La vivienda, una preocupaci¨®n de CiU
Sin duda una de las cuestiones que m¨¢s preocupan a los ciudadanos es el acceso a la vivienda. En los ¨²ltimos a?os, los precios en Catalu?a y en el conjunto del Estado han experimentado un constante incremento que dificulta, especialmente, el acceso a la vivienda de las personas con rentas m¨¢s bajas. Abordar medidas tendentes a dar respuesta adecuada a este problema es responsabilidad de todas las administraciones. Estamos ante una preocupaci¨®n compartida que precisa, tambi¨¦n, responsabilidades y respuestas compartidas. Por tanto, la especial sensibilidad de CiU por las cuestiones sociales nos obliga a defender propuestas encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda a nivel local, catal¨¢n y del Estado.
Es cierto que en la configuraci¨®n final del precio de la vivienda inciden m¨²ltiples factores, de tipo social, econ¨®mico e incluso internacional, que van m¨¢s all¨¢ del ¨¢mbito puramente inmobiliario. Es evidente que circunstancias como el incremento de la contrataci¨®n laboral o la disminuci¨®n de los tipos de inter¨¦s han implicado un aumento del poder adquisitivo y la estabilidad de los ciudadanos y, por tanto, han permitido liberar una demanda de vivienda contenida durante periodos de recesi¨®n. Sin embargo, estas circunstancias indiscutiblemente positivas, traducidas en presi¨®n sobre la oferta, en un mercado de demanda r¨ªgido como el que nos ocupa, han contribuido al incremento final de precios. Incluso factores como el que determinados capitales hayan optado por la seguridad de las inversiones inmobiliarias en momentos de incertidumbre burs¨¢til pueden haber contribuido a aumentar la demanda y, por tanto, tambi¨¦n los precios. Adem¨¢s, el fen¨®meno de la inmigraci¨®n incide directamente en este ¨¢mbito, incrementando la demanda de vivienda social y reclamando pol¨ªticas que aseguren la cohesi¨®n social.
Es misi¨®n de quienes tienen responsabilidades pol¨ªticas dar respuesta a esta situaci¨®n en la medida de lo posible. Por tanto, son necesarias pol¨ªticas concertadas entre las administraciones (Estado, Generalitat, ayuntamientos), con aut¨¦ntica voluntad pol¨ªtica para ello, y son necesarias medidas de distinta ¨ªndole, tanto a nivel legislativo como de ejecuci¨®n material.
A nivel local, desde hace a?os, hemos denunciado la venta mediante subasta del suelo municipal que practican impunemente ayuntamientos como el de Barcelona, contribuyendo a la inflaci¨®n de los precios y evitando destinar dicho suelo a vivienda social. Denunciamos tambi¨¦n la construcci¨®n de viviendas sobre suelo destinado a equipamientos, renunciando por tanto a facilitar a los ciudadanos estas dotaciones y servicios, previstos desde hace m¨¢s de 20 a?os en el caso de la ciudad de Barcelona. Sin embargo CiU y el Gobierno de la Generalitat, aunque la foto se la hagan otros, han apostado decididamente durante estos a?os por la renovaci¨®n de barrios (Trinitat, Viviendas del Gobernador, Sudest Bes¨°s, Polvor¨ªn, Via Trajana, etc¨¦tera) y la rehabilitaci¨®n de viviendas, con una inversi¨®n, entre la ejecutada y la prevista, superior a 600 millones de euros. CiU ha apoyado y aprobado iniciativas del Gobierno catal¨¢n como la nueva ley de urbanismo, que apuesta, de forma decidida, por la promoci¨®n de vivienda social. La federaci¨®n de CiU ha apoyado el programa de vivienda y suelo del Gobierno de la Generalitat, que ha implicado incrementos superiores al 30% anual en los presupuestos de la Generalitat para estas finalidades. Y CiU apuesta por el Plan Catal¨¢n de la Vivienda y el Proyecto de Ley de la Vivienda, que el Gobierno catal¨¢n presentar¨¢ pr¨®ximamente en el Parlament y que contribuir¨¢n claramente a facilitar el acceso a la vivienda en propiedad y de alquiler mediante ayudas a fondo perdido y pr¨¦stamos subsidiados. A nivel del Estado se ha suscrito el convenio correspondiente entre el Ministerio de Fomento y el Departamento de Pol¨ªtica Territorial y Obras P¨²blicas para la aplicaci¨®n en Catalu?a del Plan de la Vivienda 2002-2005 del Estado.
Y nosotros apostamos por la mejora de la fiscalidad de la vivienda, mediante bonificaciones en los tributos que la gravan, tanto estatales como auton¨®micos, y mediante est¨ªmulos a los promotores para que les sea rentable construir vivienda social, en r¨¦gimen de propiedad y alquiler.
En este sentido van las propuestas normativas que el Gobierno catal¨¢n ha previsto y anunciado y que ojal¨¢ fueran compartidas por todas las fuerzas pol¨ªticas. Por este motivo, lamentamos que una cuesti¨®n tan importante como ¨¦sta se haya utilizado recientemente en el Parlament de forma fr¨ªvola, improvisada y por puro tactismo del PP y el PSC, los cuales han impulsado, con el voto de las otras fuerzas pol¨ªticas a excepci¨®n de CiU, una moci¨®n t¨¦cnicamente defectuosa y socialmente regresiva. Supondr¨ªa aplicar una deducci¨®n de 600 euros en el tramo auton¨®mico del IRPF a todos los arrendatarios sin tener en cuenta si la vivienda es la habitual o segunda residencia, el periodo de tiempo m¨ªnimo del alquiler, el tipo de vivienda, si es social o no y el nivel de rentas del posible beneficiario.
Si lo que pretenden es que un millonario que alquile el mes de agosto un chalet en la Costa Brava por dos millones de pesetas pueda deducirse el alquiler en su IRPF, a costa de los ingresos de la Generalitat de Catalu?a y, por tanto, a costa de los servicios que presta a los ciudadanos, que no cuenten con nosotros. Si lo que pretenden es mantener la presi¨®n fiscal de las viviendas de los catalanes en los tributos competencia del Estado, que es la realmente gravosa, y simplemente disminuir los ingresos del Gobierno catal¨¢n, que no cuenten con nosotros.
En definitiva, para nosotros el problema de la vivienda debe abordarse desde el ¨¢mbito social (ayudas a j¨®venes, familias numerosas, gente mayor, etc¨¦tera), desde el de las inversiones directas (promoci¨®n de suelo residencial, promoci¨®n p¨²blica de vivienda social, renovaci¨®n de barrios, rehabilitaci¨®n) y desde las pol¨ªticas fiscales de vivienda, que deben mejorar la fiscalidad tanto respecto a los tributos del Estado como a los de la Generalitat. En este camino, ya iniciado por el Gobierno catal¨¢n sin necesidad de esta moci¨®n, siempre nos encontrar¨¢n.
Josep A. Duran i Lleida es presidente del comit¨¨ de gobierno de UDC y secretario general de la federaci¨®n de CiU.
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