Globalizaci¨®n, integraci¨®n europea y gasto p¨²blico
Existe una postura generalizada en c¨ªrculos econ¨®micos, pol¨ªticos y medi¨¢ticos del mundo desarrollado que asume que, como consecuencia de la globalizaci¨®n econ¨®mica y de la desregulaci¨®n de los mercados de capitales y del comercio, los pa¨ªses tienen que reducir sus cargas fiscales (y muy en especial las cargas sobre los factores m¨®viles, como el capital) y disminuir su gasto p¨²blico, a fin de mantener su competitividad. Es m¨¢s, se asume tambi¨¦n en esta postura que las poblaciones de los pa¨ªses desarrollados han agotado ya su voluntad de pagar m¨¢s impuestos, con lo cual los estados se sienten en la obligaci¨®n de, adem¨¢s de reducir el gasto p¨²blico, privatizar los servicios p¨²blicos de sus Estados del bienestar, tales como la sanidad, la educaci¨®n y los servicios de ayuda a la familia. Se supone as¨ª que, independientemente de que gobiernen las derechas o las izquierdas, todos los gobiernos tienen que seguir pol¨ªticas de austeridad p¨²blica y social, convergiendo hacia un Estado de bienestar m¨¢s reducido. En esta postura se subraya que aquellos pa¨ªses que no siguen estas pol¨ªticas p¨²blicas pierden su competitividad. As¨ª, a ra¨ªz de las recientes elecciones en Suecia, hemos visto varios reportajes en la prensa que defin¨ªan aquel pa¨ªs (que tiene el Estado de bienestar m¨¢s extenso en Europa) como 'un pa¨ªs con s¨ªntomas de agotamiento', caracterizado 'por una muy baja productividad' y 'escasa competitividad', que 'vive desde mediados de los noventa una lenta agon¨ªa', y todo ello, resultado de su elevado gasto p¨²blico y alta carga fiscal.
Esta postura que exige la reducci¨®n de las cargas fiscales y el descenso del gasto p¨²blico a fin de aumentar la competitividad de los pa¨ªses ha sido promovida activamente por organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y responde a lo que se ha definido como el 'consenso de Washington', aunque tal consenso podr¨ªa tambi¨¦n haberse encontrado durante estos ¨²ltimos a?os en Londres, Berl¨ªn, Roma, Par¨ªs y Madrid. Consecuencia de este consenso hemos visto sectores de izquierda compitiendo con la derecha en ver qui¨¦n bajaba m¨¢s los impuestos. Tal consenso se ha cristalizado en las pol¨ªticas p¨²blicas de la Comisi¨®n Europea, con la Comisar¨ªa de Asuntos Econ¨®micos y Monetarios liderando hoy la campa?a de austeridad del gasto p¨²blico en la UE, como medida para alcanzar el d¨¦ficit p¨²blico cero. Sectores de la izquierda han aceptado tambi¨¦n la posici¨®n de que hay que bajar los impuestos no s¨®lo para facilitar la competitividad del pa¨ªs, sino tambi¨¦n para mejor responder a una supuesta demanda popular de bajar los impuestos, puesto que mantenerlos o subirlos equivale a un suicidio electoral. En esta postura, la derrota del Partido Laborista brit¨¢nico en 1994 se atribuy¨® a su propuesta de aumentar los impuestos para mejorar los servicios p¨²blicos, explic¨¢ndose el supuesto ¨¦xito electoral del Nuevo Laborismo brit¨¢nico por sus pol¨ªticas de austeridad del gasto p¨²blico y social, comprometi¨¦ndose, cuando fue elegido en 1997, a mantener la austeridad fiscal del Gobierno conservador anterior.
