La juez exige a Hacienda que presente el informe del 'caso Ol¨¦'

La juez que investiga la venta a Telef¨®nica del buscador de Internet Ol¨¦ -el embri¨®n de Terra- ha dictado un auto en el que exige a Hacienda que presente cuanto antes un informe encargado hace 21 meses para aclarar si los beneficiarios cometieron delito fiscal. La juez ha dado un nuevo impulso a la instrucci¨®n apremiada por el abogado del Estado. En el caso est¨¢n implicados, entre otros, el ex consejero de Telef¨®nica Mart¨ªn Velasco, el fundador de Ol¨¦, Pep Vall¨¨s, y el ex alto cargo de la Generalitat Josep Antoni Plana Castellv¨ª.

En 1999 el buscador tuvo una revaloraci¨®n espectacular y casi todas las operaciones se realizaron en el extranjero. Los propietarios de Ol¨¦, que hab¨ªan adquirido el producto a la Generalitat por 1.202 euros, crearon una sociedad en Luxemburgo junto con el ex consejero de Telef¨®nica Mart¨ªn Velasco y se autovendieron el buscador por 18.030 euros.

Pocos meses despu¨¦s, Telef¨®nica gast¨® 18 millones de euros en comprar el buscador y recompens¨® a sus promotores con derechos sobre acciones de la futura Terra, que al cierre de ayer tendr¨ªan un valor de 28 millones de euros. Todos los beneficios fueron a nuevas entidades creadas en Luxemburgo -Infosearch-, B¨¦lgica -Odissea- y Suiza -Fundaci¨®n Infantia.

En noviembre de 2000, el juzgado de Barcelona que investiga el caso reclam¨® a Hacienda que elaborara un informe para esclarecer si en la operaci¨®n hubo delito fiscal, pero 21 meses despu¨¦s la Agencia Tributaria todav¨ªa no lo ha presentado. A pesar de que los sucesivos cambios de juez han originado largos periodos de par¨¢lisis en la instrucci¨®n, el fiscal tambi¨¦n ha apreciado indicios de delito. Por ello ha reclamado la imputaci¨®n del ex director de la Fundaci¨® Catalana per a la Recerca (FCR) Josep Antoni Plana Castellv¨ª por supuesta apropiaci¨®n indebida al dar el visto bueno a la primera venta del buscador sin el preceptivo permiso del patronato de la entidad. En el sumario, ¨¦ste sigue como testigo.

Caso vigente

El abogado del Estado, que se hab¨ªa mantenido hasta ahora al margen del proceso, remiti¨® el pasado mes de junio un escrito a la juez, coincidiendo con el creciente distanciamiento entre el Gobierno central y el de la Generalitat. El texto defiende que el caso sigue plenamente vigente, en contra de las argumentaciones de los imputados, y pide que se exija el informe de Hacienda. Esto es lo que ha hecho la magistrada en un auto del pasado 5 de julio.

En su escrito, el abogado del Estado rechaza que el caso pueda cerrarse porque considera 'necesario comprobar si la interposici¨®n de personas jur¨ªdicas extranjeras y de naturaleza fundacional en algunos casos tuvo como ¨²nico o principal motivo la elusi¨®n de impuestos'.

El abogado subraya que las calificaciones jur¨ªdicas no prescriben y deja claro con iron¨ªa que las cantidades que se manejan son susceptibles de representar delito fiscal: 'Cualquier persona m¨ªnimamente ilustrada, cual es el caso de los querellados, puede conocer, a la vista de los hechos que se imputan, que percibidos 12 millones de euros (o m¨¢s) por algo que se compr¨® por 1.202 euros, respecto de los que no se ha tributado en Espa?a, la cuota presuntamente defraudada pasar¨ªa claramente de los 90.000 euros [l¨ªmite para el delito fiscal]'. Los 12 millones de euros citados no incluyen la inmediata ampliaci¨®n de capital por otros 6 millones de euros ni las opciones sobre acciones.

En su texto, el abogado del Estado reclama que todas las actuaciones se trasladen tambi¨¦n a los servicios jur¨ªdicos de la Generalitat, que ha tratado de mantenerse al margen del proceso a pesar de que Ol¨¦ se cre¨® con fondos del Gobierno catal¨¢n. El Ejecutivo de Jordi Pujol ha pedido una indemnizaci¨®n a Josep Vall¨¨s, pero la izquierda y el PP presionan para que se persone en el caso.

El auto de la juez acepta todas las peticiones del abogado del Estado y reclama a la Agencia Tributaria que 'a la mayor brevedad posible emita informe acerca de las consecuencias tributarias de la venta de Ol¨¦ al Grupo Telef¨®nica'. Tambi¨¦n da traslado de las actuaciones a los servicios jur¨ªdicos de la Generalitat.