Todo no vale

El lenguaje jur¨ªdico es complejo y de dif¨ªcil comprensi¨®n para quienes no somos expertos en Derecho. Los hechos a que da lugar, sin embargo, suelen ser mucho m¨¢s comprensibles. A la luz de los hechos, el segundo de los autos del juez Baltasar Garz¨®n, en torno a la disoluci¨®n del grupo parlamentario Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak, es el disparate m¨¢s formidable desarrollado en el Estado espa?ol, desde que se aprob¨® la Constituci¨®n, contra uno de los principios b¨¢sicos del sistema: la divisi¨®n de poderes.

En los sistemas democr¨¢ticos los Gobiernos, bajo el imperio de la ley, ejercen las tareas ejecutivas. El Parlamento, el poder legislativo, hace las leyes. Los jueces las aplican. Lo que resulta verdaderamente ins¨®lito es que un juez pretenda obligar al Parlamento a cambiar leyes. Y eso es, exactamente, a lo que conduce la resoluci¨®n que, en su segundo auto, plantea Baltasar Garz¨®n.

Resulta ins¨®lito que un juez pretenda obligar al Parlamento a cambiar leyes

Nadie en su sano juicio puede imaginar que un juez se arrogue la iniciativa legislativa

Por sostener una obviedad institucional, soy poco menos que un colaborador de ETA

En efecto. La pretensi¨®n de Garz¨®n no se ajusta a derecho porque vulnera numerosos preceptos legales y desconoce principios b¨¢sicos de la doctrina jurisprudencial sobre el r¨¦gimen legal de los parlamentarios y los grupos que forman, revelando una osad¨ªa procesal temeraria. Pero lo m¨¢s grave es que lo que pretende s¨®lo puede cumplirse, como dice bien el informe de nuestros servicios jur¨ªdicos, obligando al legislativo a cambiar su Reglamento, una norma con rango de ley.

Tal procedimiento para alcanzar la 'eficacia' pretendida obliga no s¨®lo a admitir que un juez dispone de iniciativa legislativa, sino tambi¨¦n a determinar el sentido del voto de todos los parlamentarios para garantizar el resultado que el juez pretende.

No hace falta ser un experto en Derecho para comprender lo que esto significa. Admitir este precedente es imposible. Un ejemplo ajeno al ¨¢mbito parlamentario ilustra la gravedad de lo ocurrido. Imaginen que un juez instruye una causa relacionada con la violencia dom¨¦stica y considera razonable hacer carteles con la foto y el nombre del agresor y pegarlos por la calle. Para ello dicta un auto que, adem¨¢s de afectar al procesado, obliga a terceros que ni siquiera pueden recurrir. Para resolver los problemas de legalidad que tiene la medida, manda adem¨¢s otro auto al Parlamento para que incluya en la ley una previsi¨®n que legalice el mandato. En cualquier C¨¢mara legislativa, adem¨¢s de dar por no recibido el auto, las carcajadas quedar¨ªan para la historia, porque, en ese r¨¦gimen, las elecciones ser¨ªan superfluas. Ya dir¨ªan los jueces qu¨¦, c¨®mo y cu¨¢ndo legislar.

En nuestro caso, eso es exactamente lo que ha ocurrido. El informe jur¨ªdico elaborado por los servicios del Parlamento vasco sostiene que el juez no cumple la ley cuando propone medidas no recogidas en el ordenamiento y contradictorias con la legalidad, incluso la derivada de la reciente y mal llamada 'ley de partidos', y opuestas a toda la doctrina cient¨ªfica y la jurisprudencia constitucional existente sobre el r¨¦gimen jur¨ªdico de los parlamentarios.

Esto podr¨ªa repararse con un recurso si el Parlamento pudiese interponerlo, pero el procedimiento utilizado es tan at¨ªpico que siquiera tenemos esa posibilidad. En primer lugar, porque no somos parte en el proceso. En segundo t¨¦rmino, porque una intromisi¨®n como la ocurrida es tan ins¨®lita que el legislador no la ha previsto. La ley no prev¨¦ un conflicto de jurisdicci¨®n entre el Parlamento y el poder judicial porque nadie en su sano juicio puede imaginar que un juez se arrogue la iniciativa legislativa.

Este asunto es relevante porque la garant¨ªa que contrapesa el car¨¢cter obligatorio de las resoluciones de los jueces es la oportunidad que tienen los afectados para recurrir. Esa garant¨ªa queda aqu¨ª igualmente abolida. Por eso, el ¨²nico camino para obtener esa revisi¨®n es la denuncia por usurpaci¨®n de atribuciones, actuaci¨®n que cubre los dos aspectos de la cuesti¨®n, el disparate dogm¨¢tico y la ausencia de garant¨ªas para una de las partes afectadas.

Pero hay m¨¢s. El informe de nuestros servicios jur¨ªdicos se?ala que las resoluciones de los jueces deben cumplirse, pero a?ade que el Reglamento del Parlamento, una ley, carece de los mecanismos necesarios para ejecutar la orden del juez. Por eso sostiene que el ¨²nico modo de acatar esa resoluci¨®n es introducir una modificaci¨®n en el mismo.

