Enclaves episcopales

La r¨¦plica inicial del Gobierno a la carta pastoral -Preparar la paz- publicada el pasado jueves por los obispos del Pa¨ªs Vasco resulta dif¨ªcilmente comprensible para la opini¨®n laica de una sociedad secularizada. El 'disgusto y malestar' expresado por el ministro Piqu¨¦ al nuncio a prop¨®sito de ese documento episcopal y la queja presentada a la Secretar¨ªa de Estado del Vaticano por el embajador ante la Santa Sede parecen sacados de la guardarrop¨ªa de un polvoriento drama hist¨®rico; a comienzos del siglo XXI, el desplazamiento al ¨¢mbito diplom¨¢tico de los conflictos entre los gobernantes de un Estado democr¨¢tico y los ciudadanos de su misma nacionalidad administradores de una confesi¨®n religiosa resulta esperp¨¦ntico. La reclamaci¨®n del ministro de Asuntos Exteriores ante la Santa Sede no ha tenido -al menos hasta ahora- m¨¢s ¨¦xito que la protesta dom¨¦stica cursada simult¨¢neamente a la Conferencia Episcopal.

?C¨®mo cuadra este pintoresco episodio con el art¨ªculo 16 de la Constituci¨®n de 1978, seg¨²n el cual 'ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal?'. El escandaloso precio cobrado por el Vaticano a Franco a cambio de la ayuda interior e internacional prestada durante la guerra y el temor de los Gobiernos de la transici¨®n a las consecuencias desestabilizadoras para las instituciones democr¨¢ticas de una pol¨ªtica dirigida a mermar las abusivas ventajas arrancadas por la Iglesia a la dictadura contienen la respuesta a esa pregunta. El Concordato de 1951 confiri¨® exorbitantes privilegios a la jerarqu¨ªa cat¨®lica en materias propias de la soberan¨ªa estatal: desde fondos presupuestarios y beneficios fiscales hasta el control de la educaci¨®n, pasando por la polic¨ªa de las costumbres y la censura de publicaciones y espect¨¢culos; los acuerdos de 1979 consagraron la cesi¨®n de un enclave clerical dentro del Estado no confesional a los obispos de designaci¨®n vaticana.

Lejos de limitar ese ¨¢mbito de extraterritorialidad, Aznar ha promovido hasta ahora su expansi¨®n. La aparici¨®n c¨®mico-picaresca del ec¨®nomo del Arzobispado de Valladolid en el esc¨¢ndalo de Gescartera permite vislumbrar c¨®mo la Iglesia administra los dineros recibidos del Estado o de los fieles y se aprovecha de las exenciones fiscales. El sonrojante regalo hecho a la Conferencia Episcopal Espa?ola por la ministra de Educaci¨®n, dispuesta a situar el adoctrinamiento catequ¨ªstico dentro de la Ley de Calidad como una asignatura de Sociedad, Cultura y Religi¨®n, marcha en paralelo con la discriminaci¨®n laboral padecida por los profesores que los obispos contratan para propagar el catolicismo.

Como sucede con las mu?ecas rusas, el enclave dentro del Estado no confesional administrado por la Conferencia Episcopal contiene otro espacio aut¨®nomo: la Iglesia del Pa¨ªs Vasco. El emparejamiento matrimonial entre nacionalismo y clero se remonta a los tiempos de Sabino Arana y del proyecto de Gibraltar vaticanista descrito por Indalecio Prieto durante la etapa republicana: si el texto Preparar la paz refleja las actuales ideas del PNV, la truculenta proclama difundida dos d¨ªas despu¨¦s por 358 belicosos sacerdotes est¨¢ al servicio de Batasuna. A diferencia del combativo documento de los curas radicales, la moderada carta pastoral condena de manera rotunda a ETA (incluidos sus c¨®mplices), muestra preocupaci¨®n por los concejales del PP y del PSOE sometidos a las amenazas terroristas y admite el pluralismo de identidades compartidas dentro del Pa¨ªs Vasco. El desaforado rebote del Gobierno ante la carta pastoral tiene otros motivos: abstracci¨®n hecha de sus referencias a la tortura y al acercamiento de los presos, los puntos m¨¢s oscuros del texto son la descalificaci¨®n sin ning¨²n argumento jur¨ªdico o moral de la Ley de Partidos, la condena equidistante de la 'fuerza ciega' y del 'puro imperio de la ley' como v¨ªas para construir 'la casa com¨²n' vasca y el pragm¨¢tico rechazo de cualquier forma de ilegalizaci¨®n del brazo pol¨ªtico de la banda terrorista, 'sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA'. Pero la Ley de Partidos no es la primera norma sometida a presiones episcopales en su tramitaci¨®n parlamentaria: los obispos (espa?oles y vascos) tambi¨¦n intentaron impedir a?os atr¨¢s, con la connivencia entonces no del PNV, sino de los populares, la aprobaci¨®n de las leyes de divorcio, del aborto y de la ense?anza.