Un juzgado retoma una investigaci¨®n del a?o 2000 sobre CPV que ten¨ªa archivada provisionalmente

Dos jueces se ocupan de indagar la actividad de la promotora inmobiliaria CPV. Uno, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8, a ra¨ªz de la querella por presunta estafa interpuesta por seis afectados por la compra de casas en los nuevos barrios del norte de la capital, que ha dejado sin viviendas a 1.200 familias. El Juzgado 34, a instancias de la Audiencia Provincial, ha retomado una investigaci¨®n por presunta falsedad documental interpuesta en 2000 por la Junta de Compensaci¨®n de Sanchinarro en la que aparec¨ªan como perjudicadas 500 personas. Este caso estaba archivado provisionalmente.

Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), implicada en una supuesta estafa a 1.200 familias que se han quedado sin el dinero entregado por una casa inexistente, est¨¢ siendo investigada por dos juzgados de instrucci¨®n de Madrid (el n¨²mero 8 y el 34). En el primero, la promotora inmobiliaria aparece imputada en un presunto delito de estafa, y en el segundo est¨¢ incursa en una denuncia por falsedad documental del a?o 2000. Ya en esta fecha, el Gobierno regional conoc¨ªa las posibles infracciones contra los derechos de los consumidores cometidas por esa empresa.

En diciembre de 1999, la Direcci¨®n General de Consumo ya hab¨ªa sancionado a CPV a pagar 2.250.000 pesetas, ante una reclamaci¨®n presentada "por pr¨¢ctica nociva", seg¨²n Luis Bl¨¢zquez, consejero de Econom¨ªa. Pero la promotora no pag¨® esa cantidad hasta 2002, y lo hizo por v¨ªa de apremio (antes de embargo de bienes).

Consumo acumul¨® entre diciembre de 1999 y septiembre de 2002 un total de ocho reclamaciones de afectados por CPV por supuestas infracciones contra los consumidores. En tres de los casos, las quejas eran por suministro de informaci¨®n incompleta o no veraz, por irregularidades evidentes en los contratos de compraventa, por ausencia de "avalamiento en las cantidades entregadas a cuenta" y por realizar publicidad y venta lesiva para los consumidores.

Consumo inform¨® de las primeras supuestas irregularidades al Juzgado 34 en octubre de 2000, y le indic¨® que CPV penalizaba "a algunos de los perjudicados en el momento de recibir el contrato de compraventa con una retenci¨®n de la cantidad entregada a cuenta". Ignoraba, seg¨²n consta en el documento que remiti¨® entonces al juzgado, el n¨²mero de personas al que "afecta semejante actitud". El mismo informe resaltaba que CPV "carece de autorizaci¨®n para la construcci¨®n de las viviendas promocionadas". La Administraci¨®n, sin embargo, no pudo sancionar a la promotora por esas reclamaciones porque el Juzgado n¨²mero 34 le orden¨® en el mismo octubre de 2000 que suspendiera el procedimiento administrativo (al estar abierta la v¨ªa judicial).

Mas reclamaciones

El consejero Bl¨¢zquez no descarta que se hayan registrado m¨¢s reclamaciones en ayuntamientos, ya que la defensa del consumidor no es s¨®lo competencia de la Comunidad, y se?ala que la semana pasada remiti¨® toda la informaci¨®n de que dispone sobre CPV al Juzgado de Instrucci¨®n 34. Hace tres d¨ªas, Ruiz-Gallard¨®n orden¨® remitir todo lo actuado a la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior, "dada la relevancia de los indicios de il¨ªcito penal que presentan estas actuaciones".

Lo sucedido con CPV es, seg¨²n Bl¨¢zquez, "un tema de la justicia; la protecci¨®n al consumidor no es suficiente". Cuando la justicia resuelva, ser¨¢ cuando Consumo pueda act¨²ar. "La sanci¨®n ser¨¢ muy elevada", vaticina el consejero, sobre todo si se siguen acumulando reclamaciones. Para el responsable de Econom¨ªa, en el caso CPV, en el que los damnificados compraron casas fantasma en los PAU de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas, "hay unas pr¨¢cticas de mercado que son perversas". ?Qui¨¦n tiene facultades para actuar ah¨ª? "S¨®lo la ley", se?ala. "Habr¨¢ que endurecer la ley", agrega.

Seg¨²n Bl¨¢zquez, esto se concreta en sanciones disuasorias elevadas, en la obligatoriedad de disponer de avales de bancos, compa?¨ªas aseguradoras a la hora de comprar una vivienda y en la existencia de un fondo de garant¨ªa de compras inmobiliarias similar al que existe para dep¨®sitos bancarios o seguros. Ante la dificultad de los consumidores para moverse en el complicado terreno de las compraventas, la ley "debe proteger no al experto, sino al consumidor", se?ala.

El abogado Pedro L¨®pez Arias, que interpuso una querella en nombre de seis de los afectados por el caso CPV y prepara otras para los pr¨®ximos d¨ªas, indic¨® ayer que ha pedido al Juzgado de Instrucci¨®n 8 que tome diversas medidas cautelares, entre ellas el embargo de bienes de los administradores de esa empresa. "He solicitado a la juez que dicte un auto que deje sin efecto la obligaci¨®n de que los perjudicados tengan que seguir pagando las letras a CPV", explic¨®.

Seg¨²n L¨®pez Arias, ninguno de los directivos de la promotora ha respondido a las citaciones judiciale. Por eso, Francisco Javier y Miguel ?ngel Garc¨ªa S¨¢nchez y Miguel ?ngel Morillo est¨¢n en busca y captura desde hace dos d¨ªas.