Empieza el juicio a 16 personas por unas operaciones urban¨ªsticas en un pueblo de Granada

Un total de 16 personas se sentar¨¢n hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Granada por su implicaci¨®n en operaciones urban¨ªsticas supuestamente ilegales llevadas a cabo en el municipio granadino de Jun, un pueblo situado a tres kil¨®metros de Granada. Entre los acusados se encuentran el alcalde del pueblo, Antonio Rodr¨ªguez Ruiz, del PSOE, y su hijo y primer teniente de alcalde, Antonio Rodr¨ªguez Salas, adem¨¢s del ex delegado provincial de Obras P¨²blicas de la Junta de Andaluc¨ªa, Pedro Juli¨¢n Lara.

El alcalde est¨¢ acusado de un delito de prevaricaci¨®n continuada y tr¨¢fico de influencias por haber urdido, seg¨²n el escrito de acusaciones del ministerio fiscal, un plan para recalificar unos terrenos que eran propiedad de su familia. El fiscal solicita por ello una pena de un a?o de prisi¨®n, 15 a?os de inhabilitaci¨®n y una multa de 600.000 euros (100 millones de pesetas). A su hijo, primer teniente de alcalde, pide la misma pena m¨¢s otra de nueve a?os de prisi¨®n, ya que a los anteriores delitos suma el de falsedad en documento p¨²blico. Respecto a la actuaci¨®n del ex delegado de Obras P¨²blicas, el ministerio fiscal, que lo acusa de un delito de prevaricaci¨®n, exige una pena de ocho a?os de inhabilitaci¨®n especial por haber permitido las operaciones.

Operaciones de compra

Los hechos ahora juzgados ocurrieron entre los a?os 1992 y 1993 cuando, despu¨¦s de ser elegido alcalde, Antonio Rodr¨ªguez Ruiz, en virtud de su cargo, seg¨²n el escrito del fiscal, inici¨® unas operaciones de compra de terrenos con el fin de instalar en ellos un complejo deportivo. Los terrenos colindaban con parcelas que algunos familiares del alcalde hab¨ªan adquirido con anterioridad y que ser¨ªan posteriormente recalificados y su valor encarecido. De hecho, algunos familiares del alcalde, como su esposa, otro de sus hijos y su nuera aparecen en la vista como acusados.

Para el ministerio fiscal, la adquisici¨®n de los suelos para el complejo deportivo, que finalmente no se llev¨® a cabo, supuso un coste al Ayuntamiento de Jun de 270.000 euros (45 millones de pesetas). A juicio del ministerio fiscal, la operaci¨®n de compra 'pone de manifiesto que no hab¨ªa intenci¨®n, por parte del Ayuntamiento, de adquirir esa parcela para terrenos deportivos' y su finalidad 'conven¨ªa a los intereses particulares del alcalde, el teniente de alcalde y su familia'.

La operaci¨®n era, adem¨¢s, seg¨²n el escrito del fiscal, de m¨¢s de 40 folios, 'un plan estrat¨¦gico que satisface los intereses particulares de todos los intervinientes', es decir, de los diferentes implicados en las supuestas irregularidades. Por el contrario, 'los intereses generales quedan totalmente defraudados con esta operaci¨®n', a?ade el escrito, que incide en que la actuaci¨®n del alcalde no estuvo encaminada a satisfacer las necesidades del municipio de Jun, sino las de su entorno familiar.