En Euskadi no hay libertad para todos
Con su brutalidad acostumbrada, ETA ha venido a recordar que en el Pa¨ªs Vasco no hay la misma libertad para todos. Ha venido a record¨¢rselo no a quienes padecen esa situaci¨®n, pues en ning¨²n momento ha dejado el terrorismo de actuar o intentar hacerlo contra concejales y militantes no nacionalistas. En su estrategia de socializar el miedo, ahora ampl¨ªa la amenaza no s¨®lo a los cargos p¨²blicos del PP y el PSOE, sino a sus simpatizantes: a todos aquellos que acudan a sus locales o a sus m¨ªtines. Por extensi¨®n, todos los votantes de esos dos partidos podr¨ªan sentirse incluidos: cerca de 600.000 ciudadanos vascos, seg¨²n el resultado de las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas.
No hay gran diferencia entre esa declaraci¨®n y la que hizo un dirigente de la rama juvenil de Batasuna el a?o pasado al peri¨®dico La Repubblica: 'ETA ha definido bien sus objetivos (...). Concejales del PP y del PSOE, por ejemplo, me parece que no caben dudas: son objetivos leg¨ªtimos a eliminar'. Y en la entrevista a ETA publicada en el peri¨®dico Gara el 7 de junio de 2001, el portavoz de los terroristas justificaba los atentados contra concejales del PSOE por la firma del Pacto Antiterrorista y porque 'llevan a cabo su trabajo pol¨ªtico bajo la protecci¨®n de las Fuerzas Armadas'.
El mensaje no es nuevo para populares y socialistas y tampoco deber¨ªa serlo para los nacionalistas, aunque estos ¨²ltimos act¨²an como si lo fuera. Contra lo que se ha dicho, el planteamiento rupturista de Ibarretxe no est¨¢ formulado como si ETA no existiese, sino contando con que existe. Al plantear directamente al Gobierno de Espa?a un pacto llamado 'de convivencia' sobre bases que se reconocen inaceptables para socialistas y populares vascos, se est¨¢ simplemente prescindiendo de la mitad no nacionalista de la poblaci¨®n; es decir, de quienes tienen una dificultad que no afecta a los nacionalistas para defender sus posiciones, no ya en una eventual consulta como la que propugna Ibarretxe, sino siquiera en las elecciones.
Ayer, Arzalluz propuso a sus seguidores acudir a las sedes de los partidos no nacionalistas para hacerlas m¨¢s seguras frente a las amenazas de ETA. Es significativo que hasta cuando pretende ser generoso recurre al sarcasmo. Del PP dijo que esos 'no tienen ni casas del pueblo', para a?adir que el riesgo no es grande y que el objeto de la iniciativa es 'apoyar a los concejales amenazados que tengan miedo'. No hay concejales amenazados que no lo tengan.
El presidente del Euskadi Buru Batzar tambi¨¦n dijo que 'han vuelto los nacionales', es decir, los franquistas, que 'pretenden hacer con la ley lo que Franco hizo con las armas'. Como si fuera lo mismo aplicar la ley en un Estado de derecho que fusilar disidentes, como hizo la dictadura y ahora hace ETA.
Acudir a las sedes de los amenazados para compartir su suerte ser¨ªa una forma de solidaridad que hasta ahora ha escaseado. Y no cabe dudar de la sinceridad con que el nacionalismo condena los atentados y reprueba el acoso que sufren socialistas y populares. Pero hay una contradicci¨®n entre esa condena ¨¦tica de la persecuci¨®n y el paralelo rechazo de las iniciativas legales tendentes a evitar que los perseguidores puedan seguir benefici¨¢ndose de las ventajas de la legalidad. Es farisaico decir que la ilegalizaci¨®n de Batasuna atenta contra el pluralismo y considerar normal que durante a?os los partidos no nacionalistas hayan tenido que competir en inferioridad de condiciones: bajo la amenaza de quienes consideran que eliminar concejales de la competencia es un objetivo leg¨ªtimo.
El lehendakari Ibarretxe llev¨® la obsesi¨®n equidistante m¨¢s lejos que nadie al decir que 'a este pueblo no lo van a parar ni con las bombas de ETA ni con decretos, ni con leyes ni con mentiras'. Ciertamente, sin las bombas de ETA pocos se tomar¨ªan en serio la propuesta de Estado libre asociado de Ibarretxe; pero equiparar las bombas de ETA a las leyes democr¨¢ticas refleja una grave desorientaci¨®n.
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