'L'Oca' llega a juicio cuatro a?os despu¨¦s
Empieza la vista por el siniestro de Banyoles, que cost¨® la vida a 21 personas
La declaraci¨®n de los tres acusados en la causa del hundimiento del catamar¨¢n tur¨ªstico L'Oca, que cost¨® la vida a 21 jubilados franceses en aguas del lago de Banyoles el 8 de octubre de 1998, abrir¨¢ hoy un macrojuicio que puede prolongarse tres meses en sesiones de tres d¨ªas por semana. El Juzgado de lo Penal n¨²mero 2 de Girona ha decidido celebrar la vista oral en las dependencias de la Fira de Girona para dar cabida a todos los asistentes y a los numerosos medios de comunicaci¨®n acreditados.
Los propietarios de la embarcaci¨®n, Sim¨® Rodr¨ªguez, de 40 a?os, y Bartomeu Gayol¨¤, de 72, y el ex concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Banyoles Josep Alsina, de 38, se enfrentan a una petici¨®n fiscal de cuatro a?os de prisi¨®n por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y 16 delitos de lesiones. Asimismo, la fiscal¨ªa reclama para los acusados indemnizaciones que ascienden a 1.296.000 euros para los familiares de las v¨ªctimas y los 16 pasajeros lesionados.
El fiscal pide penas de 4 a?os de c¨¢rcel para tres acusados por homicidio imprudente
El juicio se prolongar¨¢ tres meses y s¨®lo se celebrar¨¢n tres sesiones por semana
Seg¨²n el calendario previsto por el tribunal, las declaraciones de los acusados se prolongar¨¢n durante tres d¨ªas. Entre el 11 y el 19 de noviembre declarar¨¢n un total de 68 testigos espa?oles. El 20 de noviembre se iniciar¨¢n las declaraciones de los 90 testigos franceses, aunque no se tiene certeza sobre cu¨¢ntos comparecer¨¢n. La mayor¨ªa de estos testigos son pasajeros de los tres autocares con 141 jubilados de una edad media de 65 a?os que llegaron a Banyoles a las diez de la ma?ana el d¨ªa de siniestro. Todos ellos subieron al catamar¨¢n que acab¨® naufragando cuando zarpaba marcha atr¨¢s.
Restricciones a los medios
El juicio se transmitir¨¢ por videoconferencia a tres sedes judiciales francesas -Rouen, Laval y Saint Giles-Croix de Vie-, a las que podr¨¢n acudir familiares y periodistas franceses. No obstante, por orden expresa de la juez, Elena Mercado, los medios de comunicaci¨®n no podr¨¢n grabar ni emitir sonidos e im¨¢genes de las incidencias de la sala de vistas. S¨®lo se autorizar¨¢ la toma de im¨¢genes durante cinco minutos el primer d¨ªa del juicio, antes de que ¨¦ste se inicie. Estas medidas son habituales en la justicia francesa, pero en la espa?ola dependen del criterio de cada juez. Las medidas restrictivas adoptadas por esta magistrada son muy poco habituales entre los jueces espa?oles, especialmente cuando el caso que se juzga tuvo un gran eco social y teniendo en cuenta, adem¨¢s, que no hay menores implicados, cuya intimidad la ley obliga a proteger.
Los dos propietarios y el ex concejal se declarar¨¢n inocentes de las acusaciones e intentar¨¢n demostrar que no tienen responsabilidad en el naufragio. El fiscal atribuye a Sim¨® Rodr¨ªguez la orden de realizar los burdos agujeros de refrigeraci¨®n en la popa, a escasa distancia de la l¨ªnea de flotaci¨®n, que permitieron la entrada de agua. No obstante, los propietarios se enfrentan a otras acusaciones que tambi¨¦n influyeron en el fatal desenlace: falta de titulaci¨®n para navegar, sobrepeso de pasaje, exceso de bater¨ªas, rotura de los compartimentos estancos de la embarcaci¨®n y colocaci¨®n de asientos sin sujeci¨®n. Por su parte, Josep Alsina se sienta en el banquillo por su cargo de concejal. El fiscal le acusa de infringir el Reglamento de Actividades del Estany, que establec¨ªa revisiones peri¨®dicas de las embarcaciones y exig¨ªa titulaci¨®n a sus patronos. La defensa del consistorio mantendr¨¢ durante el juicio que el control de la navegaci¨®n en el lago era responsabilidad de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, a la que la juez decidi¨® exculpar.
Las indemnizaciones que reclama el fiscal a los acusados fijan una cantidad aproximada de 59.408 euros para los c¨®nyuges de cada v¨ªctima mortal y de 6.601 euros para cada uno de sus hijos. Tanto la empresa de los propietarios de la embarcaci¨®n, La Carpa de l'Estany, SA, como el consistorio ba?olense ten¨ªan contratadas p¨®lizas de seguros cuyo l¨ªmite de responsabilidad est¨¢ fijado en 601.000 euros. Los supervivientes del naufragio no sufrieron lesiones f¨ªsicas de gravedad, aunque s¨ª ps¨ªquicas: fobia al agua, ansiedad, insomnio y s¨ªndrome depresivo.
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