Conde vuelve a la c¨¢rcel con una pena que el Supremo eleva de 10 a 20 a?os

Veinte a?os de c¨¢rcel para el ex presidente de Banesto, Mario Conde, en lugar de los 10 a?os y dos meses a que le conden¨® la Audiencia Nacional. Es la novedad m¨¢s destacada de la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo notificada ayer, que resuelve los recursos de casaci¨®n interpuestos por el fiscal y dem¨¢s acusaciones, as¨ª como por los condenados y dem¨¢s partes del denominado caso Banesto, una serie de operaciones irregulares que perjudicaron al banco en varios miles de millones de pesetas.

La resoluci¨®n judicial tambi¨¦n incrementa la condena a Rafael P¨¦rez Escolar, ex consejero del banco, de seis a diez a?os, e impone cuatro a?os de c¨¢rcel a Jacques Hachuel, ex comisionista de Banesto, y Enrique Lasarte, ex consejero delegado del banco, que fueron absueltos por la Audiencia Nacional. El Supremo mantiene el resto de las condenas: la de 13 a?os de c¨¢rcel al ex vicepresidente de Banesto, Arturo Roman¨ª, y la de seis a?os para Fernando Garro, director general. A ¨²ltima hora de ayer hab¨ªan ingresado en prisi¨®n todos los condenados excepto Garro y Hachuel.

La sentencia estima parte de los recursos de casaci¨®n interpuestos por el Ministerio Fiscal, las acusaciones populares de la Asociaci¨®n de Usuarios de Servicios Bancarios, Federaci¨®n de Servicios Financieros de CC OO y Federaci¨®n de Servicios de la UGT, y por las acusaciones particulares Banesto y Fondo de Garant¨ªas de Dep¨®sitos.

En cambio, desestima en su integridad los recursos de los condenados y los de varias sociedades declaradas responsables civiles subsidiarias, as¨ª como los de varios acusadores particulares, incluidos accionistas.

El magistrado Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, ponente de la sentencia, razona cada uno de los cambios que introduce en el fallo de la Audiencia Nacional.

- Apropiaci¨®n de 300 millones. Frente al criterio de la Audiencia Nacional de considerar prescrita la retirada de 300 millones de pesetas de Banesto, el Supremo la califica como delito continuado de apropiaci¨®n indebida (m¨¢s grave y, por tanto, no prescrito) consistente en disponer de dos fracciones de 150 millones de pesetas cada una, con un intervalo de dos meses entre una y otra 'para fines ajenos a la empresa', sin que quedara acreditado que se tratara de retribuir una supuesta mediaci¨®n del ex presidente del Gobierno Adolfo Su¨¢rez ante el gobernador del Banco de Espa?a. 'En todo momento el acusado, en su condici¨®n de presidente de la entidad financiera, conoci¨® y orden¨® el dise?o de la operaci¨®n', dice el Supremo. La nueva pena impuesta es de seis a?os de c¨¢rcel y la devoluci¨®n a Banesto de los 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros).

- Los 1.344 millones de Carburos. La Audiencia s¨®lo conden¨® a Roman¨ª como autor de la apropiaci¨®n indebida de 1.344 millones de pesetas pagados por Air Products para la compra de Carburos Met¨¢licos, propiedad de Banesto. El Supremo niega que el delito haya prescrito para Hachuel, dada la fecha en que se dirigi¨® la acusaci¨®n contra ¨¦l, e igualmente estima que P¨¦rez Escolar debe ser castigado como autor y no s¨®lo como c¨®mplice, ya que su actuaci¨®n tuvo 'car¨¢cter claramente decisorio'. En consecuencia, Hachuel y P¨¦rez Escolar son condenados a cuatro a?os de c¨¢rcel cada uno y a indemnizar solidariamente con Roman¨ª los 1.344 millones sustra¨ªdos (8,07 millones de euros).

- Artificios contables. Frente al criterio de la Audiencia Nacional que, ante la constataci¨®n del empleo de la ingenier¨ªa financiera para maquillar la contabilidad de Banesto, estim¨® que no hubo dolo [intenci¨®n] y que los hechos no constitu¨ªan delito, la sentencia del Supremo condena a Mario Conde, como presidente, y a Enrique Lasarte, como consejero delegado, por delito de falsedad en documento, a cuatro a?os de c¨¢rcel y multa de un mill¨®n de pesetas a cada uno, aplic¨¢ndoles el C¨®digo Penal de 1973, m¨¢s favorable para ellos.

- Cuentas anuales falseadas. El Supremo aborda que la Audiencia consider¨® probado que las cuentas anuales de Banesto correspondientes a 1992 'estuvieron falseadas en su partida de p¨¦rdidas y ganancias y cuentas de resultado, de modo deliberado y ocultando tal falseamiento tanto a los servicios del Banco de Espa?a como a los auditores externos de Banesto, auditor¨ªa que llevaba a cabo Price Waterhouse'. Frente al criterio de la Audiencia de considerar no punible la falsedad ideol¨®gica del particular, el Supremo rechaza esa tesis. 'Nos encontramos ante una actividad falsaria, que alterando elementos esenciales de documentos mercantiles, lesiona y vulnera bienes jur¨ªdicos que no pueden quedar desamparados, ya que (...) afecta a los intereses de la comunidad'.

- Sugerencia al legislador. Aunque la sentencia del Supremo no aprecia ninguna duda sobre la correcta penalizaci¨®n de las conductas falsarias en el caso Banesto, a la vista del art¨ªculo 290 del C¨®digo Penal vigente, que castiga a los administradores a los administradores 'que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situaci¨®n jur¨ªdica o econ¨®mica de la entidad', sugiere al legislador que 'ser¨ªa conveniente una modificaci¨®n' de ese art¨ªculo que, 'partiendo del m¨ªnimo actualmente se?alado (un a?o de prisi¨®n) pudiese llegar hasta cotas mucho m¨¢s elevadas (...), en funci¨®n de las repercusiones que las alteraciones contables tengan sobre la econom¨ªa nacional'.

- Alusi¨®n al 'caso Enron'. Sin mencionar el caso Enron, el Supremo alude a ¨¦l cuando se refiere a 'acontecimientos muy recientes que han tenido una trascendencia informativa universal' para insistir al legislador en que 'no se debe descartar la posibilidad de participaci¨®n, por cooperaci¨®n necesaria, de las entidades auditoras que, al realizar la fiscalizaci¨®n externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formaci¨®n de unas cuentas o balances falseados'.