La oposici¨®n rechaza dar impunidad a EE UU en la Corte Penal Internacional

Todos los partidos, salvo el PP, reclamaron ayer al Gobierno que no firme ning¨²n acuerdo bilateral con EE UU que garantice la inmunidad de los militares de dicho pa¨ªs ante la Corte Penal Internacional (CPI). Dos fueron los argumentos de la oposici¨®n para rechazar un acuerdo como el que reclama la Administraci¨®n de Bush: que equivaldr¨ªa a tirar por tierra la reci¨¦n nacida Corte Penal Internacional y que supondr¨ªa un trato discriminatorio con respecto a los soldados espa?oles, sujetos a la jurisdicci¨®n de dicho tribunal, competente para juzgar los delitos de genocidio y cr¨ªmenes contra la humanidad.

El Partido Popular intent¨® buscar una salida que no le comprometiera y present¨® una enmienda a las dos proposiciones no de ley presentadas por el PSOE e Izquierda Unida.

El grupo mayoritario argument¨® que la Uni¨®n Europea, en el Consejo de Asuntos Generales celebrado el pasado 30 de septiembre, ya cedi¨® a las presiones de Washington y abri¨® la puerta a que los Estados miembros firmen acuerdos bilaterales con EEUU para que sus soldados queden exentos de la jurisdicci¨®n de la CPI.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acordaron ese d¨ªa en Bruselas que cada socio pueda firmar, si as¨ª lo decide, acuerdos bilaterales con Washington para conceder inmunidad ante la CPI a su personal diplom¨¢tico, civil y militar destinado en territorio de la Uni¨®n Europea. Los estadounidenses, en los pa¨ªses que firmen esos acuerdos, no podr¨¢n ser puestos a disposici¨®n del nuevo tribunal internacional para que respondan por presuntos cr¨ªmenes de guerra o contra la humanidad, sino que ser¨¢n entregados a EE UU y juzgados en su propio pa¨ªs.

El PP aseguraba en su enmienda que la respuesta decidida en Bruselas 'garantiza los principios b¨¢sicos que inspiran la Corte Penal Internacional, y que, b¨¢sicamente, son la exigencia de no impunidad y de no reciprocidad'.

Ning¨²n otro grupo de la C¨¢mara comparti¨® la visi¨®n del partido del Gobierno. A¨²n m¨¢s, varios portavoces argumentaron que firmar un acuerdo de tales caracter¨ªsticas con Estados Unidos dejar¨ªa incluso al Rey en una situaci¨®n de menor protecci¨®n que a los soldados estadounidenses.

El ejemplo era, y as¨ª lo reconocieron quienes lo mencionaron, una exageraci¨®n, pues no es imaginable que el jefe del Estado se viera envuelto en un proceso de este tipo, pero refleja el absurdo jur¨ªdico que va a generarse, ya que los pa¨ªses de la UE se han comprometido a no reclamar para sus propios nacionales el trato privilegiado que conceder¨¢n a EE UU.

'Ya hay 13 pa¨ªses que han firmado acuerdos de impunidad con Estados Unidos', advirti¨® el diputado socialista Diego L¨®pez Garrido al defender la propuesta de su grupo. El portavoz socialista en la Comisi¨®n Constitucional advirti¨® de que sumarse a esa lista y pidi¨® a todos los grupos de la C¨¢mara que 'Espa?a no entre en esa din¨¢mica' ya que supondr¨ªa, a su juicio, un 'golpe de muerte' para la CPI.

En esa misma l¨ªnea argument¨® el diputado de Izquierda Unida Jos¨¦ Luis Centella. Reprob¨® la 'doble vara de medir' que reclama Estados Unidos y record¨® la 'terrible experiencia' vivida en Europa en el siglo XX, con 'conculcaciones masivas de los derechos humanos y genocidios organizados'. Aceptar la impunidad de los soldados y diputados estadounidenses, a?adi¨®, equivale a 'reconocer la supremac¨ªa de Estados unidos en el nuevo orden internacional'. A¨²n m¨¢s, Centella acus¨® a pa¨ªses como EEUU e Israel de denominar 'da?os colaterales a lo que claramente son actuaciones que deber¨ªa juzgar la CPI'.

Los grupos de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) y Coalici¨®n Canaria, tantas veces cercanos al Gobierno, se aliaron en esta ocasi¨®n con socialistas e IU para defender a la CPI frente a las pretensiones de la Administraci¨®n Bush.

CiU reclam¨® que no se firmen acuerdos que puedan 'comprometer o limitar' la 'investigaci¨®n y persecuci¨®n de cr¨ªmenes incluidos en el ¨¢mbito de jurisdicci¨®n de la Corte Penal Internacional'. Por su parte, Coalici¨®n Canaria calific¨® de 'contrario a derecho, inconstitucional, ilegal e ileg¨ªtimo' cualquier acuerdo de tales caracter¨ªsticas.

Al final, se impuso la mayor¨ªa absoluta del Partido Popular y las opiniones de la oposici¨®n sumaron 130 votos frente a los 156 del partido del Gobierno. Un resultado absolutamente ins¨®lito para tratarse de de un asunto que afecta a la pol¨ªtica exterior espa?ola, normalmente objeto de un amplio consenso parlamentario.