El Consejo Consultivo considera constitucional la Ley de Partidos

El Consejo Consultivo de la Generalitat considera constitucional la Ley de Partidos aprobada el pasado mes de junio. No obstante, plantea algunas puntualizaciones sobre las causas de ilegalizaci¨®n de una formaci¨®n pol¨ªtica cuya interpretaci¨®n depender¨¢ del Tribunal Supremo. El dictamen incluye un voto particular de Jaume Renyer, propuesto por ERC, que cree inconstitucionales varios art¨ªculos.

Las principales reticencias sobre la constitucionalidad de la ley se centran, seg¨²n el dictamen, en el art¨ªculo 9.3 que enumera las conductas susceptibles de ser consideradas causa de ilegalizaci¨®n de un partido. Entre ellas, el Consejo Consultivo considera que el 'apoyo t¨¢cito' al terrorismo no se puede confundir con 'el simple silencio ante un acto terrorista'. El dictamen se?ala: 'No hay duda de que cualquier acto terrorista es reprobable y merece la repulsa moral de toda persona', pero a?ade que es 'mucho m¨¢s dudoso que este silencio pueda ser considerado -jur¨ªdicamente- como un apoyo t¨¢cito al terrorismo' y por tanto sirva para originar la ilegalizaci¨®n de un partido.

Dicho consejo apunta que 'por s¨ª mismo, este precepto no es inconstitucional, sin perjuicio del juicio que merezca su aplicaci¨®n por la sala especial' del Tribunal Supremo que instruya la causa.

Adem¨¢s, considera que 'por s¨ª solos los programas y actuaciones' de un partido pol¨ªtico, a pesar de que 'fomenten una cultura de enfrentamiento y confrontaci¨®n civil', 'nunca pueden ser causa de ilegalizaci¨®n de un partido' mientras se desarrollen en el marco de los principios democr¨¢ticos y de forma pac¨ªfica.

'La democracia ha de permitir estas situaciones', concluye el dictamen y a?ade que 'para que estas actuaciones sean reprobables deben estar ligadas a la actuaci¨®n de los terroristas', v¨ªnculo que deber¨¢ ser probado ante el tribunal que inste la ilegalizaci¨®n del partido.

El Consejo Consultivo recuerda que la libertad de los partidos no conduce a que acatar la Constituci¨®n suponga la obligaci¨®n de una adhesi¨®n total a su contenido, ya que la Carta Magna est¨¢ 'abierta a posibles modificaciones' y los partidos pueden incluir entre sus principios program¨¢ticos 'extremos de la Constituci¨®n que a su juicio deban ser objeto de modificaci¨®n y propugnar dentro de la m¨¢s estricta legalidad la autodeterminaci¨®n o la rep¨²blica'.

El dictamen no valora 'si la disoluci¨®n de un partido pol¨ªtico es necesaria en una sociedad democr¨¢tica' y sostiene que la redacci¨®n de la ley impide su aplicaci¨®n retroactiva. S¨ª considera 'confuso' y 't¨¦cnicamente' incorrecto el apartado dos de la disposici¨®n transitoria de la ley que plantea prescindir de la forma externa de la persona jur¨ªdica del partido para aplicar la normativa.

El consejo se?ala que 'las dificultades' para probar la 'continuidad' entre un partido y una posible agrupaci¨®n de electores ser¨¢n 'importantes' y recaer¨¢n en la sala del Tribunal Supremo que inste la ilegalizaci¨®n, pero ello 'no comporta la inconstitucionalidad del precepto'.