Las peticiones de indemnizaci¨®n destapan 400 nuevos afectados por la estafa de Gescartera
La mayor¨ªa de los 1.800 reclamantes tiene problemas para acreditar su inversi¨®n
Un total de 1.800 clientes de Gescartera han reclamado ya indemnizaci¨®n al Fondo General de Garant¨ªa de Inversiones. Esta cifra es superior en casi 400, un 30% m¨¢s, a las 1.383 reclamaciones presentadas ante la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ninguno ha cobrado porque, en su mayor¨ªa, no acredita su inversi¨®n u omite una importante formalidad: no ha suscrito la declaraci¨®n jurada por la que garantiza que no est¨¢ incurso en las causas de exclusi¨®n del cobro y, al mismo tiempo, autoriza a recabar datos de terceros (juzgados, bancos, organismos p¨²blicos) para verificar la suma reclamada.
La gestora debe pagar a los inversores s¨®lo cuando 'quede comprobado' su derecho a reclamar. Por tanto, la gestora ha de comprobar con terceros la documentaci¨®n que aportan los clientes de Gescartera. Y aqu¨ª surge un serio escollo: 'En el caso de Gescartera hay unas diligencias en la Audiencia Nacional declaradas secretas, y es una sociedad en la que no hay nadie que nos pueda responder. Por eso, nos cuesta mucho determinar qui¨¦n es el sujeto que nos puede proporcionar una comprobaci¨®n de terceros', explican en la gestora. Hay m¨¢s problema que complican la devoluci¨®n de lo invertido, hasta un m¨¢ximo de 20.000 euros.
- Documentaci¨®n deficiente. 'La documentaci¨®n que aportan los clientes de Gescartera es muy deficiente. No tienen contratos, o los contratos no est¨¢n firmados. O los extractos no est¨¢n actualizados, lo que genera la posibilidad de que ese dinero haya sido recuperado con anterioridad a la fecha de incumplimiento. Llamamos fecha de incumplimiento a octubre de 2001, aunque estaba intervenida desde junio, y no ha salido ning¨²n pago'.
- Declaraci¨®n omitida. Se trata del escollo definitivo. Gran parte de los reclamantes omiten la preceptiva declaraci¨®n jurada donde deben asegurar que no est¨¢n incursos en ninguna causa de exenci¨®n del cobro y que autorizan a la gestora a pedir datos a terceros para verificar la legalidad y legitimidad de su reclamaci¨®n. 'El formato de formulario que elegimos no era caprichoso. Porque tenemos la obligaci¨®n legal de comprobar su inversi¨®n. Y el inversor tiene derecho a mantener como confidenciales ciertos datos. Pero para que nosotros podamos acceder a la informaci¨®n de terceros, sin incumplir el ordenamiento vigente y para que nos contesten, debemos tener una declaraci¨®n del inversor autoriz¨¢ndonos a que hagamos las comprobaciones que estimemos oportunas'. Frases como 'autorizo a la gestora del fondo a efectuar cuantas comprobaciones estime oportunas para verificar el contenido de la presente reclamaci¨®n' y 'me comprometo a entregar cuanta documentaci¨®n adicional requiera' han debido inquietar a muchos inversores de Gescartera, que han optado, sin m¨¢s, por no firmar la solicitud. Ser¨ªa tanto como dar luz verde a la gestora para pedir datos a terceros -como juzgados, Hacienda, Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o bancos, por ejemplo- sobre la legitimidad de la reclamaci¨®n solicitada y esto ha espantado a decenas de inversores.
- Intensa criba. Pero la criba de la gestora va m¨¢s lejos. Debe evitar que cobren indemnizaci¨®n los inversores no incluidos en los anteriores cap¨ªtulos (la constelaci¨®n de empresas del grupo Gescartera) pero que 'sean responsables directa o indirectamente de la situaci¨®n de deterioro patrimonial de la entidad o sean beneficiarios directos de actos de la empresa que hayan provocado dicho deterioro', y las personas que 'act¨²en por cuenta de cualesquiera de los inversores excluidos'. Y, por ¨²ltimo, debe impedir que reciban indemnizaci¨®n los inversores que hubieran confiado fondos con quebrantamiento por su parte o de la sociedad de inversi¨®n de las medidas de prevenci¨®n del blanqueo de capitales'.
De hecho, la norma proh¨ªbe resarcir a quien haya invertido en Gescartera en un para¨ªso fiscal. As¨ª, si se demostrara que Euroinvestment, sociedad radicada en un para¨ªso fiscal, invirti¨® desde dicho lugar los 765.000 euros en Gescartera que demanda, su derecho al cobro se ver¨ªa comprometido.
Tambi¨¦n deber¨¢ estudiar la gestora que atiende las reclamaciones de indemnizaci¨®n el papel que han desempe?ado los p¨¢rrocos reclamantes que afirman haber sufrido multimillonarias p¨¦rdidas.
En todo caso, si bien el plazo no tiene fin para presentar reclamaciones, si cada reclamente obtuviera el m¨¢ximo de indemnizaci¨®n previsto -algo impensable, porque muchos invirtieron por debajo de ese tope de 20.000 euros-, el coste se elevar¨ªa a 36 millones de euros, menos de la mitad del agujero generado por los gestores de Gescartera.
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