Los tres obst¨¢culos del acuerdo

Ana Palacio debutar¨¢ en septiembre como ministra de Exteriores en las negociaciones sobre Gibraltar en circunstancias especialmente inc¨®modas. La prensa brit¨¢nica ha hecho del desembarco espa?ol en Perejil la caricatura de un imperialismo trasnochado. Y ha potenciado el reflejo en la opini¨®n p¨²blica del Reino Unido de la oposici¨®n que mantienen los gibraltare?os a un acuerdo para compartir la soberan¨ªa del Pe?¨®n entre Madrid y Londres.

En torno a ese rechazo de los llanitos gravita el bloqueo que las conversaciones padecen desde finales de abril, cuando se daba casi por hecho que el compromiso llegar¨ªa antes de julio.

Compartir la soberan¨ªa es m¨¢s que nada un objetivo brit¨¢nico, ya que Espa?a siempre reivindic¨® la plena soberan¨ªa del islote. Si Madrid ha aceptado ahora bajar un pelda?o en sus reclamaciones, incluso por tiempo indefinido, se debe a que, por primera vez, Londres admite la posibilidad de cerrar un compromiso aunque se opongan los gibraltare?os.

Desde 1984, las negociaciones toparon con que Londres dec¨ªa que no pod¨ªa hacer nada porque los llanitos no quer¨ªan. El motivo es que el pre¨¢mbulo de la constituci¨®n del Pe?¨®n de 1969 establece que el Reino Unido no podr¨¢ modificar el estatuto de soberan¨ªa sin el consentimiento de aqu¨¦llos. Tras la entrevista que Josep Piqu¨¦ mantuvo con su hom¨®logo Jack Straw el pasado septiembre, los brit¨¢nicos decidieron que s¨ª pod¨ªan firmar un acuerdo, aunque no aplicarlo sin someterlo a refer¨¦ndum.

El compromiso constitucional brit¨¢nico sigue marcando, sin embargo, una de las seis l¨ªneas rojas trazadas por las dos partes para expresar los l¨ªmites de sus posibles concesiones en torno a los tres problemas de la negociaci¨®n:

1. La consulta. Espa?a nunca hab¨ªa aceptado que se preguntara a la poblaci¨®n de Gibraltar por su futuro. Este es el ¨²nico de los problemas en el que se ha estado siempre lejos de un acuerdo concreto. La l¨ªnea roja brit¨¢nica es aqu¨ª el compromiso de realizar la consulta. La espa?ola, que la expresi¨®n de voluntad gibraltare?a no pueda ser interpretada como un acto de autodeterminaci¨®n. Espa?a no reconoce ese derecho a los llanitos porque el Tratado de Utrecht prev¨¦ que la soberan¨ªa sobre Gibraltar revierta a Espa?a si el Reino Unido renuncia a sus derechos.

El objetivo espa?ol ha sido siempre que el acuerdo relativo a la soberan¨ªa conserve su validez, y comprometa a gobiernos brit¨¢nicos sucesivos, aunque los gibraltare?os lo rechacen.

La primera propuesta espa?ola fue firmar directamente un tratado sustitutivo del de Utrecht. Londres respondi¨® que, para que el nuevo estatuto y las nuevas instituciones del Pe?¨®n puedan funcionar, es imprescindible que sea negociado con los propios gibraltare?os. Piqu¨¦ propuso entonces separar el tratado del estatuto. El primero cubrir¨ªa esencialmente el tema de la soberan¨ªa compartida, y el segundo los aspectos institucionales y organizativos de la plaza. En la visi¨®n espa?ola, el tratado no ser¨ªa tema de consulta. Londres someter¨ªa, en cambio, el estatuto a un refer¨¦ndum perfectamente aceptable para Espa?a, como lo ser¨ªa el relativo a cualquier estatuto de autonom¨ªa.

El Reino Unido consider¨® que su compromiso con Gibraltar le impide firmar un tratado en esas condiciones y, desde el pasado enero, formul¨® la propuesta que se sigue trabajando: Madrid y Londres firmar¨ªan una declaraci¨®n de principios relativa a la soberan¨ªa, y, en concreto, a los tres problemas que aqu¨ª se mencionan. Luego, esa declaraci¨®n tendr¨ªa que ser desarrollada en un Tratado que incluyera todos los aspectos pr¨¢cticos y, que, por tanto, no podr¨ªa ser negociado sin la colaboraci¨®n y aprobaci¨®n de los gibraltare?os. Esta f¨®rmula no acaba de colmar las pretensiones espa?olas, porque la declaraci¨®n no puede ser ratificada y su validez jur¨ªdica es cuestionable.

Londres sostiene que, aunque carezca del valor jur¨ªdico de un tratado, la declaraci¨®n tiene suficiente fuerza pol¨ªtica como para obligar a sucesivos gobiernos, de manera que las dos partes dejar¨ªan sentado de modo estable que la salida del contencioso pasa por compartir la soberan¨ªa y no por la autodeterminaci¨®n de los gibraltare?os.

En esencia, lo que los brit¨¢nicos ofrecen es cerrar un primer paso, que consideran s¨®lido, para iniciar un largo proceso hacia la soluci¨®n definitiva del contencioso. Hasta aqu¨ª, la parte espa?ola ha considerado que eso es poco para comprometerse a compartir la soberan¨ªa indefinidamente, ya que la evoluci¨®n futura del acuerdo no est¨¢ suficientemente garantizada y presenta riesgos.

2. La duraci¨®n del acuerdo. La l¨ªnea roja espa?ola implica que, aun compartiendo la soberan¨ªa de Gibraltar por tiempo indefinido, Madrid no renuncia a la soberan¨ªa plena. La de Londres, que el acuerdo tenga la suficientes garant¨ªas de estabilidad como para que Espa?a no vuelva a abrir el contencioso en un futuro previsible. Los brit¨¢nicos rechazan la f¨®rmula de soberan¨ªa compartida a plazo, como los cincuenta a?os que ofreci¨® en la pasada d¨¦cada Abel Matutes, porque eso implica que Gibraltar pasar¨ªa a ser espa?ol concluido el periodo. La parte espa?ola acepta que el acuerdo no ponga t¨¦rmino a la soberan¨ªa compartida, pero pide que incluya la misma garant¨ªa prevista en el Tratado de Utrecht de que Espa?a tendr¨¢ un derecho preferente a la plena soberan¨ªa sobre Gibraltar si los brit¨¢nicos renuncian a sus responsabilidades. Londres admite este compromiso, pero sigue exigiendo una palabra que garantice su estabilidad. Madrid entiende que el t¨¦rmino 'definitivo' es excesivo. Las posiciones est¨¢n tan pr¨®ximas que Piqu¨¦ y Straw cerraron a finales de abril en Valencia un principio de acuerdo de que la soberan¨ªa ser¨¢ compartida de modo 'permanente'.

3. La base militar. Es un tema complicado que el Gobierno brit¨¢nico puso tarde sobre la mesa a impulsos de las protestas surgidas de sus servicios secretos y estamentos militares, tan virulentas que llegaron a ser asumidas por el propio ministro de Defensa, Geoff Hoon, contrario al compromiso. Los negociadores consideran que el problema tiene soluci¨®n. Londres acepta que no puede pretender retener la plena soberan¨ªa sobre la base, porque el acuerdo es que las dos partes son igualmente soberanas sobre la totalidad del territorio y la base absorbe m¨¢s de un 40% de ¨¦ste. Madrid ofrece la experiencia de sus bases conjuntas con Estados Unidos, como muestra de que se puede tener la soberan¨ªa de unas instalaciones y ceder el control operativo de las mismas.