Esa variaci¨®n no puede realizarse de cualquier modo. Debe promoverse desde el propio Parlamento. Para que tenga la necesaria fuerza de ley, debe obtener m¨¢s votos a favor que en contra en la Junta de Portavoces, en lo que es un ejercicio indiscutible de capacidad legislativa. Nadie puede sostener razonablemente que magistrado alguno, por muy superjuez que se sienta, pueda obligar a esto, y menos a¨²n que determine el sentido del voto de ning¨²n parlamentario. No defendemos, pues, a Batasuna, sino la misma sustancia del sistema: la autonom¨ªa de todos los parlamentarios y los derechos de todos los ciudadanos que votan para que se representen sus posiciones en la C¨¢mara.

Esta realidad es particularmente visible si se analiza lo ocurrido en el Parlamento de Navarra, en donde se vot¨® el acuerdo necesario para cambiar el reglamento en la Junta de Portavoces.

De aceptarse los criterios que se proyectan sobre nuestra decisi¨®n, ?podr¨ªa procesarse por desacato a los parlamentarios que votaron contra la modificaci¨®n del reglamento? ?Y si llegan a ser mayor¨ªa y no se aprueba la resoluci¨®n que modificaba el Reglamento, c¨®mo se hubiese efectuado la disoluci¨®n? ?Ser¨ªa posible el procesamiento? ?A qu¨¦ efectos hubiese dado lugar una votaci¨®n en sentido contrario? Por eso, vamos a remitir tambi¨¦n este expediente a las facultades de derecho. Es, sin duda, novedad mundial.

M¨¢s penoso resulta a¨²n comprobar que los an¨¢lisis, pretendidamente sesudos, que se han realizado sobre nuestra decisi¨®n 'casualmente' obvian este disparate. Como muchas otras veces, la mala fe, la manipulaci¨®n o el ruido 'pol¨ªtico' quiz¨¢ tapen el asunto. Hoy, como todos los d¨ªas, he tenido que tomar algunas precauciones para que ETA no me asesine.

Mientras realizaba ejercicios de camuflaje realmente chuscos para poder llegar al trabajo, como todos los d¨ªas, le¨ªa que, por sostener una obviedad institucional como la descrita, soy poco menos que un colaborador de ETA. En la radio, algunos defend¨ªan ardorosamente que es un principio aceptable que los parlamentarios est¨¦n obligados a hacer leyes c¨®mo, cu¨¢ndo y en el sentido en que pretenda Baltasar Garz¨®n.

Como es habitual, la catarata de descalificaciones no se ha basado en lo que realmente ocurri¨®, sino en lo que se interpreta que ocurri¨®, aunque carezca de soporte alguno. Por eso, en muchos lugares 'entender', es decir, 'opinar', 'pensar que' el auto es nulo de pleno derecho, se tradujo por 'declarar', facultad que el Parlamento ni tiene ni ha ejercido ni ejercer¨¢.

Eso se aprovech¨® para suponer que la Mesa incumpl¨ªa el auto bas¨¢ndose en esa inexistente declaraci¨®n. No se destac¨®, por cierto, que lo que la Mesa s¨ª 'declara' es que opera como lo hace porque no hay herramientas jur¨ªdicas para ejecutar el auto y disolver el grupo, y que acuerda remitir su posici¨®n al juez con la intenci¨®n de que, a falta de la v¨ªa del recurso, tenga oportunidad de analizarlo a la luz de estas 'peque?as' consideraciones.

Una de las m¨¢s lamentables experiencias, en mi etapa como consejero de Interior del Gobierno vasco, fue el episodio que concluy¨® con la fuga del asesino confeso y sonriente de los ertzainas I?aki Mendiluce y Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Villanueva. Un jurado popular absolvi¨® a la persona que les quit¨®, b¨¢rbaramente, la vida.

Posteriormente, se anul¨® el veredicto y se prepar¨® un nuevo juicio. Mientras se daban los pasos para tomar esta decisi¨®n, desde Interior tuvimos la certeza de que se iba a escapar. No hubo procedimiento legal alguno capaz de facultarnos para detenerle y evitar su fuga. Legalmente, era un ciudadano libre, inocente y poseedor de todos sus derechos civiles. Hoy, a¨²n, no sabemos d¨®nde est¨¢.

Para m¨¢s inri, tras sufrir estas dos graves humillaciones tuvimos que aguantar editoriales insultantes en algunos peri¨®dicos, preguntas parlamentarias y alg¨²n otro est¨ªmulo semejante de algunos, siempre m¨¢s te¨®ricos y c¨ªnicos que pr¨¢cticos defensores de la Constituci¨®n, las libertades, el Estado de derecho o la Ertzaintza.

Aunque las cr¨ªticas eran previsibles, no se nos ocurri¨® mantener secuestrado en una caba?a a Mikel Otegi hasta que la ley nos permitiese detenerlo. Eso es ilegal y, de hacerlo, no s¨®lo hubi¨¦semos sido criticados por ello; hubi¨¦semos cometido un delito.

Tampoco se nos ocurri¨® elaborar un decreto obligando al tribunal a condenar a Mikel Otegi. Hubiese sido tan ineficaz como pintoresco. Ahora parece que actitudes a¨²n m¨¢s ex¨®ticas deben ser aplaudidas. Deber¨ªamos ser conscientes, de una vez, de que contra el terrorismo, contra el delito, no vale todo. Hay que cumplir la ley.

Juan Mar¨ªa Atutxa es presidente del Parlamento vasco.