El Supremo de EE UU anula m¨¢s de 160 condenas a muerte dictadas por los jueces

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio ayer un nuevo paso para proteger los derechos constitucionales de los condenados a muerte al fallar que s¨®lo los jurados, y no los jueces, pueden imponer la pena capital. El dictamen anul¨® las sentencias de al menos 168 condenados en cinco Estados y potencialmente las de otros 628 en otros cuatro Estados en los que los jurados recomiendan las condenas, pero son los jueces los que tienen la ¨²ltima palabra. Es la segunda vez en una semana que el Supremo se pronuncia sobre la pena de muerte, tras a?os de silencio.

El fallo del pasado jueves declar¨® inconstitucionales las ejecuciones de los discapacitados mentales. Magistrados tan conservadores como Clarence Thomas y Antonin Scalia se pusieron en esta ocasi¨®n del lado de la mayor¨ªa (siete votos contra dos), a pesar de que la semana pasada se hab¨ªan mostrado furiosamente en contra de abolir las ejecuciones de retrasados y criticaron a sus colegas por dejarse influir por la opini¨®n p¨²blica. La sociedad, sin embargo, va en direcci¨®n opuesta al tradicional ojo por ojo que hab¨ªa inspirado el apoyo a la pena capital desde que se restableci¨® en EE UU en 1976. Seg¨²n las ¨²ltimas encuestas, el 94% de los estadounidenses creen que muchos condenados pueden ser inocentes, y el 65% s¨®lo apoya la pena de muerte cuando no hay otra alternativa.

El impacto inmediato de la decisi¨®n de ayer no qued¨® claro sin embargo, porque los magistrados no especificaron c¨®mo se deb¨ªa aplicar su fallo a las leyes de los Estados. Unos juristas sosten¨ªan que ahora se deb¨ªan conmutar las sentencias de muerte por cadena perpetua, tal y como se hizo cuando el Supremo impuso una moratoria en 1970, mientras que otros opinaban que lo justo ser¨ªa repetir en cada caso los procesos de sentencia. De aplicarse este ¨²ltimo, muchos de los condenados podr¨ªan acabar de nuevo en el corredor de la muerte.

Los Estados en los que s¨®lo los jueces deciden las sentencias son Arizona, Idaho, Montana, Colorado y Nebraska. Dependiendo de la interpretaci¨®n final que la justicia de cada Estado haga del dictamen, tambi¨¦n podr¨ªa ser aplicable en Florida, Alabama, Indiana y Delaware, Estados en los que los miembros del jurado acompa?an su veredicto de culpabilidad con una recomendaci¨®n de sentencia para el juez. ?ste, a su vez, puede imponer sentencias superiores en algunos casos, al considerar factores agravantes como la 'naturaleza infame' de un crimen o la motivaci¨®n.

En el caso que dio origen a la sentencia de ayer (Arizona versus Apprendi), el juez tuvo discrecionalidad para alargar la sentencia dos a?os por tratarse de un 'crimen de odio'. El dictamen del Supremo aboli¨® esa ley de Arizona y, por extensi¨®n, las que se fundamentan en preceptos similares en los otros Estados.

'El derecho a un juicio con jurado garantizado por la sexta enmienda de la Constituci¨®n se degradar¨ªa insensitivamente si tuvieran en cuenta hechos necesarios para incrementar la sentencia en dos a?os y no se tuvieran en cuenta otros hechos que pueden determinar la condena a muerte', escribi¨® la magistrada Ruth Bader Ginsburg en nombre de la mayor¨ªa.

La magistrada Sandra Day O'Connor vot¨® en contra, junto al presidente del tribunal, William Rehnquist, se?alando que el fallo iba a 'desestabilizar el sistema judicial de EE UU' porque centenares de condenados apelar¨ªan ahora sus sentencias. La postura de ayer de O'Connor contrasta con declaraciones suyas anteriores en foros p¨²blicos en las que se hab¨ªa manifestado a favor de limitar la pena de muerte para asegurar que no se ejecuta a inocentes.

Escepticismo social

El escepticismo social ha aumentado en los tres ¨²ltimos a?os a ra¨ªz de que una investigaci¨®n period¨ªstica en el Estado de Illinois revelara que se hab¨ªan violado los derechos procesales de muchos inocentes y hab¨ªan acabado por ello en el corredor de la muerte. Illinois dej¨® en suspenso la pena capital hasta que se corrigieran las deficiencias del sistema, y otros Estados est¨¢n revisando cientos de procesos, al tiempo que el Congreso debate estos d¨ªas una nueva ley que haga obligatorias las pruebas de ADN.

Al menos 110 condenados por delitos graves han sido exonerados en los ¨²ltimos cinco a?os gracias a las pruebas de ADN. Entre todos cumplieron m¨¢s de 1.200 a?os de prisi¨®n. Son casos como el de Vincent Moto, de 39 a?os, que pas¨® 11 en una c¨¢rcel de Pensilvania por una violaci¨®n que no hab¨ªa cometido. O el de Richard Danziger, de 31 a?os, condenado a cadena perpetua tambi¨¦n por violaci¨®n. Al igual que Moto, Danzinger est¨¢ en libertad, pero su vida, dice, ha sido destruida para siempre por una lesi¨®n cerebral causada por la paliza que le dio otro reo.