La defensa de Folchi y de otros tres acusados en el 'caso KIO' pide que se anule el proceso

Cuatro de los acusados en la llamada Operaci¨®n Wardbase, que se juzga como pieza separada del caso Torras-KIO, pidieron ayer en la Audiencia Nacional que se anule el proceso. Las defensas respectivas del abogado Juan Jos¨¦ Folchi, de los ex consejeros del Grupo Torras Miguel Soler y Jos¨¦ Mar¨ªa Sot Casas, y de la ex empleada de la empresa Karen Parker adujeron que los delitos de los que se les acusa ya han prescrito. La petici¨®n se produjo 24 horas despu¨¦s de que el abogado del financiero Javier de la Rosa tambi¨¦n solicitara la nulidad parcial de las actuaciones relativas a la controvertida operaci¨®n.

La Operaci¨®n Wardbase consisti¨® en el presunto pago por parte del Grupo Torras de 11,4 millones de euros (1.900 millones de pesetas) a Manuel Prado y Col¨®n de Carvajal, a trav¨¦s de la sociedad-pantalla brit¨¢nica Wardbase. El supuesto pago irregular se habr¨ªa producido en 1992, y se investiga en un proceso en el que el financiero Javier de la Rosa y otras seis personas se sientan en el banquillo. El fiscal pide 10 a?os de c¨¢rcel para De la Rosa, el hombre de KIO en Espa?a y vicepresidente de Torras hasta mayo de 1992, y para el ex consejero delegado de Torras Jorge N¨²?ez Lasso de la Vega por los delitos de falsedad y apropiaci¨®n indebida.

Sobre Folchi, Soler, Sot y Parker s¨®lo apunta la acusaci¨®n particular, que representa al Grupo Torras. En el caso del abogado y asesor Juan Jos¨¦ Folchi, la acusaci¨®n particular reclama nueve a?os de c¨¢rcel, esencialmente por un supuesto delito de falsedad documental. El abogado de Folchi, Alberto de Miquel, asegur¨® que este delito ya ha prescrito, ya que han transcurrido 10 a?os desde el presunto pago irregular.

En el segundo d¨ªa del juicio oral, De Miquel critic¨® tambi¨¦n al Grupo Torras por haber incurrido en 'abuso de derecho y fraude de ley con alcance internacional', al haber pedido que se incluya en el caso una factura de 780.000 euros abonada en la misma cuenta en la que se ingresaron los 11,4 millones de euros investigados.

Esta factura de 780.000 euros fue presentada por la acusaci¨®n en el proceso judicial civil desarrollado en el Reino Unido en relaci¨®n con otra operaci¨®n (llamada Pincinco) que, pese a formar parte del caso Torras-KIO, es independiente de la de Wardbase. Tanto Juan Jos¨¦ Folchi como su antigua empleada Karen Parker fueron absueltos tras ser juzgados de los delitos de los que se les acus¨® en Londres. As¨ª, su defensor argument¨® que se han vulnerado los derechos fundamentales de sus clientes por el uso de una jurisdicci¨®n diferente como la brit¨¢nica por parte de Torras para hacer frente a las defraudaciones presuntamente sufridas.

Tambi¨¦n el abogado del ex director financiero de Torras Miguel Soler, Crist¨®bal Martell, reclam¨® la anulaci¨®n del proceso por prescripci¨®n de delito. Soler no fue citado a declarar como imputado en el caso hasta el mes de mayo de 1997, cuando ya hab¨ªan transcurrido siete a?os y seis meses desde que se produjeron los hechos.

El abogado de Soler -por el que se le piden seis a?os de c¨¢rcel- pidi¨®, adem¨¢s, que sea llamado a declarar como testigo Joaqu¨ªn Tamames, de la asesor¨ªa Axel Group, una firma asesora de Torras cuando se produjo el supuesto pago irregular a Manuel Prado y Col¨®n de Carvajal, para quien el fiscal solicita cuatro a?os y dos meses de c¨¢rcel, bajo la acusaci¨®n de apropiaci¨®n indebida. La acusaci¨®n particular exige una pena mayor, de nueve a?os, igual que para De la Rosa y N¨²?ez Lasso de la Vega.

En el segundo d¨ªa de este juicio oral tambi¨¦n intervino el letrado Miguel Capuz, que representa a quien fuera secretario del Grupo Torras, Jos¨¦ Mar¨ªa Sot Casas, acusado de apropiaci¨®n indebida y para el que la acusaci¨®n particular tambi¨¦n exige seis a?os de c¨¢rcel. A Sot nunca se le interrog¨® por el caso Wardbase, argument¨® su defensor, y cuando al fin fue imputado ya hab¨ªan pasado los cinco a?os de prescripci¨®n del delito que se le atribuye.

La vista seguir¨¢ ma?ana, jueves, con la intervenci¨®n del fiscal anticorrupci¨®n Salvador Viada y de los abogados de la acusaci¨®n particular, que responder¨¢n a las pretensiones de la defensa.