El Gobierno documenta 'con mil pruebas' que Batasuna es el brazo pol¨ªtico de ETA

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer la presentaci¨®n de una demanda ante el Tribunal Supremo para ilegalizar Batasuna. La petici¨®n se basa en 'mil elementos de prueba que acreditan de manera fehaciente que Batasuna es la prolongaci¨®n del terrorismo en la pol¨ªtica', seg¨²n el ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila. El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, afirm¨® que 'con la ilegalizaci¨®n no se le gana la guerra al terrorismo, pero s¨ª una importante batalla, que es acabar con la impunidad de sus c¨®mplices', por lo que 'no hay lugar para ning¨²n victimismo pol¨ªtico'.

La demanda, aprobada ayer en la primera sesi¨®n del Consejo de Ministros del nuevo curso pol¨ªtico, consiste, seg¨²n explic¨® Michavila, en traducir en t¨¦rminos jur¨ªdicos lo que es 'una evidencia para la sociedad espa?ola y es que Batasuna utiliza los privilegios que tiene un partido para apoyar al terrorismo'. Esto es, como se?al¨® Rajoy, que la demanda tiene como base pol¨ªtica que 'la lucha contra ETA no lo es s¨®lo contra los comandos, tambi¨¦n lo es contra todo el aparato de apoyo, los que le dan respaldo, les proporcionan ayuda incondicional y se convierten en elementos indispensables para cometer los atentados'.

El texto se presentar¨¢ el martes ante el Tribunal Supremo, el mismo d¨ªa que la demanda de la Fiscal¨ªa. Michavila precis¨® que consta de un 'minucioso informe probatorio con cerca de mil elementos de prueba'. Figuran en ¨¦l certificaciones expedidas por instituciones como ayuntamientos y parlamentos; gran n¨²mero de actas notariales, certificaciones judiciales, cintas de v¨ªdeo, fotos digitales certificadas e informes de las fuerzas de seguridad del Estado.

La demanda, seg¨²n el ministro de Justicia, se basa en fundamentos de hecho y de derecho, vertebrados en tres ejes: Demostraci¨®n de que HB, EH y Batasuna constituyen un 'entramado pol¨ªtico ¨²nico' que 'a trav¨¦s de aportaciones documentales acredita que comparten objetivos, sedes, cargos, dirigentes y candidatos'.

El segundo eje establece que 'desde su fundaci¨®n, este entramado ha constituido la prolongaci¨®n del terrorismo en la pol¨ªtica, utlizando las instituciones al servicio del terror'. As¨ª, a trav¨¦s de m¨²ltiples pruebas la demanda acredita que las listas electorales han estado al servicio de ETA; que la financiaci¨®n de Batasuna se ha utilizado para actividades terroristas y que el censo electoral, al que s¨®lo tienen acceso los partidos, ha sido entregado a ETA para la extorsi¨®n y que sus sedes han sido utilizadas como dep¨®sito de armas y centros de captaci¨®n para la banda.

El tercer eje de la demanda trata de acreditar que, a los dos meses de la entrada en vigor de la Ley de Partidos, Batasuna 'ha manifestado de manera abrumadora que desea mantener la trayectoria que motiv¨® su nacimiento, es decir, ha deseado seguir siendo la proyecci¨®n del terrorismo en la pol¨ªtica', seg¨²n dijo Michavila. 'Se acredita que Batasuna ha vulnerado de manera grave y reiterada' la Ley de Partidos 'en innumerables ocasiones'.

La demanda precisa c¨®mo Batasuna ha mantenido la doble militancia entre personas condenadas por terrorismo y personas que mantienen cargos en la direcci¨®n. Justicia a?adi¨® que dos de los siete parlamentarios de Batasuna -Arnaldo Otegi y Antton Morcillo- han sido condenados por terrorismo; uno est¨¢ siendo investigado por su responsabilidad, en calidad de dirigente, de atentados de ETA, como Josu Ternera, y un cuarto, Jon Salaberria, est¨¢ imputado. Seg¨²n la demanda, Batasuna ha infringido el deber, que marca la Ley de Partidos, de expulsar a quienes, habiendo sido condenados por delito de terrorismo, no hayan repudiado p¨²blicamente los atentados terroristas.

Todos los supuestos

Momentos antes, el portavoz socialista en el Congreso, Jes¨²s Caldera, adelant¨® que Batasuna ha vulnerado 'todos los supuestos' previstos en la Ley de Partidos, en los s¨®lo dos meses de su vigencia, con lo que se hace acreedora de la demanda de ilegalizaci¨®n. Dicha demanda, en cuyo informe previo particip¨® activamente el PSOE, recoge con precisi¨®n los supuestos vulnerados.

Los fundamentos del derecho, que recogen la demanda, se centran en la legislaci¨®n espa?ola, en el derecho comparado y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por su parte, Rajoy destac¨® la convergencia de 'todos los poderes del Estado' en la demanda de ilegalizaci¨®n: la Fiscal¨ªa, la Audiencia y el Gobierno. Confirm¨® que el Ejecutivo pedir¨¢ la inclusi¨®n de Batasuna en la lista europea de grupos terroristas en cuanto el Supremo la ilegalice.

Tambi¨¦n se?al¨®, en alusi¨®n a las cr¨ªticas de que la ilegalizaci¨®n de Batasuna aumente la crispaci¨®n, que 'ETA no va a cometer m¨¢s atrocidades de las que ya ha cometido' y que, en todo caso, la banda ya anunci¨®, antes de iniciarse el proceso, que 'iba a seguir atentando'. Finalmente, constat¨® la 'poca respuesta' de apoyo que Batasuna ha encontrado a la clausura de sus sedes.