En la espiral

El Gobierno vasco ha anunciado su decisi¨®n de querellarse contra el juez Garz¨®n por un presunto delito de prevaricaci¨®n, mientras la Mesa del Parlamento vasco ha rechazado suspender el grupo parlamentario Batasuna en aplicaci¨®n de un auto del mismo juez. Esta segunda decisi¨®n es m¨¢s grave que la primera, pero ambas forman parte de una misma ofensiva del nacionalismo vasco por deslegitimar la instrucci¨®n de un sumario en el que Garz¨®n sostiene que Batasuna forma parte del entramado de ETA y est¨¢ dirigido por personas con doble militancia.

La Mesa del Parlamento vasco considera 'nulo de pleno derecho' el auto de Garz¨®n del 6 de septiembre, en el que precisaba (y, seg¨²n sus cr¨ªticos, modificaba) los contenidos del auto principal, de 26 de agosto. Hay motivos para cuestionar algunos aspectos de ese segundo auto, pero su nulidad habr¨ªa de decidirla, en su caso, otro tribunal, no la Mesa del Parlamento vasco. El informe de los servicios jur¨ªdicos del propio Parlamento planteaba serias objeciones al auto, pero recordaba tambi¨¦n que, de acuerdo con el art. 118 de la Constituci¨®n, la C¨¢mara est¨¢ obligada a aplicar las resoluciones judiciales y a suspender el grupo de Batasuna. ?sas son las reglas del juego. La mayor¨ªa nacionalista ha optado por romperlas deliberadamente. Y eso es muy grave, con independencia de lo mejor o peor fundado de sus objeciones.

La principal es que invade competencias de la C¨¢mara. Es un asunto delicado. El auto principal suspend¨ªa todas las actividades org¨¢nicas de Bastasuna, incluyendo las 'institucionales', lo cual incluye, obviamente, las parlamentarias, aunque sobre ¨¦stas establec¨ªa una distinci¨®n entre la titularidad del esca?o, que es personal y no puede ser retirada, y la del grupo parlamentario. Y remit¨ªa a la C¨¢mara -en t¨¦rminos confusos- la aplicaci¨®n pr¨¢ctica de la suspensi¨®n del grupo en cuanto tal.

Cab¨ªa interpretar esa remisi¨®n de diferentes maneras, pero un segundo auto de Garz¨®n establec¨ªa que la resoluci¨®n implicaba en todo caso la prohibici¨®n de que los electos siguieran funcionando como grupo y recibiendo las subvenciones correspondientes. Las objeciones a esa decisi¨®n son defendibles, pero no puede afirmarse seriamente que contradiga al primero. Lo que hace es aclarar su sentido en direcci¨®n contraria a la deseada por quienes lo impugnan.

El Gobierno vasco justifica la querella por prevaricaci¨®n porque los autos 'limitan de forma infundada, ileg¨ªtima y arbitraria' el derecho de reuni¨®n y manifestaci¨®n, y extiende sus efectos a personas ajenas a Batasuna, hasta el punto de que 'incriminan a la mayor¨ªa de la sociedad vasca'. Esto ¨²ltimo es un exceso ret¨®rico, porque nadie objet¨® la manifestaci¨®n convocada por EA en Gernika.

Tambi¨¦n se argumenta que las resoluciones de Garz¨®n vac¨ªan de contenido las competencias del Departamento vasco de Interior como autoridad gubernativa. Y esto ya tiene m¨¢s fundamento. Quien debe aplicar las resoluciones es la Administraci¨®n competente, y parece l¨®gico que al hacerlo sea ella quien aprecie si la convocatoria en concreto encaja o no en los l¨ªmites del auto de suspensi¨®n; contra su decisi¨®n podr¨¢ plantearse recurso. Pero tambi¨¦n es l¨®gico que el juez vigile la ejecuci¨®n de su resoluci¨®n. Trat¨¢ndose de un derecho fundamental, en caso de duda deber¨ªa prevalecer el de manifestaci¨®n. Confundir el celo del juez en la aplicaci¨®n estricta de su auto con prevaricaci¨®n s¨®lo puede atribuirse a una deliberada voluntad de ofender al juez que ha convertido la veros¨ªmil conjetura de que Batasuna forma parte de ETA en una hip¨®tesis respaldada por s¨®lidos indicios incriminatorios.