Una empresa acusada hace dos a?os de timar a 500 familias

El historial judicial de la empresa Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) comienza en febrero de 2000, cuando el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 34 de Madrid conoci¨® una supuesta estafa en la que estaban implicados los tres administradores mancomunados de CPV: los hermanos Francisco y Miguel ?ngel Garc¨ªa S¨¢nchez y Miguel ?ngel Morillo Pozo. Ya entonces, m¨¢s de 500 personas hab¨ªan formalizado contratos de compra de pisos y hab¨ªan dado dinero a cuenta, pese a que esta promotora s¨®lo dispon¨ªa de terreno para 20 viviendas.

El complejo entramado desenmara?ado entonces por el grupo IX de la Brigada de Polic¨ªa Judicial de Madrid rondaba los 3.050 millones de pesetas. Los dos principales implicados en esta supuesta estafa eran Alfredo V. G., de 61 a?os, apoderado de la empresa Flocomvaz, y Adelina E. A., de 51, responsable de la firma Spey-Green. Ambos se hab¨ªan hecho pasar por los propietarios de 25 parcelas en el nuevo barrio de Sanchinarro, con una superficie total de 351.241,6 metros cuadrados, con intenci¨®n de vender estos terrenos a los administradores de CPV.

Fue el secretario del consejo rector de la junta de compensaci¨®n del nuevo barrio el que denunci¨® a la polic¨ªa que la empresa Spey-Green, SL, hab¨ªa vendido a CPV las parcelas citadas. La parte vendedora (Spey-Green) fundamentaba su t¨ªtulo de propiedad en una escritura de permuta con la sociedad Flocomvaz, SL.

La compradora de las parcelas, CPV, ya hab¨ªa abonado a Spey-Green un primer pago de 164 millones de pesetas y hab¨ªa entregado dos cheques por importe de 660 millones de pesetas, que la vendedora no lleg¨® a cobrar.

El denunciante declar¨® ante la polic¨ªa que las parcelas vendidas pertenec¨ªan en realidad a otras empresas inmobiliarias y otras personas distintas, como qued¨® constatado al consultar el Registro de la Propiedad. Spey-Green fundamentaba, falsamente, su propiedad en la firma de las escrituras de compraventa con diversos documentos, como un plano, la tasa de acreditaci¨®n catastral y una declaraci¨®n simplificada de un cambio de uso del terreno. En ning¨²n caso, estos documentos acreditaban que Spey-Green fuera due?a de las parcelas.

Tras la denuncia, la polic¨ªa detuvo a Adelina E. A. y Alfredo V. G. En la misma operaci¨®n fueron arrestados los tres administradores mancomunados de CPV. El motivo fue el mismo que el esc¨¢ndalo desatado en las ¨²ltimas semanas: la formalizaci¨®n de contratos de adquisici¨®n de viviendas con unas 500 personas sin tener los terrenos para edificar las viviendas pertinentes.

Los hermanos Garc¨ªa y Morillo declararon en febrero de 2000 que no vend¨ªan viviendas, sino que ofertaban la posibilidad de adquirirlas, condicionada a la posterior compra de terreno y con el compromiso de construir en el plazo establecido (uno o dos a?os) o, en su defecto, devolver las cantidades entregadas junto con el inter¨¦s legal. A los tres administradores se le imputaron los delitos de falsedad en documento p¨²blico y estafa.