El Congreso trata de frenar el programa de esp¨ªas civiles dise?ado por Bush

La propuesta de convertir a millones de trabajadores, desde carteros hasta electricistas, en confidentes del Gobierno ha encontrado tantos detractores en el Congreso como para empezar a pensar que nunca llegar¨¢ a ponerse en marcha. El fiscal general, John Ashcroft, dio garant¨ªas de que las informaciones de los confidentes no entrar¨ªan en las bases de datos de los servicios de espionaje, pero los congresistas no parecen convencidos sobre la legalidad de un plan que puede convertir en sospechoso a cualquiera. El proyecto puede quedar bloqueado en el Capitolio.

La Operaci¨®n TIPS (sistema de prevenci¨®n e informaci¨®n contra el terrorismo , tambi¨¦n traducido como Operaci¨®n Soplos) se ha convertido en la perfecta demostraci¨®n de que la pol¨ªtica crea extra?os compa?eros: en la C¨¢mara de Representantes son los republicanos los que se oponen, mientras en el Senado son los dem¨®cratas quienes ponen el grito en el cielo.

Tal es el nivel de oposici¨®n, que el sistema puede no llegar a ponerse nunca en marcha: algunos prometen negarse a incluirlo en la legislaci¨®n de seguridad nacional que pretende crear tambi¨¦n un superministerio. John Ashcroft, el fiscal general, criticado por sus posturas ultraconservadoras y sus medidas en contra de las libertades civiles, trat¨® de convencer a los pol¨ªticos del Capitolio de que su Operaci¨®n TIPS no es un atentado contra los derechos individuales ni contra el derecho a la intimidad.

A juzgar por los comentarios durante su comparecencia, no lo consigui¨®. Seg¨²n Ashcroft, el plan se puso en marcha no tanto por iniciativa propia, sino por la presi¨®n de colectivos laborales que supuestamente se quejaban al Departamento de Justicia de la falta de un cauce oficial para comunicar a las fuerzas de seguridad las actividades que los trabajadores considerasen sospechosas. Esta explicaci¨®n es poco coherente con el hecho de que el servicio de Correos se haya negado a participar en la creaci¨®n de esta red de confidentes.

Seg¨²n Ashcroft, el Departamento de Justicia dise?¨® una estrategia tan sencilla como proporcionar un n¨²mero de tel¨¦fono a millones de trabajadores de EE UU; cada vez que vieran algo extra?o en el ejercicio de su trabajo podr¨ªan marcar el n¨²mero para comunicarlo a los servicios de seguridad. La primera cr¨ªtica part¨ªa de un hecho evidente: aquellos trabajadores que comunicaran algo supuestamente sospechoso cuando realicen trabajos en el interior de una casa estar¨ªan en realidad realizando un registro ilegal a instancias del Gobierno. De manera discreta, el Departamento de Justicia cambi¨® la informaci¨®n en sus p¨¢ginas de Internet para aclarar que la operaci¨®n pretende reforzar la vigilancia en zonas p¨²blicas.

En su visita al Capitolio, Ashcroft trat¨® de defender el plan con el argumento de que cualquiera puede dar una pista clave en las investigaciones antiterroristas, lo cual no deja de ser un reconocimiento de las deficiencias de sus propias agencias de investigaci¨®n. Ashcroft asegur¨® que el testimonio de la gente corriente es valioso porque hacen su trabajo entre el p¨²blico. Pueden detectar anomal¨ªas, cosas que son diferentes, cosas que son poco habituales.

El l¨ªder de la mayor¨ªa republicana en la C¨¢mara de Representantes, Dick Armey, le espet¨®: 'No admitiremos que el Gobierno pretenda que los ciudadanos se esp¨ªen unos a otros'. En el Senado, los conservadores parec¨ªan m¨¢s afectuosos con el fiscal general, pero la mayor¨ªa dem¨®crata fue rotunda con ¨¦l: 'Millones de civiles se convertir¨ªan en informantes del Departamento de Justicia. Tenemos que estar vigilantes, pero no queremos ser vigilantes', le dijo el senador Patrick Leahy.

Para defender su propuesta, Ashcroft insisti¨® en que hab¨ªa recomendado que las informaciones facilitadas por los confidentes civiles no entrasen en ninguna base de datos permanente. El hecho de que esto sea una mera recomendaci¨®n s¨®lo sirvi¨® para enardecer a¨²n m¨¢s a varios congresistas, especialmente al republicano Bob Barr, que arremeti¨® contra este sistema de chivatos con una intervenci¨®n iracunda: 'Un programa oficial, organizado, pagado y mantenido por nuestro Gobierno federal, para reclutar estadounidenses y que esp¨ªen a sus conciudadanos huele al mismo tipo de Gobierno fascista o comunista contra el que hemos luchado en muchos pa¨ªses en d¨¦cadas del pasado'.