Desde su inicio, estas pol¨ªticas (iniciadas por el presidente Reagan y la primera ministra se?ora Thatcher) han sido cuestionadas por muchos autores, siendo el m¨¢s reciente el premio Nobel Stiglitz (que ha centrado sus cr¨ªticas en el FMI, aunque deber¨ªa tambi¨¦n haber incluido al BM en su cr¨ªtica, puesto que ¨¦ste ha sido un promotor tan activo de tales pol¨ªticas como el FMI; el BM, por ejemplo, jug¨® un papel clave en la privatizaci¨®n de la Seguridad Social en la Argentina, una de las causas de su crisis financiera). En realidad, los supuestos de tal pensamiento son f¨¢cilmente rebatibles por la evidencia existente. El lector me permitir¨¢ aportar datos emp¨ªricos que cuestionan cada uno de los supuestos que sostienen aquel consenso, comenzando por la supuesta causa de fracasos electorales. No hay evidencia que apoye la interpretaci¨®n de que el Partido Laborista brit¨¢nico perdiese las elecciones de 1994 por haber pedido un aumento de los impuestos necesario para paliar el d¨¦ficit social de aquel pa¨ªs. El Partido Dem¨®crata Liberal, que se present¨® en aquellos comicios como el gran defensor del Estado de bienestar proponiendo un aumento de los impuestos para mejorarlo, fue el partido que creci¨® m¨¢s electoralmente. Y el mismo a?o vio c¨®mo el Partido Socialdem¨®crata sueco gan¨® las elecciones, proponiendo tambi¨¦n un mejoramiento de los servicios p¨²blicos, con aumento de los impuestos. En realidad, la gran mayor¨ªa de encuestas realizadas tanto en Europa -incluyendo Espa?a- como en EE UU muestra que la mayor¨ªa de la ciudadan¨ªa prefiere m¨¢s un mejoramiento de los servicios p¨²blicos que una bajada de los impuestos. En Gran Breta?a, el gran deterioro de los servicios p¨²blicos como resultado de las pol¨ªticas de austeridad del Gobierno de Blair ha sido la causa mayor del desencanto popular con el Gobierno, lo que forz¨® un cambio profundo de sus pol¨ªticas, aumentando muy considerablemente el gasto p¨²blico y social y comprometi¨¦ndose a alcanzar en una legislatura, por ejemplo, el promedio del gasto p¨²blico de la UE en sanidad, uno de los sectores donde la austeridad del gasto p¨²blico ha da?ado m¨¢s la calidad de los servicios p¨²blicos. Otro caso de preferencias populares por el mantenimiento y expansi¨®n del Estado de bienestar ha sido la enorme derrota del Partido Liberal en Alemania (que hab¨ªa pedido una reducci¨®n muy marcada de los impuestos), y la gran recuperaci¨®n de la popularidad perdida por parte de la coalici¨®n rojiverde de aquel pa¨ªs debido, en parte, al compromiso de mantener y expandir el Estado de bienestar, con la alta probabilidad de que esta coalici¨®n lidere en la UE el cuestionamiento del d¨¦ficit cero. Otro ejemplo de estas preferencias populares fueron las ¨²ltimas elecciones suecas, donde el partido socialdem¨®crata gan¨® ampliamente las elecciones al Parlamento, con un claro compromiso a extender el Estado de bienestar, con aumento del gasto social, mientras que el mayor partido de la oposici¨®n, el partido conservador, que hab¨ªa hecho de la bajada de impuestos el elemento central de su programa electoral, perdi¨® espectacularmente su apoyo electoral. Suecia, por cierto, y en contra de lo que se informa con excesiva frecuencia
en nuestro pa¨ªs, es uno de los pa¨ªses m¨¢s competitivos de la UE y de la OCDE. Seg¨²n el ¨²ltimo informe de la OCDE sobre Competitividad y Nueva Econom¨ªa (2001), Suecia es, despu¨¦s de EE UU, el pa¨ªs con mayor innovaci¨®n tecnol¨®gica (medida por patentes por PIB) y mayor gasto p¨²blico en investigaci¨®n y desarrollo, como porcentaje del PIB, habiendo alcanzado un desempleo (4,95) inferior al de EE UU (5,9%), con un promedio salarial mayor que la de este ¨²ltimo pa¨ªs. Su productividad (medida por hora trabajada) es semejante a la de Gran Breta?a y superior a la de Jap¨®n, Canad¨¢, Nueva Zelanda y Australia.
Una segunda aclaraci¨®n es que los datos no confirman la tesis de que, como resultado de la globalizaci¨®n econ¨®mica e integraci¨®n europea, haya habido una convergencia de los Estados hacia un Estado de bienestar m¨¢s reducido. Los datos muestran precisamente lo contrario: tanto el gasto p¨²blico social como el empleo p¨²blico ha aumentado en la mayor¨ªa de pa¨ªses de la OCDE. La gran mayor¨ªa de pa¨ªses de la UE han visto tambi¨¦n aumentar los impuestos (como porcentaje del PIB), y sobre todo los impuestos sobre el capital (excepto en Espa?a, donde estos ¨²ltimos han disminuido). El que los impuestos y los gastos p¨²blicos hayan subido o bajado no tiene que ver primordialmente con la globalizaci¨®n econ¨®mica o con la integraci¨®n monetaria en la UE, sino con el color pol¨ªtico del partido gobernante y los intereses que representa. No es cierto, por lo tanto, que los Estados est¨¦n perdiendo poder, argumento que se utiliza con gran frecuencia para justificar pol¨ªticas impopulares (que benefician a clases sociales e intereses econ¨®micos financieros espec¨ªficos) y que se presentan como resultado de la globalizaci¨®n o de la integraci¨®n europea sobre la cual supuestamente los gobiernos no pueden hacer mucho.
