Poderes menos dorados

El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, con sede en Luxemburgo, dict¨® el pasado martes una sentencia triple sobre el uso de la acci¨®n de oro, en la que por primera vez se delimita el ¨¢mbito de acci¨®n de los Gobiernos europeos cuando deciden acudir a este instrumento para impedir la entrada de capital extranjero en empresas estrat¨¦gicas privatizadas.

El pronunciamiento de los jueces puede tener consecuencias importantes para Espa?a ya que puede ser utilizada por Luxemburgo para condenar el poder de veto del Gobierno en Telef¨®nica, Repsol, Endesa, Indra e Iberia y por Bruselas para cuestionar la legalidad de la ley que impide la inversi¨®n extranjera en el mercado energ¨¦tico.

Hace un a?o se produjo un intenso debate en la Comisi¨®n Europea sobre el recurso a la acci¨®n de oro, que qued¨® en tablas a la espera de lo que dijera el Tribunal de Justicia de la UE en tres casos muy representativos: el decreto franc¨¦s que concede al Gobierno un poder especial en Elf-Aquitaine, la ley portuguesa que limita la participaci¨®n de capital extranjero en empresas privatizadas y la ley belga que pone l¨ªmites a la venta de parte de las compa?¨ªas Sociedad Nacionale de Transport par Canalisation y Distrigaz. El pasado martes se conoci¨® la triple sentencia, que conden¨® a Francia y Portugal por utilizaci¨®n abusiva de ese instrumento. B¨¦lgica se libr¨® de la reprimenda.

El pronunciamiento de los jueces es importante por dos motivos. El primero, porque por primera vez el Tribunal de Justicia fija el marco jur¨ªdico que en la UE se debe seguir a la hora de aplicar este mecanismo de control que ostentan los Gobiernos sobre las antiguas compa?¨ªas p¨²blicas privatizadas. La Comisi¨®n Europea ha seguido hasta ahora los principios recogidos en una comunicaci¨®n de 1997 para analizar estas legislaciones y llevarlas ante Luxemburgo por considerarlas contrarias a la libre circulaci¨®n de capitales y de establecimiento. La Corte europea considera que la acci¨®n de oro est¨¢ justificada en sectores estrat¨¦gicos por razones imperiosas de inter¨¦s general y si incluye criterios objetivos, como ha defendido hasta ahora Bruselas y que no descarta formalizar en la pr¨®xima directiva de OPA.

Precedente para Espa?a

El segundo motivo de inter¨¦s es por la repercusi¨®n que pueda tener en la causa en curso contra Espa?a y Reino Unido, ya que marca un precedente legal importante para los jueces europeos a la hora de juzgar la acci¨®n de oro que conserva el Ejecutivo espa?ol en las compa?¨ªas Telef¨®nica, Endesa, Repsol, Indra e Iberia tras su privatizaci¨®n. La decisi¨®n del martes puede servir tambi¨¦n de excusa para que la Comisi¨®n Europea cuestione la Ley de Acompa?amiento a los Presupuestos generales que impide a las empresas extranjeras con capital p¨²blico entrar en el mercado energ¨¦tico espa?ol, como sucede con la legislaci¨®n portuguesa.

El ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, asegur¨®, tras conocer la decisi¨®n de los jueces, que la legislaci¨®n espa?ola respeta el Tratado de la UE. Las tres sentencias deben someterse ahora a un profundo an¨¢lisis en Bruselas y en Madrid para poder determinar sus consecuencias legales. Rato asegura que la acci¨®n de oro espa?ola se aproxima m¨¢s a la belga (la bendecida) que a la francesa (la condenada). Sin embargo, existe una diferencia importante que puede plantear problemas, seg¨²n los expertos. Al Gobierno espa?ol le basta con una mera declaraci¨®n de intenciones de la empresa extranjera que quiera entrar en el capital de esas cinco para activar el veto a la operaci¨®n, mientras que el belga s¨®lo interviene a posteriori tras analizar c¨®mo ha quedado la estructura empresarial.