Una fiscal dej¨® Euskadi, coaccionada tras recurrir cinco excarcelaciones de la juez Ruth Alonso

La anterior fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Euskadi Mercedes Bujanda tuvo que abandonar Euskadi tras sufrir una intensa campa?a de acoso de grupos ligados a los presos de ETA. Las coacciones, que inclu¨ªan manifestaciones ante su casa de Bilbao, se deb¨ªan a que en pocos meses recurri¨® la concesi¨®n de al menos cinco libertades condicionales de reclusos de ETA ordenadas por la juez Ruth Alonso. ?sta se halla ahora en el centro de una pol¨¦mica pol¨ªtica y jur¨ªdica por haber dado la libertad condicional al etarra Ram¨®n Gil Ostoaga tras cumplir 13 de los 298 a?os de condena.

Mercedes Bujanda Bujanda, con 14 a?os de ejercicio en el ministerio p¨²blico, abandon¨® el Pa¨ªs Vasco en 1999, cuando estaba en vigor el alto el fuego de ETA. La fiscal hab¨ªa recurrido en los dos primeros meses de ese a?o la puesta en libertad condicional de cinco condenados por terrorismo o violencia callejera que hab¨ªan cumplido las tres cuartas partes de su condena.

Las cinco excarcelaciones hab¨ªan sido decididas por la juez Ruth Alonso, siguiendo un procedimiento casi calcado del que acaba de aplicar con los etarras Jos¨¦ Ram¨®n Basauri Pujana y F¨¦lix Ram¨®n Gil Ostoaga, ambos con delitos de sangre. Pero a diferencia de estas dos, aquellas liberaciones se produjeron durante la tregua y poco antes de que el Gobierno trasladara a prisiones del Pa¨ªs Vasco, o pr¨®ximas, a un grupo de 135 etarras, como gesto de buena voluntad hacia la banda. Dicho grupo, en el que estaba Ostoaga, era supuestamente proclive a disentir de la disciplina del colectivo de presos de la organizaci¨®n terrorista.

La propia Alonso admite que desde hace tres a?os han aumentado los recursos contra sus decisiones favorables a presos de ETA. Los ¨²ltimos han sido redactados por el fiscal de Vigilancia Alejandro Tor¨¢n, tambi¨¦n amenazado por ETA y quien ya estaba en el cargo en el momento en que Bujanda se fue de Euskadi con su familia. Tor¨¢n, al contrario que Bujanda, dispon¨ªa en 1999 de escolta, de seguridad privada.

La fiscal Bujanda, que inicialmente se traslad¨® a Baleares, llevaba meses denunciando las amenazas. La gota que agot¨® su entereza fue una protesta p¨²blica organizada por grupos proetarras ante la puerta de su domicilio en Bilbao, el 9 de febrero de 1999. Fue entonces cuando tom¨® la decisi¨®n de abandonar Euskadi.

Quejas sobre la seguridad

La Fiscal¨ªa General del Estado se enzarz¨® en una pol¨¦mica con la Consejer¨ªa vasca de Interior alegando que, pese a que hab¨ªa solicitado 'en reiteradas ocasiones' protecci¨®n a las autoridades competentes, no hab¨ªa obtenido 'la respuesta deseada'. La Consejer¨ªa que dirige Javier Balza replic¨® que en enero sus t¨¦cnicos se hab¨ªan reunido dos veces con la fiscal para explicarle el sistema de protecci¨®n y tranquilizarla porque su integridad 'estaba garantizada'.

Jes¨²s Cardenal, fiscal general del Estado, sigue considerando 'insuficientes' las medidas que hoy se aplican, 'por cuanto se ha asignado a una sola persona para garantizar la seguridad personal de cada miembro de la carrera fiscal o judicial, y adem¨¢s sin ning¨²n medio para que tal cometido pueda realizarse con las m¨ªnimas condiciones', seg¨²n escribi¨® en la memoria de 2001, elaborada durante este a?o y presentada el pasado septiembre. 'Hasta el momento de redactar esta memoria', dec¨ªa, 'nada de ello [coches blindados o inhibidores de frecuencia] se ha conseguido, por lo que debemos expresar nuestro pesar, al considerar que las medidas adoptadas no son ni siquiera las m¨ªnimas necesarias'.

La reacci¨®n del Gobierno contra las decisiones de la juez Alonso motiv¨® ayer protestas del PSOE y de IU. El portavoz parlamentario socialista, Jes¨²s Caldera, asegur¨® que no comparte la decisi¨®n de Alonso y que est¨¢ de acuerdo con que la vigilancia penitenciaria de etarras se lleve en la Audiencia Nacional, pero pidi¨® respeto para el trabajo de la juez. 'Lo que no se puede hacer es echar a nadie a la hoguera', dijo. Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, pidi¨® al Gobierno que no act¨²e 'como un ni?o mimado que cuando va perdiendo el partido decide cambiar las reglas'. IU ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso del vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, para que expliquen el 'acoso pol¨ªtico' al que ha sido sometida Ruth Alonso 'vulnerando la indispensable separaci¨®n de poderes'.