Lo cual me lleva, por ¨²ltimo, a discutir el caso espa?ol. Espa?a tiene un Estado de bienestar poco desarrollado, y ello como resultado de la escasa sensibilidad social de la dictadura franquista. El gasto social per c¨¢pita el a?o en que el dictador muri¨® fue el m¨¢s bajo de Europa, junto con el de Grecia y Portugal, pa¨ªses que padecieron dictaduras semejantes. Durante la democracia, el gasto p¨²blico y social fue aumentando considerablemente, y sobre todo en los a?os ochenta y principios de los a?os noventa, reduci¨¦ndose el d¨¦ficit social que ten¨ªamos con el promedio de la UE, aunque nunca alcanz¨¢ramos tal promedio. A partir de 1994, sin embargo, el gasto social p¨²blico (en relaci¨®n al PIB) fue descendiendo, justific¨¢ndose tales reducciones por la necesidad de reducir el d¨¦ficit p¨²blico, hasta alcanzar el m¨ªtico d¨¦ficit cero, objetivo definido por la Comisi¨®n Europea. Hoy Espa?a es uno de los pa¨ªses que mejor ha alcanzado este objetivo, de lo cual el Gobierno espa?ol est¨¢ muy orgulloso. Pero este objetivo se est¨¢ alcanzando a costa de aumentar el considerable d¨¦ficit social espa?ol respecto al resto de Europa. Un ejemplo de lo que se?alo es la educaci¨®n. Cuando el dictador muri¨®, el gasto p¨²blico en escuelas de primaria y secundaria era el m¨¢s bajo de Europa (1,7% del PIB), con un elevad¨ªsimo porcentaje de la poblaci¨®n (82%) escasamente educada (menos de seis a?os de educaci¨®n). Con la democracia, el gasto en escuelas aument¨® a un 3,4% del PIB en 1994, acerc¨¢ndonos as¨ª al promedio de la UE (4,2%). Ahora bien, a partir de 1994, tal porcentaje ha ido disminuyendo, siendo hoy un 3,2%, m¨¢s bajo que en 1994. Esta austeridad del gasto p¨²blico en educaci¨®n tiene sus costes, como se?ala el informe reciente de la OCDE Education at Glance 2002, el cual subraya que, en general, hay una relaci¨®n entre gasto por estudiante en un pa¨ªs y el conocimiento adquirido por sus estudiantes en comprensi¨®n de lectura y en conocimiento cient¨ªfico y matem¨¢tico. Espa?a (tanto en gasto como en conocimiento) est¨¢ por debajo del promedio europeo. Este d¨¦ficit de gasto es particularmente acentuado en el mundo universitario, lo cual contrasta con el discurso oficial que da gran ¨¦nfasis en alcanzar la sociedad del conocimiento, base del desarrollo econ¨®mico. Tal austeridad aparece tambi¨¦n en otros servicios p¨²blicos como la sanidad y los servicios de ayuda a la familia. Es sorprendente, por lo tanto, que el deterioro de los servicios p¨²blicos no se haya convertido (tal como ha ocurrido en Gran Breta?a) en el gran tema de debate pol¨ªtico en el pa¨ªs. El Gobierno conservador espa?ol justifica tal austeridad del gasto p¨²blico (alcanzado el d¨¦ficit cero) por la necesidad de aumentar la competitividad de la econom¨ªa espa?ola, presentando la elevada tasa de crecimiento de empleo (3,7%, una de las m¨¢s altas de la OCDE) como prueba de la certeza de sus pol¨ªticas. As¨ª, el presidente del Gobierno, durante el debate sobre el Estado de la Naci¨®n, present¨® como el eje central de su pol¨ªtica social la creaci¨®n de empleo. Pero en este discurso no se menciona la escasa calidad de los puestos de trabajo creados, reproduci¨¦ndose as¨ª el gran deterioro del mercado laboral espa?ol. Seg¨²n el ¨²ltimo informe sobre ocupaci¨®n de la OCDE, Espa?a no es s¨®lo el pa¨ªs que tiene una tasa de precariedad m¨¢s alta, sino que es el pa¨ªs que tiene un porcentaje mayor de trabajadores en contratos fijos que consideran sus condiciones de trabajo insatisfactorias (52% frente al 37% de la UE). Tales indicadores permiten cuestionar que tales resultados puedan justificar la austeridad social. En realidad, la escasa calidad del mercado de trabajo est¨¢ relacionada con el escaso desarrollo del Estado de bienestar, con un gasto p¨²blico y social excesivamente bajo, que deber¨ªa aumentar considerablemente para alcanzar el gasto social promedio de la UE, a fin de asegurarnos que la deseada convergencia con Europa no s¨®lo sea monetaria, sino social. Esto no est¨¢ ocurriendo hoy en Espa?a.
Vicen? Navarro es catedr¨¢tico de Pol¨ªticas P¨²blicas de la Universidad Pompeu Fabra, autor de Bienestar insuficiente, democracia incompleta (Anagrama).
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