La Audiencia Nacional condena a Espa?a por su retraso en trasponer una directiva

La Audiencia Nacional ha condenado al Estado espa?ol por no haber incorporado en plazo una directiva comunitaria. El Estado tiene que indemnizar a siete consumidores que firmaron contratos de multipropiedad en 1998. En esa fecha Espa?a ten¨ªa que haber traspuesto una directiva que regulaba esta actividad (imped¨ªa los pagos por adelantado y permit¨ªa al comprador volverse atr¨¢s en 10 d¨ªas). Los consumidores no tuvieron acceso a estos derechos. La sentencia afirma que la imposibilidad de ejercer esos derechos es consecuencia directa de la tardanza del Estado.

La directiva europea sobre multipropiedad es de octubre de 1997. Adem¨¢s de prohibir los pagos por adelantado, permite a los consumidores retractarse 10 d¨ªas despu¨¦s de haber firmado el contrato sin que ello les cueste dinero. Los Estados disponen de 30 meses para incorporar a su legislaci¨®n los principios de la directiva, por lo que Espa?a deb¨ªa haber tenido lista una ley en abril de 1997. Sin embargo, no entr¨® en vigor hasta enero de 1999, con un a?o y siete meses de retraso.

En ese tiempo, los consumidores demandantes firmaron contratos de multipropiedad en Espa?a que inclu¨ªan pagos por adelantado y que no pudieron recuperar cuando intentaron retractarse. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional estima que, al no haber traspuesto la directiva, la situaci¨®n de los consumidores era de indefensi¨®n y que el Estado violaba el derecho comunitario.

El recurso lo present¨® la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU) junto con tres asociaciones europeas de consumidores. Ped¨ªa indemnizaciones para 25 consumidores de B¨¦lgica, Francia, Italia, Holanda, Alemania, Portugal y Austria. Ninguno es espa?ol.

23.829 euros

La sentencia da la raz¨®n a los que hab¨ªan firmado los contratos un a?o antes de presentar la queja ante el Consejo de Ministros (tr¨¢mite previo a la presentaci¨®n del recurso), ya que un a?o es el plazo m¨¢ximo para reclamar. En total, el Estado debe pagarles 23.829 euros, m¨¢s intereses. El Ministerio de Justicia, cuyo titular es ?ngel Acebes, no puede recurrir porque la cantidad est¨¢ por debajo de 150.000 euros.

El director general de la OCU, Jos¨¦ Mar¨ªa M¨²gica, inform¨® ayer de que, si bien la cantidad no es importante, s¨ª lo es 'la trascendencia que puede tener en el futuro'. 'Abre las puertas a futuras demandas cuando un Estado no incorpore en plazo la normativa europea que afecta a los consumidores', a?adi¨®.

La multipropiedad permite disfrutar de una propiedad durante un periodo de tiempo al a?o sin comprar ni alquilar. El abogado que ha llevado el caso, Hugo Chestelaini, se?al¨® que Espa?a es el pa¨ªs de la UE en el que m¨¢s fraude existe. Seg¨²n Chestelaini, es la primera vez que un particular solicita responsabilidad patrimonial a un Estado por no incorporar una directiva a su legislaci¨®n.

Desde Justicia se hace hincapi¨¦ en que la condena no es por el retraso en una trasposici¨®n en s¨ª, sino porque este retraso ocasion¨® un da?o. 'No hay que pensar que cualquiera puede demandar s¨®lo porque el Estado no incorpore en plazo una directiva', afirm¨® un portavoz. Justicia reconoci¨® la responsabilidad del Estado, aunque asegur¨® que ¨¦sta era compartida con los consumidores, por lo que propuso abonar el 50% de lo adelantado. La Audiencia condena al Estado al pago ¨ªntegro.

Responsabilidad exigible

La sentencia explica que la responsabilidad es exigible cuando la norma (en esta caso, la directiva) confiera derechos a los particulares, cuando la violaci¨®n est¨¦ suficientemente clara y cuando ¨¦sta se derive directamente del incumplimiento por parte del Estado. La sentencia afirma que la directiva trata de evitar situaciones como las que dieron lugar al recurso.

Chestelani, abogado de Bruselas experto en multipropiedad, explica el asunto: 'Les hac¨ªan firmar contratos y pagar adelantos despu¨¦s de horas de persuasi¨®n agresiva. Si luego ped¨ªan la devoluci¨®n, se la negaban. Los consumidores estaban indefensos por la desidia del Gobierno'. Asegur¨® que, desde 1992, m¨¢s de 300.000 consumidores fueron estafados, aunque muchos nunca denunciaron.

M¨²gica afirm¨® que, tras la firma, el valor de lo contratado descend¨ªa un 30%. La OCU ha puesto en marcha una p¨¢gina en Internet con el apoyo de la Comisi¨®n Europea para informar sobre multipropiedad (www.timesharingproblems.org).