Un aspecto esencial es el car¨¢cter independiente y equidistante que deben tener las agencias

Es conocido el dicho que afirma que aquello que bien empieza bien acaba. La evaluaci¨®n de la calidad de las universidades tiene en Espa?a una historia breve pero afortunada. Los primeros pasos dados por nuestro sistema universitario en esta senda apenas cumplen ahora 10 a?os, y su primera realidad tangible fue la publicaci¨®n por el ¨²ltimo Gobierno socialista del decreto que regulaba el primer Plan Nacional de Evaluaci¨®n, en 1995. Era, quiz¨¢, la iniciativa m¨¢s importante de pol¨ªtica universitaria del decenio previo a la aprobaci¨®n de la LOU. Aquel impulso audaz pero limitado deb¨ªa aprovecharse de modo que la tentativa no quedase en el limbo de las buenas intenciones y nos acercase a las innovaciones organizativas de otros sistemas universitarios europeos, basadas en los principios de mayor agilidad en el funcionamiento acad¨¦mico, medici¨®n de los resultados alcanzados y transparencia en la gesti¨®n.

Los redactores del Informe Universidad 2000 recogieron esa filosof¨ªa y propusieron, como etapa siguiente en el proceso, la acreditaci¨®n de los programas acad¨¦micos, sugiriendo planes y organismos concretos para su implantaci¨®n. Finalmente, el T¨ªtulo V de la LOU asume la idea y le da cobertura fijando un alcance similar con un matiz diferenciador: mayor control gubernamental de los procedimientos previstos para su ejecuci¨®n frente a la autonom¨ªa de actuaci¨®n que caracterizaba las propuestas previas.

?Qu¨¦ gana nuestra educaci¨®n universitaria con su acreditaci¨®n por organismos especializados en tales menesteres? Si se hace bien, mucho. En sustancia, la acreditaci¨®n es la sustituci¨®n del control a priori de los planes de estudio que ofertan las universidades (consistente en una intervenci¨®n previa mediante la autorizaci¨®n de las ense?anzas por la administraci¨®n educativa y su homologaci¨®n por el, hasta ahora denominado, Consejo de Universidades) por una auditor¨ªa sobre la calidad de los resultados alcanzados y, si son satisfactorios, el reconocimiento de la capacidad de la instituci¨®n para seguir impartiendo la titulaci¨®n correspondiente. Ello beneficiar¨¢ a la sociedad al garantizar a los ciudadanos la calidad de la educaci¨®n que reciban: ¨¦sta se medir¨¢ obligatoriamente y los resultados ser¨¢n p¨²blicos. Tambi¨¦n beneficiar¨¢ a las universidades alivi¨¢ndolas de 'cors¨¦s' administrativos, permitiendo mayor libertad docente. El cr¨¦dito de las ense?anzas acreditadas ser¨¢ un activo social contrastado. La generalizaci¨®n de la acreditaci¨®n en muchos pa¨ªses de la Uni¨®n contribuir¨¢ tambi¨¦n a los procesos internacionales de homologaci¨®n de titulaciones, vitales para la construcci¨®n del Espacio Europeo de Educaci¨®n Superior.

Para llevar a cabo estas supuestas bondades se requiere mucho trabajo (al que se a?ade el generado por las evaluaciones individuales de los profesores, previstas para su contrataci¨®n o para la asignaci¨®n de retribuciones complementarias) y prudencia que evite que deseos impecables no degeneren en meras tramitaciones burocr¨¢ticas sin incidencia efectiva en la mejora del quehacer acad¨¦mico.

?Qu¨¦ condicionar¨¢ o favorecer¨¢ la buena pr¨¢ctica de la acreditaci¨®n universitaria? La LOU prev¨¦ que estas tareas sean realizadas por la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n de la Calidad y Acreditaci¨®n y las agencias similares que creen las comunidades aut¨®nomas en sus respectivos territorios. El reparto de responsabilidades entre ellas es un aspecto crucial de la cuesti¨®n: si se emplea un criterio de 'mutua confianza' con una distribuci¨®n equilibrada y consensuada de competencias, la acreditaci¨®n puede funcionar correctamente. Si, por el contrario, el Gobierno central cae en la tentaci¨®n del control excesivo de todas las actividades malograr¨¢ esta oportunidad. La constituci¨®n de una red de agencias auton¨®micas funcionando arm¨®nicamente (que asuman la parte principal de la ejecuci¨®n pr¨¢ctica de los programas de acreditaci¨®n de las ense?anzas y la evaluaci¨®n de las actividades de los profesores) ser¨ªa positiva. La Agencia Nacional deber¨ªa encargarse del dise?o y la coordinaci¨®n de los criterios y los procedimientos empleados por el conjunto de las agencias, as¨ª como de la supervisi¨®n de los resultados globales. Otro aspecto esencial para la buena pr¨¢ctica estribar¨¢ en el car¨¢cter independiente y equidistante que deben tener las agencias respecto a los Gobiernos y las universidades (el dise?o que prev¨¦ Madrid para su agencia tiene estas virtudes).

Deseemos que los actuales gobernantes acierten en las soluciones que den a los interrogantes planteados, no vaya a ser que a la mitad del camino tengamos que sustituir la proclama inicial por aquel otro decir tan popular que tras una arrancada de caballo tengamos una parada de burro. Hay m¨¢s piezas que encajar en el puzzle. ?Cu¨¢l debe ser el papel reservado a los organismos profesionales (colegios, asociaciones) en el sistema de acreditaci¨®n? ?C¨®mo dise?ar los complementos auton¨®micos para que influyan realmente en la calidad educativa? Etc¨¦tera.

La ocasi¨®n es propicia para que adem¨¢s se redefinan las relaciones entre las universidades y la Administraci¨®n en el dise?o de las pol¨ªticas universitarias en cada Comunidad Aut¨®noma. Se deber¨ªan cambiar las reglas de juego planificando las actuaciones en un 'mapa triangular' definido por tres polos: uno pol¨ªtico (la Administraci¨®n), otro acad¨¦mico (las universidades) y un tercero, de car¨¢cter nuevo, t¨¦cnico, constituido en cada comunidad por la Agencia de Calidad y Acreditaci¨®n (incorporando a su escenario de actuaci¨®n funciones de prospectiva, diagn¨®stico de problemas y b¨²squeda de soluciones), lo cual ser¨ªa bastante revolucionario. En un juego a tres bandas -no constre?ido a las actuales relaciones bilaterales entre la Administraci¨®n y las universidades, que en ocasiones apenas van m¨¢s all¨¢ de repartos presupuestarios o 'regateos' econ¨®micos-, las decisiones pol¨ªticas o acad¨¦micas estar¨ªan avaladas por datos objetivos, an¨¢lisis prospectivos y evaluaciones de los resultados. Ser¨ªa una revisi¨®n progresista del modo de hacer pol¨ªtica universitaria, con criterios m¨¢s rigurosos y acordes con los intereses sociales.

Francisco Michavila es catedr¨¢tico y director de la C¨¢tedra UNESCO de Gesti¨®n y Pol¨ªtica Universitaria de la Universidad Polit¨¦cnica de Madrid.