Por decreto-ley

Hay decisiones que revelan un estilo; y la que tom¨® el Consejo de Ministros de aprobar por decreto-ley la reforma de la protecci¨®n por desempleo, de forma que entre en vigor el pr¨®ximo lunes, revela un estilo autoritario, al margen de que la posterior tramitaci¨®n parlamentaria permita introducir enmiendas al texto. Nada nuevo bajo el sol. Muchas de las recientes iniciativas gubernamentales, desde la reforma de la ense?anza a sus actitudes sobre el problema de la inmigraci¨®n responden a ese mismo talante, aliado con una concepci¨®n un¨ªvoca de Espa?a y la democracia. El Gobierno disfraza su iniciativa con p¨ªas referencias a la necesidad de estimular la b¨²squeda activa de empleo por parte de quienes lo han perdido; sin embargo, el recurso a la f¨®rmula del decreto-ley confirma que su motivaci¨®n principal es responder a la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos con un acto de firmeza. En su af¨¢n por ganar ese pulso, est¨¢ dispuesto a poner en peligro el delicado sistema de negociaci¨®n y acuerdo con las fuerzas sociales que exige una sociedad democr¨¢tica avanzada y que el Gobierno ha exhibido como patrimonio pol¨ªtico en los momentos en que le conven¨ªa.

?Qu¨¦ razones de 'extraordinaria y urgente necesidad', tal como exige el texto constitucional, justifican la aprobaci¨®n por decreto-ley de una reforma sobre la percepci¨®n por desempleo? Ninguna. El Instituto Nacional de Empleo (Inem) presenta un super¨¢vit de casi 3.000 millones de euros (medio bill¨®n de pesetas), que el equipo econ¨®mico est¨¢ utilizando para cuadrar las cuentas del Estado en un dudoso ejercicio de contabilidad creativa. Los problemas de fraude y abuso, que sin duda existen, no pueden considerarse un mal end¨¦mico ni generalizado y, por otra parte, tampoco constituyen una novedad en el panorama de nuestra seguridad social. Pueden y deben corregirse, adem¨¢s, mediante el reforzamiento de la inspecci¨®n y la aplicaci¨®n de normas ya existentes, contando con la colaboraci¨®n de los sindicatos.

El ministro de Trabajo dijo el domingo que el Gobierno aprobar¨ªa la reforma, 'con o sin consenso, para lograr el pleno empleo'. Sin embargo, es insostenible que sus propuestas vayan a favorecer seriamente la creaci¨®n de puestos de trabajo, al margen los ahorros eventuales que pueda suponer para algunas empresas la desaparici¨®n del llamado 'salario de tramitaci¨®n'. Si la reforma se hubiera orientado hacia la creaci¨®n de empleo, habr¨ªa tenido que entrar a fondo en el deficiente funcionamiento del Inem como agente de intermediaci¨®n y apostar por medidas no coercitivas, primando la capacitaci¨®n y el reciclaje profesional de los desempleados.

Excluidas las motivaciones t¨¦cnicas, s¨®lo quedan las pol¨ªticas. El Gobierno ya impuso a los sindicatos una reforma de la contrataci¨®n laboral en marzo de 2001; quiz¨¢ midi¨® mal la resistencia que las centrales estaban dispuestas a presentar en esta ocasi¨®n y se ha visto obligado a elevar el envite conforme los sindicatos consolidaban su oposici¨®n cerrada a los cambios patrocinados por el Ministerio de Trabajo. Durante un mes, el Gobierno ha demostrado su incapacidad para llevar a buen puerto cualquier conversaci¨®n que no se desarrollara en t¨¦rminos impositivos. Los sindicatos, por su parte, han hecho su particular contribuci¨®n a esta espiral absurda, enred¨¢ndose en un di¨¢logo de sordos y enarbolando la amenaza de la huelga general desde el primer momento. Han contestado, as¨ª, a la rigidez con la rigidez, quiz¨¢s necesitados de volver a escalar algunos puestos en un liderazgo social que ejercen cada d¨ªa menos. De modo que existen motivaciones pol¨ªticas en las posturas de ambas partes y nada de raro hay en ello, porque, como dicen los m¨¢s viejos del lugar, una huelga general es siempre pol¨ªtica. Y tiene derecho a serlo.

La huelga es un derecho constitucional, normal en todos los pa¨ªses democr¨¢ticos, y no debe criminalizarse su ejercicio, ni contraponer al mismo el 'prestigio de Espa?a' o ret¨®ricas de ese tenor. Pero es m¨¢s que dudoso que la sociedad espa?ola reclame el recurso a esa forma extrema de protesta, que pod¨ªa haber estado precedida por paros limitados, demostraciones y manifestaciones antes de que los sindicatos se lanzaran en tromba a utilizar medida tan severa. Las centrales obreras asumen un riesgo considerable al plantear este ¨®rdago, que puede resultar costoso para la econom¨ªa espa?ola y que afecta inevitablemente a muchos ciudadanos que no se sienten concernidos por este pulso entre sindicatos y Gobierno. El empecinamiento de ¨¦ste en no agotar las v¨ªas de di¨¢logo choca as¨ª frontalmente con un maximalismo peligroso. Que el Gobierno no tenga raz¨®n no significa que s¨ª la tengan los sindicatos a la hora de hacer esta convocatoria. Por lo dem¨¢s, en la misma medida en que ¨¦stos invocan su derecho a la huelga, est¨¢n obligados a ganarla limpiamente y a garantizar a los ciudadanos que no convertir¨¢n esa acci¨®n leg¨ªtima en un ejercicio de coacci¨®n sobre aquellos que quieran ejercer el 20 de junio su derecho a trabajar, igualmente constitucional.

Si alguien quisiera poner remedio a este litigio, dir¨ªamos que queda todav¨ªa tiempo para la reflexi¨®n. Pero ni el Gobierno ni los sindicatos parecen pretender hoy nada diferente a un desaf¨ªo mutuo en el terreno de los principios. De retos semejantes, por lo com¨²n, siempre salen mal paradas ambas partes, y con ellas, el inter¨¦s de los m¨¢s, cuya representaci¨®n se arrogan unos y otros.