La reforma de la clase de religi¨®n en la Ley de Calidad agrava el conflicto con los docentes

Pol¨¦mica, algunos despidos extravagantes y la misma incertidumbre entre los 18.500 profesores de religi¨®n que prestan sus servicios en la escuela p¨²blica espa?ola. El curso 2002-2003 ha empezado para los docentes de catolicismo como acab¨® el anterior. En C¨¢ceres y Badajoz, dos profesoras pierden sus puestos de trabajo en sendos colegios tras dar a luz. Otra docente es enviada al paro por estar casada s¨®lo por lo civil, esta vez por orden del Obispado de Tenerife. Las profesoras Araceli G¨®mez Ja¨¦n y Nereida D¨ªaz Mederos han perdido su empleo en la di¨®cesis de Canarias a pesar de contar con sentencias judiciales que declararon radicalmente nulos sus despidos. Santiago L¨®pez Ayala y Antonio ?ngel Acosta, de Tenerife, se quedan sin contrato de trabajo por protestar contra el pago del 0,6% de su salario como cuota 'voluntaria' para las arcas de su di¨®cesis y por hacer campa?a en favor de una llamada Asociaci¨®n de Profesores de Religi¨®n de Canarias.

Los representantes sindicales de estos docentes hacen el recuento de decenas de casos semejantes en toda Espa?a y pronostican ya otra oleada de nuevas sentencias judiciales, casi siempre contradictorias. S¨®lo durante el curso pasado y ¨²nicamente en Canarias los tribunales emitieron una docena de esos fallos judiciales, con tal contundencia en algunos casos que el propio Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad aut¨®noma decidi¨® finalmente plantear una cuesti¨®n de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que ya ha admitido a tr¨¢mite ese recurso, uno m¨¢s de los que ya obran en su poder. La iniciativa del Tribunal Superior canario se produjo tras estudiar a fondo el caso de la profesora Mar¨ªa del Carmen Galayo, desalojada de su empleo por la autoridad eclesi¨¢stica 'porque manten¨ªa una relaci¨®n afectiva con un hombre distinto a su esposo, del que se hab¨ªa separado'.

El pacto de 1998

Los magistrados consideran lesionados derechos fundamentales de esa docente, como el principio de igualdad y de no discriminaci¨®n por raz¨®n de estado civil y el derecho a la intimidad personal, y quieren que sea el Tribunal Constitucional quien determine de una vez si los acuerdos firmados en 1979 entre Espa?a y el Estado del Vaticano sobre la ense?anza de la religi¨®n en la escuela p¨²blica espa?ola amparan esas actuaciones de los obispos, que son los ¨²nicos responsables de seleccionar a los docentes que deben impartir, pagados por el Estado, las clases de catolicismo en la escuela p¨²blica.

El acuerdo entre Espa?a y el Vaticano 'sobre ense?anza y asuntos culturales' se firm¨® en Roma el 3 de enero de 1979 y obliga al Estado a ofrecer clases de religi¨®n cat¨®lica 'en todos los centros de educaci¨®n'. 'La ense?anza religiosa ser¨¢ impartida por las personas que, para cada a?o escolar, sean designadas por la autoridad acad¨¦mica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esas ense?anzas', dice el art¨ªculo III de esos acuerdos.

Durante a?os, bajo los gobiernos de la UCD y el PSOE, el Estado entregaba a la jerarqu¨ªa cat¨®lica, como empleadora de esos docentes, los fondos econ¨®micos necesarios para satisfacer sus salarios, pero en el curso 1998-1999, siendo ministro de Educaci¨®n Mariano Rajoy, actual vicepresidente primero del Gobierno, se llevaron a cabo cambios esenciales en la configuraci¨®n del estatuto jur¨ªdico econ¨®mico-administrativo del citado profesorado. As¨ª, el Estado se convirti¨® en contratador y pagador de los docentes -en definitiva, en su empleador-, pero cada prelado manten¨ªa la prerrogativa de seleccionarlos y declarar su idoneidad por anualidades.

Desde entonces, no han parado de sucederse las reclamaciones judiciales por despidos improcedentes acordados por el Estado, el empleador, por mandato de un obispo, en su papel de seleccionador. Y aunque el asunto ha sido objeto de gran pol¨¦mica, tanto en el campo judicial como en el parlamentario, la Ley de Calidad aprobada la semana pasada en el Congreso eleva a definitivo ese sistema de contrataci¨®n laboral 'de duraci¨®n determinada'. Lo hace en la Disposici¨®n Adicional Segunda del texto legal que, adem¨¢s, regula un modelo de clase de religi¨®n con su clase alternativa correspondiente, 'ambas opciones de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas', dice el nuevo texto legal.