El Supremo de EE UU prohibe la ejecuci¨®n de discapacitados mentales por inconstitucional
M¨¢s de 200 est¨¢n en el 'corredor de la muerte', seg¨²n grupos de derechos humanos
El Tribunal Supremo de Estados Unidos declar¨® ayer inconstitucional la aplicaci¨®n de la pena de muerte a los discapacitados mentales, reconociendo en su fallo que los tiempos han cambiado y la sociedad estadounidense est¨¢ mayoritariamente en contra. Fue un voto hist¨®rico pero no un¨¢nime. Los tres miembros m¨¢s conservadores de los nueve magistrados de la m¨¢xima corte del pa¨ªs expresaron su desacuerdo con este fallo en t¨¦rminos poco usuales, criticando a sus colegas por haberse dejado influir 'por la opini¨®n p¨²blica y la comunidad internacional'.
El presidente del Supremo, William Rehnquist, incluso se neg¨® a utilizar el formulismo habitual en los fallos judiciales, que acaban con un 'respetuosamente', y concluy¨® su disensi¨®n diciendo: 'Con el convencimiento de que esta es una decisi¨®n seriamente equivocada, disiento'. Los otros dos magistrados que se opusieron fueron Antonin Scalia y Clarence Thomas, que habitualmente forman el n¨²cleo ultraconservador del alto tribunal de Estados Unidos.
En nombre de la mayor¨ªa, el magistrado Paul Stevens sostuvo que 'es justo decir que se ha desarrollado un consenso nacional en contra, que refleja incuestionablemene la opini¨®n de la mayor¨ªa sobre la relativa culpabilidad de los delincuentes discapacitados mentales'. En otro p¨¢rrafo del dictamen escrib¨ªa: 'Muchos condenados discapacitados distinguen entre obrar bien y mal, pero son m¨¢s proclives a actuar por impulsos o ser convencidos por otros. Sus deficiencias no merecen una exenci¨®n de castigo, pero disminuyen su culpabilidad'.
El fallo de ayer anul¨® otro del propio Tribunal Supremo de 1989, que consideraba que la pena capital no era un castigo 'cruel e inusual' para los discapacitados mentales, y que ha estado vigente hasta ahora en los 38 estados en los que la pena de muerte es legal. En 1989, s¨®lo el Gobierno federal y dos de los 50 estados prohibieron las ejecuciones de discapacitados mentales, mientras que en la actualidad son 20. De los 38 estados con pena capital, 18 la permit¨ªan hasta ayer.
Desde que la pena de muerte se restableci¨® en Estados Unidos en 1976 al menos 35 personas con distintos grados de discapacidad mental han sido ejecutadas. Se desconoce el n¨²mero exacto de los discapacitados que est¨¢n actualmente condenados, pero las organizaciones de derechos civiles sit¨²an la cifra entre 200 y 300, entre el total de 3.700 reos que aguardan en el corredor de la muerte en todo el pa¨ªs. El fallo no liberar¨¢ a los convictos de cumplir cadena perpetua, pero previsiblemente facilitar¨¢ el que muchos condenados a muerte apelen sus casos aduciendo retraso mental.
Legalmente, en Estados Unidos se considera discapacitado a quien tiene un coeficiente mental inferior a 70 (el promedio normal es de 100). Daryl Renard Atkins, el condenado cuyo caso propici¨® el dictamen de ayer, tiene un coeficiente de 59.
Atkins fue condenado por la muerte de un oficial de aviaci¨®n al que secuestr¨® con la ayuda de un c¨®mplice para robarle en 1996. Despu¨¦s relat¨® a la polic¨ªa c¨®mo le usurparon el dinero, le dispararon ocho veces y tiraron su cuerpo en un bosque, demostrando con ello, seg¨²n la organizaci¨®n de derechos humanos Human Righs Watch, su incapacidad para entender la seriedad de los hechos y sopesar las ramificaciones de su confesi¨®n.
Celebraci¨®n del fallo
Distintos sectores de la sociedad estadounidense celebraron ayer el fallo. Richard Dieter, director del Centro de Informaci¨®n sobre la Pena de Muerte, dijo que 'al menos hemos detenido una pr¨¢ctica que el resto del mundo considera abominable'. Y el congresista dem¨®crata Russ Feingold la calific¨® como 'un giro extraordinario en el curso de la historia de nuestra naci¨®n'.
El fallo del Tribunal Supremo se produce en momentos en que el Congreso estadounidense estudia una reforma de la ley para impedir que se ejecute a personas cuya inocencia fue revelada cuando ya era demasiado tarde, como ha ocurrido en varias ocasiones. La propuesta asegura que los acusados tienen derecho a pedir pruebas de ADN y a una defensa legal apropiada para evitar atrocidades como la del abogado que se durmi¨® durante un juicio en Tejas, en el que condenaron a muerte a su cliente.
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