Hora de di¨¢logo

El gobierno acogi¨® la sugerencia hecha por La Rep¨²blica y envi¨® a Arequipa una comisi¨®n negociadora de alto nivel presidida por monse?or Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, e integrada por el padre Gast¨®n Garatea, el doctor Jorge Santistevan de Noriega y los ministros de Relaciones Exteriores, Educaci¨®n, Defensa e Industria.

Por desgracia, ya desde el primer momento en que la Comisi¨®n se dirig¨ªa al Colegio San Jos¨¦ para dar inicio a su delicada misi¨®n comenzaron los problemas. En primer lugar, el bus en el que viajaban los comisionados fue apedreado por v¨¢ndalos que evidenciaron as¨ª sus tendencias violentistas. En segundo lugar, el alcalde de Arequipa, doctor Juan Manuel Guill¨¦n, renunci¨® inicialmente a encabezar la delegaci¨®n mistiana y se hizo representar.

Pero no es momento de detenerse en estas formalidades. Cabe s¨ª preguntarse si el di¨¢logo es posible cuando de ambos lados aparece sometido a condiciones. Del lado del alcalde Guill¨¦n ¨¦stas son tres: suspender la privatizaci¨®n de Egasa y Egesur, levantar el estado de emergencia y desagraviar al pueblo arequipe?o, vejado por los ministros Olivera y Rospigliosi.

Pero del lado del gobierno tambi¨¦n aparece un condicionamiento que puede llevar el di¨¢logo a un callej¨®n sin salida: no tocar el asunto de la privatizaci¨®n de Egasa y Egesur, que para el Ejecutivo y sus asesores neoliberales es un hecho consumado. Creemos que toda condici¨®n previa dificulta que las partes puedan entenderse y que una negociaci¨®n es un intercambio de concesiones, sin lo cual no hay acuerdo posible.

Por lo dem¨¢s, no es cierto que la privatizaci¨®n de Egasa y Egesur sea un asunto sacramentado. El caso est¨¢ pendiente de un fallo judicial que el gobierno se ha comprometido a acatar y que podr¨ªa retornar las cosas a fojas cero. Desde aqu¨ª creemos que hay razones para anular esta malhadada privatizaci¨®n y lo hemos dicho: la primera es que se trata de un remate con un ¨²nico postor, lo cual desnaturaliza el objetivo de premiar la mejor oferta; la segunda es que Tractebel est¨¢ siendo investigada por el Congreso y la Fiscal¨ªa por un presunto soborno.(...)

Existen razones de fondo que obligan a replantear todo el proceso de privatizaci¨®n y es que ¨¦ste es rechazado por la inmensa mayor¨ªa de los peruanos (66% en Lima y m¨¢s del 80% en provincias). Tal como lo afirmamos ayer, la privatizaci¨®n no forma parte del sentido com¨²n ciudadano, que la considera perjudicial al inter¨¦s nacional y fuente de corrupci¨®n, tal como ocurri¨® bajo el fujimontesinismo.

La Rep¨²blica no es contraria a la privatizaci¨®n, pero s¨ª al modelo vertical y desnacionalizador practicado por la dictadura y reiterado en este caso. Hay otras formas de privatizar, y el Estado deber¨¢ persuadir a la ciudadan¨ªa de que son necesarias. Pero eso vendr¨¢ despu¨¦s: ahora lo que interesa es resolver la protesta del sur, y para ello nada mejor que negociar con buena voluntad, sin condiciones y sabiendo reconocer errores. Y sobre todo, corregirlos.

Lima, 19 de junio