente de manifiesto, y eso lo sabe muy bien el nacionalismo democr¨¢tico vasco: PNV, EA y otros partidos escindidos de Batasuna.

Todo esto, pero no s¨®lo, sirve para entender el origen del proyecto de Ley de Partidos, que regula una v¨ªa no penal de ilegalizaci¨®n al convertir en il¨ªcitas las conductas pol¨ªticas de apoyo al terrorismo o la violencia. Es una v¨ªa diferente a la penal, porque no sanciona delitos de un partido (para eso est¨¢ el C¨®digo), sino una conducta pol¨ªtica real de apoyo a la violencia y a la estrategia del terror, utilizando la esfera institucional, social o econ¨®mica.

Lo que ha ocurrido con el proyecto de Ley de Partidos es que el Gobierno, en un ejercicio de unilateralismo, remiti¨® al Parlamento un proyecto que iba m¨¢s all¨¢ del objeto exclusivo de combatir la violencia, que es el n¨²cleo del Pacto Antiterrorista. Valga s¨®lo un ejemplo: el art¨ªculo 9.2 del proyecto pon¨ªa fuera de la ley a todo partido que 'no se ajuste' a 'los valores constitucionales'. ?Qu¨¦ quiere decir eso? Imposible saberlo. ?Qu¨¦ tiene que ver con el terrorismo? Muy poco. Sucede lo mismo con multitud de conceptos jur¨ªdicos indeterminados que son fuente de arbitrariedad y que figuran en el art¨ªculo 9 del proyecto.

Pues bien, ese art¨ªculo, tras la ¨²ltima negociaci¨®n entre el Gobierno y el Partido Socialista, ha desaparecido. El futuro art¨ªculo 9.2 solamente permitir¨¢ ilegalizar a un partido por su 'actividad' (no por sus ideas) si tal actividad consiste en apoyar pol¨ªticamente o colaborar con la violencia o con esa forma suprema de opresi¨®n que es el racismo. Y, repito, se trata de un apoyo pol¨ªtico -no directamente delictivo- manifestado en conductas que la ley definir¨¢ de forma concreta y tasada (art¨ªculo 9.3), para evitar cualquier abuso.

?Alguien puede estar en contra de que en nuestra democracia no quepa, ni se pueda financiar p¨²blicamente, un partido que apoye la violencia? ?se es genuinamente el ¨²nico l¨ªmite que debe tener la libertad de partidos. En la Espa?a y la Europa del siglo XXI nos negamos a que la violencia pueda ser nunca m¨¢s la partera de nuestra historia. Esa convicci¨®n es parte esencial de los valores y del proyecto de construcci¨®n europea.

Es cierto que hay fuerzas pol¨ªticas que han alzado la voz ante un proyecto criticable en su redacci¨®n inicial. En ello est¨¢n basadas, en parte, las enmiendas de CiU, PNV, IU o Grupo Mixto. Pero los errores criticados se han subsanado. El Gobierno ha admitido las propuestas socialistas, y hay que felicitarle por ello. La ley no ser¨¢ retroactiva. La ley establecer¨¢ las conductas tasadas (no con el car¨¢cter abierto del proyecto originario) por las que se puede ilegalizar un partido. La ley sanciona conductas, no ideas, aunque ¨¦stas sean opuestas a la Constituci¨®n, propugnen la rep¨²blica, el independentismo o la autodeterminaci¨®n. Y s¨®lo un tribunal podr¨¢ decidir la ilegalizaci¨®n en base a actividades 'reiteradas y graves' de un partido que utilice la violencia y la coacci¨®n como arma pol¨ªtica. En coherencia con todo ello, los citados partidos deber¨ªan ir constructivamente a una discusi¨®n parlamentaria que puede mejorar la ley y a un acuerdo que debiera ser casi un¨¢nime, trat¨¢ndose de la Ley de Partidos, porque la unidad de los dem¨®cratas sigue siendo factor imprescindible para aislar y asfixiar al terror.

La sociedad espa?ola -y vasca- seguro que lo entiende. Y el hecho de que hayamos tenido que esperar tanto tiempo para que los dos grandes partidos hayan podido pactar una ley as¨ª no es raz¨®n para rechazarla. Estamos ante un debate del que saldr¨¢ una ley que s¨®lo puede interpretarse como fortalecimiento de la calidad de una democracia pac¨ªfica y pacifista, que no puede admitir que la violencia sea un factor determinante del juego pol¨ªtico y lo sea de forma impune.

Es una ley para durar muchos a?os, no s¨®lo para un caso o una coyuntura. No es una ley para ilegalizar partidos, sino para ilegalizar conductas. Si a partir de ahora ning¨²n partido apoya la violencia, no podr¨¢ haber decisiones de ilegalizaci¨®n, porque la ley es para el futuro, no para el pasado, aunque no pueda desconocerlo.

Quedan algunas reflexiones por hacer. Primera: el debate es libre, y oponerse a esta ley no es estar con el terrorismo, pero desde luego es no contribuir a un paso necesario para combatirlo; se trata de evitar que ETA se sirva de una organizaci¨®n pol¨ªtica que se presenta a las elecciones y usa contra la democracia los espacios que proporciona. Segunda: una ley como ¨¦sta tiene que ser administrada y aplicada con lealtad al Estado de derecho y con el mismo esp¨ªritu de consenso que va a presidir su aprobaci¨®n, pues, en caso contrario, se podr¨ªa contribuir a debilitar la democracia en vez de a reforzarla. Tercera y ¨²ltima: la Ley de Partidos est¨¢ abierta a todas las aportaciones positivas, porque su objeto no puede ser otro que combatir eficazmente dos de los m¨¢s graves problemas que alarman hoy a los dem¨®cratas europeos: la xenofobia y la violencia.

Diego L¨®pez Garrido es diputado socialista y portavoz en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso.