Las competencias vascas no asumidas

El dictamen aprobado anteayer -con la abstenci¨®n de Batasuna y los votos de PNV, EA e IU- por la ponencia de la Comisi¨®n Especial de Autogobierno del Parlamento vasco conmina al Gobierno de Aznar a transferir antes de dos meses las 37 competencias del Estatuto de Gernika te¨®ricamente pendientes de traspaso (el Ministerio de Administraciones P¨²blicas rebaja la cifra a siete), bajo la amenaza de asumirlas unilateralmente. Si la mayor¨ªa de la C¨¢mara de Vitoria ratificase el viernes -como parece seguro- esa pretensi¨®n y el Ejecutivo tripartito pusiese en marcha dentro de algunas semanas el anunciado proceso de usurpaci¨®n de competencias formalmente estatales a¨²n, se crear¨ªan las condiciones para un in¨¦dito conflicto institucional de final impredecible; la falta de fundamento jur¨ªdico-constitucional del ultim¨¢tum lanzado a la Administraci¨®n central y la pretensi¨®n del Gobierno vasco de imponer -primero- su interpretaci¨®n sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika y saltar -despu¨¦s- por encima de la comisi¨®n mixta no dejar¨ªa margen a la negociaci¨®n y el compromiso dentro del marco del Estado de derecho.

Esa bulimia de transferencias contrasta con el deficiente grado de cumplimiento de las competencias asumidas por el Gobierno de Vitoria -tras el completo despliegue de la Ertzaintza a comienzos de los noventa- para mantener el orden p¨²blico en las calles y garantizar la libertad y los bienes de los ciudadanos. Las ambiguas relaciones del PNV y de EA con Batasuna, que es a la vez el brazo electoral de ETA y la espina dorsal de la constelaci¨®n de organizaciones legales o alegales del entramado terrorista, explican la pat¨¦tica incapacidad del Ejecutivo de Vitoria para poner coto a los desafueros del nacionalismo radical, responsable de las vand¨¢licas actuaciones de las bandas callejeras, las extorsiones mafiosas cobradas a la luz del d¨ªa, las amenazas dirigidas a los discrepantes pol¨ªticos y el clima de intimidaci¨®n generalizado en la vida p¨²blica. El auto dictado el pasado d¨ªa 3 por el juez Garz¨®n (una pieza m¨¢s de su cuidadosa investigaci¨®n sobre las estructuras integradas del complejo de ETA) establece la responsabilidad civil solidaria de Batasuna por los da?os de la kale borroka (24 millones de euros s¨®lo entre julio de 2001 y febrero de 2002) y adopta las medidas cautelares correspondientes; esa impecable resoluci¨®n ha puesto al descubierto el doble juego del Gobierno vasco y del nacionalismo moderado: la condena ret¨®rica de la violencia como reverso de la complicidad pr¨¢ctica con sus autores.

En el debate celebrado el pasado 23 de mayo en el Congreso, el diputado Erkoreka expuso la 'alternativa' del PNV frente al procedimiento civil de disoluci¨®n de asociaciones pol¨ªticas creado por la nueva Ley de Partidos: 'El Grupo Vasco es partidario de la ilegalizaci¨®n de partidos pol¨ªticos terroristas, xen¨®fobos y racistas, pero sostiene tambi¨¦n que el C¨®digo Penal suministra hoy ya todas las herramientas necesarias con todas las garant¨ªas precisas para ello'. Se trataba s¨®lo de una finta: la irreflexiva y encolerizada respuesta al auto de significados representantes del Gobierno vasco, del PNV y de EA prueba el inquietante compromiso del nacionalismo moderado con Batasuna, su socio parlamentario de 1998 a 2002 y su enmascarado aliado de reserva hoy. Mientras el consejero de Justicia del Ejecutivo de Vitoria, Joseba Azkarraga, negaba independencia a Garz¨®n y le motejaba de 'fiel brazo pol¨ªtico de Aznar', el parlamentario del PNV y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Emilio Olabarr¨ªa despachaba el auto como 'una resoluci¨®n jur¨ªdicamente estramb¨®tica' propia de un 'Derecho Penal del enemigo' que trata de negar 'el principio esencial de la civilizaci¨®n de cualquier organizaci¨®n pol¨ªtica'. La petici¨®n de amparo dirigida por Garz¨®n al CGPJ est¨¢ formalmente justificada; sin embargo, el instructor del caso Marey y del caso Pinochet no necesita presentaciones ante la opini¨®n p¨²blica democr¨¢tica nacional e internacional: otra cosa es que el presidente del PNV sienta predilecci¨®n por ese opuesto modelo de juez preconstitucional que encarnan Javier G¨®mez de Lia?o y Joaqu¨ªn Navarro.